El traspaso de la totalidad de la Justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad, uno de los objetivos que tiene el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evidenciará durante este año un freno, hasta nuevo aviso, por parte de las autoridades políticas, según le adelantaron a Qué altas fuentes oficiales.
Todo esto como consecuencia de las filtraciones del presu-puesto y los gastos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, presidido por Marcela Basterra, entre lo que se destacó el pago a conocidos actores para la realización de simulacros de juicios por jurados. Varios de los consejeros consultados nega-ron dicha situación y remarcaron que las charlas en el Congreso tendrán una fuerte re-activación después del mundial de fútbol. La misma respuesta esgrimió el Go-bierno porteño.
Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional, remarcaron que, por ahora, la cuestión tendrá un pequeño impasse, y que la estrategia será avanzar con la implementación de las competencias que asumió la Justicia porteña a partir del 1° de marzo, y que se completarán en noviembre.
Mientras tanto, en la Asociación de Magistrados, consultada por este me-dio, remarcaron su rechazo al traspaso tal y como lo hicieron en anteriores ocasiones. “La Asociación tiene una postura institucional contundente en contra del traspaso, que se ha manifestado desde la génesis del tema. Fuimos los que más fuertemente nos opusimos, y en más de una oportunidad explicamos nuestros fundamentos”, indicaron. