El presidente de Boca Juniors y vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Daniel “Tano” Angelici, es un reconocido operador judicial del macrismo que en más de una ocasión sacó un conejo de la galera para poder hacer que el entonces jefe de Gobierno y ahora Presidente, Mauricio Macri, pudiera tener algunas buenas noticias desde el Poder Judicial.
De pocas palabras -porque acepta que sus raíces italianas le juegan una mala pasada a la hora de expresarse-, tanto de manera pública como privada suele jactarse de que es un “hombre de opciones”. Apasionado por la estrategia, procura tener variantes en todos los aspectos del juego. En el club de la Ribera, eso se traduce en comprar de forma compulsiva jugadores para reforzar el plantel, aun cuando el director técnico no se los pida.
Cuando se centraba en la Justicia porteña le recomendó a Macri y al entonces jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, duplicar la cantidad de juzgados, para evitar así que las causas cayeran en jueces críticos de la gestión; mientras que en paralelo aceitó el fa-moso mecanismo en el cual todas las causas que llegan a la segunda o tercera instancias tienen un desenlace favorable para el oficialismo.
Pero en el abanico de opciones incluyó también a la Justicia Nacional y a la Federal; y en pocas causas se pudo ver tanto su toque como en la de Beara. La jueza a cargo de la investigación acaba de procesar a los efectivos de la Policía Federal que habrían cobrado coimas para evitar que se realizaran inspecciones por parte de la brigada.
En septiembre de 2010, después de un recital del grupo Ráfaga, el entrepiso del boliche cedió, cayó y ocasionó la muerte de dos mujeres que estaban en el lugar. Las primeras pericias e investigaciones determinaron que el entrepiso no tendría que haber estado habilitado, debido a que los planos presentaban cifras que eran de imposible cumplimiento por las medidas y capacidad del espacio. Las víctimas, Ariana Lizarraga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, fallecieron en el acto.
En ese sentido, los primeros peritajes fueron contundentes, por lo que se apuntó a los funcionarios porteños que dejaron pasar esa situación anómala. Entre ellos, el exdirector de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, hijo de un reconocido camarista vinculado a Boca.
La causa recayó en la fiscalía 14, a cargo de Andrés Madrea, y el juzgado de Instrucción 48, comandado por entonces por la magistrada Alicia Iermini. De los primeros allanamientos se recuperó el material en donde los dueños de la sociedad “El Viejo Sabio”, que explota el complejo Beara y el lindero Caramel, admitían el pago de coimas a los funcionarios de la administración macrista. Sin embargo, la magistrada sobreseyó a todos en el 2012.
Un fallo de la Cámara del Crimen criticando el accionar de primera instancia hizo que Iermini tuviera que citar a indagatoria a todos los involucrados nuevamente, cosa que hizo en 2014. Pero, ante la negativa de procesar a los exfuncionarios, recibió un nuevo tirón de orejas de la Cámara. Con las elecciones presidenciales llegó el auto de procesamiento contra Farrell y otros.
Cuando parecía que Angelici perdía su toque, y que la causa avanzaba por los carriles normales, la dilatación de la elevación a juicio fue una nueva señal. Sin embargo hubo un movimiento poco esperado. Iermini, que ya había quedado en el ojo de la tormenta por su participación en el caso Bulacio, se jubiló. En su reemplazo asumió María Dolores Fontova de Pombo, y hubo un quiebre. “Sabía que Madrea realizó una investigación muy precisa, por lo que le habilitó todo lo que le pedía”, expresó una fuente con acceso al expediente.
Ante este escenario nuevo, Angelici sacó un viejo truco de la galera, uno que usó en la Ciudad: la instancia superior. La causa por el derrumbe de Beara cayó luego de su elevación a juicio en el Tribunal Oral en lo Correccional (TOC) 7, integrado por los magistrados Gabriel Vega, Alejandro Becerra y Gustavo Rofrano. Se trata de uno de los tribunales que fueron propuestos por Cambiemos en el Consejo de la Magistratura nacional para convertirse en Tribunal Oral Federal (TOF) en Comodoro Py, para así agilizar los juicios en las causas que se encuentran en dicho fuero.
