Para la integración del asentamiento, se extirparán seis hectáreas a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Organismos ambientalistas y legisladores opositores creen que se trata de una maniobra para pot...

Para la integración del asentamiento, se extirparán seis hectáreas a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Organismos ambientalistas y legisladores opositores creen que se trata de una maniobra para potenciar el desarrollo inmobiliario en una zona muy cotizada.

Que uno de los principales lineamientos de Horacio Rodríguez Larreta, en su función de Jefe de Gobierno, pasa por hacer gala de la integración social, no es novedad. Desde el vamos, la urbanización de zonas de emergencia resultó un ítem clave en la estructura política del mandamás porteño: mostrar una visible faceta social y de acercamiento a los sectores más necesitados. Pero las dudas emergen cuando, en casos puntuales, los proyectos de modernización de villas esconden algo más.

El asentamiento Rodrigo Bueno, estancado en el seno de Puerto Madero, hace rato que pide a gritos ser urbanizado. Allí, según datos del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), se nuclean cerca de mil familias en casi 600 viviendas. Después de mil y una idas y venidas, Larreta accedió a llevar adelante la urbanización y, para ello, se le arrebatará una buena fracción de terreno a la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS).

En el Observatorio del Derecho a la Ciudad ya abren el paraguas. Advierten que la movida del Ejecutivo, sutil y efectiva, podría derivar en una fuerte embestida del sector inmobiliario. La ecuación es sencilla, y el abogado ambientalista miembro del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, la explicó con claridad: “Las personas tendrán que pagar los créditos del IVC para acceder a una nueva vivienda, y muchos podrían endeudarse. Eso desemboca en que el empresariado pueda ejercer una fuerte presión sobre los vecinos, que les compre los terrenos a las familias, y que se quede con un espacio vital para desarrollar emprendimientos. Básicamente, tierras públicas serán mercantilizadas”, indicó.

Para el legislador porteño del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, el posible auge del sector inmobiliario en la zona “es un problema sin solución”. “Los que adquirirán esos títulos de propiedad son gente adulta; es decir, tienen derecho a organizar su vida. Si alguno vende, no hay forma de evitarlo”, sostuvo Camps en diálogo con Qué, y agregó: “Una solución sería generar una propiedad colectiva de todo el barrio, en la que nadie pueda vender. Ese sistema existe, por ejemplo, cuando hay que defender a comunidades de pueblos originarios”.

En esa misma línea, Baldiviezo dijo que “hay varios mecanismos que impiden la venta de los suelos, como que se otorgue a las personas sólo la propiedad de lo construido, de manera tal que, si una empresa quiere acceder a las tierras, tendrá que negociar directamente con el Estado”.

Pero esa alternativa no se halla enmarcada en la Ley 5.798, cuya segunda lectura se aprobó en marzo en el recinto capitalino, y que destina hasta 6 hectáreas de la RECS para emprender la urbanización de la villa Rodrigo Bueno. El doble de lo que se establecía en la primera lectura, aprobada en el ocaso de 2016. ¿La causa? Falta de suelo para desarrollar el proyecto.

En distintos encuentros que el Gobierno porteño mantuvo con diversos sectores sociales, se instó al Ejecutivo a establecer garantías y herramientas que protejan los suelos, pero siempre hubo una negativa rotunda a aceptar esas condiciones. La consigna de Rodríguez Larreta fue clara y elocuente: la Rodrigo Bueno se urbaniza de esta forma; si no, no.

La RECS, que consta de 350 hectáreas, se cuidó entre algodones durante mucho tiempo. Cuando empezaron los primeros debates sobre la urbanización del barrio Rodrigo Bueno, siempre se priorizaba mantener intacto ese pulmón natural. En 2016, Larreta efectuó un importante giro y cambió su postura. ¿La justificación? Hacer una excepción por el bien de los vecinos. Pero fuentes de la oposición esgrimen otra lectura. “Se sabía que la Justicia iba a efectuar sentencia a favor de la urbanización del barrio. Larreta se adelantó. Es preferible mostrarse como los que garantizan este derecho a urbanizarse que sucumbir en una derrota judicial. Se dieron cuenta de que ese barrio histórico no iba a poder ser desalojado”, precisó una fuente del Observatorio.

Mientras, del otro lado del perímetro del barrio, se despliegan 70 hectáreas vacías (lo que era la Ciudad Deportiva de Boca), listas para que IRSA (dueña del predio) levante su viejo proyecto Solares de Santa María que, con una inversión de mil millones de dólares, implica la construcción de un barrio de élite, con torres, centros comerciales, hoteles, oficinas y demás.

“¿Por qué, en vez de extirpar terreno de la RECS, el Gobierno no implementa una acción de expropiación de los terrenos de IRSA?”, se preguntan desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Para Camps, la respuesta se cae de madura. “No nos engañemos. El cambio de política del Gobierno en cuanto a la Rodrigo Bue-no está ligado a IRSA”, sentenció.

Solares de Santa María nunca salió triunfal de la Legislatura porteña. Los diputados se niegan a debatir un megaemprendimiento inmobiliario planeado para erigirse al lado de una villa de emergencia que reclama ser urbanizada desde antaño. “Es inaceptable. Primero, lo primero”, apuntaron fuentes legislativas. Es decir, el primer paso para que IRSA logre su cometido es avanzar con la integración de la Rodrigo Bueno.

“La solución que se encontró es razonable dentro de las condiciones políticas en las que se mueve la Ciudad. Si gobernáramos nosotros, avanzaríamos en la dirección de expropiar los terrenos de IRSA”, dijo Camps.
De todas maneras, al parecer, Rodríguez Larreta no está nada convencido de ello, y ya puso en jaque más terrenos públicos.

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