Argentina
Lunes, 6 mayo 2024
PROTOCOLO "ANTI-TOMAS"
19 de febrero de 2018

Diputados de Unidad Ciudadana pidieron informes a la ministra Soledad Acuña

Mediante una carta el bloque de diputados porteños de Unidad Ciudadana, le solicitó a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que les brinde información precisa sobre el protocolo antitomas de colegios que ideó el Gobierno de la Ciudad. Los legisladores advirtieron que el Gobierno de Larreta desoye la resolución judicial de la jueza de primera Instancia, Elena Liberatori, donde resolvió que "las tomas de colegios no constituyen delito". 

Diputados de Unidad Ciudadana pidieron informes a la ministra Soledad Acuña - Revista Que
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Según pudo conocerse, la oposición de la Legislatura reconoció la preocupación luego de que el Ejecutivo de la Ciudad difundiera en diversos medios de comunicación un protocolo de actuación con mecanismos punitivos para las familias de los estudiantes que a modo de reclamo, tomen un colegio. Según el articulado elaborado por el Ministerio de Educación porteño, se establece que se deben "labrar actas con registro fotográfico del estado del patrimonio del establecimiento, al inicio y finalización de la toma, que deberán ser elevadas jerárquicamente a la máxima autoridad del Ministerio de Educación" y de esta manera evaluar los posibles daños causados y responsabilizar los padres o responsables de los chicos.

Frente a esta situación, los legisladores redactaron una carta destinada a la ministra Acuña recordándole el fallo de la jueza Liberatori, quien además de resolver la no constitución de un delito frente a una toma, dejó sin efecto el protocolo que el gobierno porteño había difundido a las escuelas para determinar qué posición debía tomar un directivo en esos casos.

La carta sostiene "Teniendo en cuenta que en el año 2017 el Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario N°4 a cargo de la señora Jueza Elena Liberatori determinó que las tomas de colegio no constituían un delito y dejó sin efecto el protocolo que el gobierno porteño había difundido a las escuelas para determinar qué posición debía tomar un directivo en esos casos, asistimos con mucha preocupación a este nuevo anuncio, del pasado 15 de febrero, en relación con las acciones legales que el gobierno de la Ciudad pretende tomar contra las familias de los estudiantes que sean señalados por sus docentes como partícipes de una toma"

Por último, los diputados, también enumeraron sendas resoluciones judiciales y le pidieron al Gobierno de CABA que "no las siga ignorando".  "Queremos que las responsabilidades por las tomas queden claras", dijo la ministra en una nota al diario La Nación. Afortunadamente, a quienes suscribimos nos asiste el mismo deseo. Por tal razón, como cuerpo legislativo mandatado por el voto popular, exigimos contar con toda la información pertinente acerca del protocolo anunciado en los medios de comunicación", finalizaron.

Al respecto, la diputada Lorena Pokoik señaló: "El Gobierno que se dice ‘el gobierno del diálogo’ destina recursos punitivos en vez de resolver los conflictos. Con este protocolo lo único que pretenden es amedrentar y disciplinar a los estudiantes, a los padres y a toda la comunidad educativa".

La legisladora porteña Paula Penacca también se refirió al tema: " Resulta muy preocupante que la Ministra Acuña persista en esta actitud de falta de diálogo y de comunicación con la comunidad educativa. Desde el año pasado se suceden anuncios en los medios de comunicación como la Secundaria del Futuro y la UniCABA, que tienen un fuerte impacto en la vida escolar de familias, estudiantes y docentes. No existe información oficial y la comunidad se entera con todo resuelto a través de los diarios, cuando tienen todo el derecho de participar y definir lo que pasa en las escuelas y el sistema educativo”.

Además agregó Penacca: “Ya tuvimos la experiencia el año pasado con un protocolo que el ministerio negó haber enviado pero que llegó por correo electrónico desde allí a los directores. La justicia lo dejó sin efecto afirmando que la toma de escuelas no constituye un delito pero la ministra insiste en llevar adelante medidas con un claro sesgo punitivista y antidemocrático”.

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