Vega es un juez que Cambiemos ya había colocado como subrogante en el TOF 1, que lleva adelante el juicio contra la expresidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa de dólar futuro. Su designación en dicho tribunal fue para compensar que los otros dos integrantes perte-necen a la agrupación kirchnerista “Justicia Legítima”. Se trata de José Antonio Michilini y Adrián Grümberg.
Becerra también había pasado a ser integrante de un TOF, el 10 precisamente, que era el encargado de juzgar a la expresidenta por traición a la Patria y al nuevamente procesado por lavado de dinero, Lázaro Báez. Pero la Corte dejó sin efecto su pase. Tanto Vega como él no fueron reemplazados ni subrogados en los TOC en los que se encuentran. Para las nuevas causas se deja de tomarlos en el sorteo, pero las viejas quedan paralizadas. Entre esas se encuentra el juicio por la tragedia de Beara.
La relación entre Angelici y el fiscal oral de la causa, Oscar Ciruzzi, es aún mayor. Ciruzzi, quien preside el Tribunal Disciplinario de Boca Juniors, es apuntado en los pasillos de la Justicia como uno de los que buscarían dilatar la causa. “No es mala persona, pero siempre fue pícaro, y está la sensación de que algo ocurrirá”, sostuvo una calificada fuente judicial.
Después del procesamiento de los policías, la semana pasada, habrá que ver si el Tribunal que lleva adelante la causa agregará al juicio en proceso a los exfuncionarios o si se tendrá que hacer un nuevo juicio para esa parte de la causa, que es lo que la jueza Fontova de Pombo y el fiscal Madrea quieren evitar. Habrá que esperar para saber si hay más trucos en la galera.
Ocho años después se cerró el círculo
Los registros de los entrecruzamientos de llamadas entre los jefes policiales y los miembros de “El Viejo Sabio” permitieron que la Justicia pudiera comprobar el sistema de pago de coimas que estaban descriptas en los documentos de los empresarios. Fueron cientos de conversaciones registradas entre 2007 y 2010.
Rodríguez Simón ganó una pulseada
El recambio en la presidencia de la Corte Suprema significó una dura derrota para Daniel Angelici a manos de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. El primero quería que fuera Horacio Rosatti el nuevo presidente, mientras que el segundo postuló a Carlos Rosenkrantz. Finalmente ganó “Pepín”, con el aval de la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió. Se trató del primer revés judicial del año para el presidente de Boca y la hasta ahora derrota más dura contra el ala “del Newman” de la mesa jurídica de Cambiemos. Para Rodríguez, Simón fue una victoria doble, porque no sólo marcó la cancha al más alto nivel judicial, sino que se anotó un poroto en la relación Casa Rosada-Corte.
El pliego de Farrell que no pasó
Luego de su renuncia, el exdirector de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, ocupó un cargo en la Procuración de la Ciudad. Amparado en la figura de Angelici y la negociación que cerró con el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos, fue propuesto para ocupar un juzgado porteño, pero el pliego fue rechazado de forma unánime (46 votos en contra y 0 a favor) en la Legislatura, aun cuando la sesión fue el mismo día y hora en la que Argentina enfrentó a Nigeria por el Mundial de Brasil 2014.
Cuando nada cambia en la noche
Tal como publicó Qué oportunamente, un informe de la Auditoría General de la Ciudad reveló que aun con la tragedia de Beara no cambiaron las prácticas de habilitación de locales bailables durante la gestión del PRO. Había sido una promesa de campaña como consecuencia de Cromañón. Incluso la forma en la que los dueños de “El Viejo Sabio” lograron eludir ser un Local Bailable Clase C sigue funcionando en la Ciudad. Y hasta hay eventos que son habilitados a escasas horas de realizarse, lo que hace casi imposible clausurarlos, por la dificultad para devolver las entradas.
La reincidencia de Mustapich
El inspector Gabriel Mustapich no sólo es uno de los funcionarios apuntados por la tragedia de Beara, sino que además es el único de ellos que ya tiene una condena firme, e incluso se encontraba siendo juzgado por otra causa muy similar. Él y la inspectora Nora Nigro fueron los que pusieron la firma para habilitar la pileta del club All Boys en la que, en 2001, falleció ahogada Florencia Möller Rombolá, una nena de nueve años. Mustapich fue sentenciado a una pena de dos años de prisión, más la inhabilitación por cuatro años por falsedad ideológica.
LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #206 DE REVISTA QUÉ
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