La reforma educativa, mejor conocida como la “Secundaria del Futuro”, que el Gobierno porteño implementará a partir de este año, quedó en jaque luego de un recurso de amparo que obligó al ministerio de Educación capitalino a brindar información sobre los cambios que se llevarán a cabo en el sistema educativo de la Ciudad.
Para sorpresa de la cartera que conduce María Soledad Acuña, la asesora tutelar de primera instancia, Mabel López Oliva, y el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, presentaron a la jueza Cecilia Molica Lourido un exhaustivo documento, al que tuvo acceso exclusivo Revista Qué, donde se analiza la información suministrada por el Poder Ejecutivo porteño respecto de la reforma educativa, que se aplicará en el primer año de 19 escuelas estatales de nivel medio, y en 10 establecimientos privados durante el presente ciclo lectivo.
En el documento presentado por los asesores tutelares, se destaca la razonabilidad de los pedidos de los estudiantes secundarios, al demostrarse que, al momento del inicio del amparo judicial, en medio de las tomas pacíficas de las escuelas (en septiembre del 2017), la información suministrada por el ministerio de Educación “no era veraz, completa, adecuada ni dada en tiempo oportuno”.
En diálogo con Qué, Gustavo Moreno señaló que la principal falencia de la “Secundaria del Futuro” es “la poca legalidad o la casi ilegalidad de la reforma, ya que existe la ley 33, que es del año 1998, y que en su artículo 1° explica que toda modificación de cualquier plan de estudio debe tener un acto administrativo fundado; es decir, que debe tener una resolución, y la misma no existe en la ‘Secundaria del Futuro’. No hay ninguna resolución de la ministra Soledad Acuña que apruebe la reforma educativa”.
Uno de los temas que generaron polémica y disgusto en la comunidad educativa a mediados del año pasado, cuando Horacio Rodríguez Larreta anunció que se realizarían cambios en el sistema educativo, fue la implementación de prácticas profesionales obligatorias que llevó a que los estudiantes secundarios tomaran alrededor de 30 escuelas en contra de una medida que el Gobierno estimaba “necesaria”, y para exigir que se les brindara información al respecto. Moreno remarcó que “la ley 3.541 expresa que las prácticas educativas son voluntarias, y el Gobierno quiere que sean obligatorias, por lo cual es necesario que pase por la Legislatura, dado que una ley se modifica con otra ley, y no es atribución del Ejecutivo, sino de los representantes del pueblo en la Legislatura porteña”.
Entre otras falencias, el informe denota las contradicciones propias de la autoridad educativa con relación a la información suministrada, el sistema de evaluación, y la definición de la obligatoriedad de las prácticas educativas de los estudiantes que cursen el último año escolar. Asimismo, resalta la ausencia de un mecanismo de participación para el debate de la reforma por parte de los estudiantes.
“Lo que vemos es que la información es muy contradictoria y que nunca se llevó a cabo un debate”, afirmó Moreno, autor del documento, y agregó: “Nosotros esperamos que el Gobierno de la Ciudad recapacite y llame a audiencias públicas, en donde puedan participar los docentes, padres y estudiantes, ya que nunca hubo un mecanismo de participación ciudadana como marca la ley”.
Según pudo saber este medio, la convocatoria por parte del Ejecutivo para que los estudiantes participaran de las reuniones fue a través de WhatsApp y por correo electrónico, de manera arbitraria, ya que el informe afirma que, de las 19 escuelas en las que se implementará la reforma, sólo participaron siete centros de estudiantes.
“Es totalmente irregular y defectuosa la forma de convocar a los estudiantes por parte del ministerio”, dijo Moreno. Cabe recordar que las audiencias solamente tuvieron dos horas de duración. “En dos horas no se puede opinar sobre una reforma educativa, es un tiempo muy acotado para darles información a los chicos y que ellos tuvieran que hacer una devolución en el mismo acto”, sentenció el magistrado.
Finalmente, los magistrados del ministerio Público Tutelar requirieron que la información se completara con el listado de las 10 escuelas privadas en las cuales se implementará la reforma (información que fue negada expresamente por el ministerio de Educación), el informe de relevamiento de la infraestructura de los edificios y de los recursos de las 19 escuelas estatales en las que también se implementará la reforma educativa, y la identificación del presupuesto invertido y a invertirse.
En ese marco, el expediente detalla que la cartera que conduce Acuña tenía tiempo de brindar la información pendiente durante la primera semana de febrero del corriente. Sin embargo, desde el ministerio Público Tutelar de la Ciudad, se comunicaron con este medio para afirmar que “se cumplió el lapso para la entrega de información pública por parte del ministerio de Educación, pero que, desde el Ejecutivo, no llegó ningún tipo de información”.
LA NOTA COMPLETA, EN LA EDICIÓN #175 DE REVISTA QUÉ
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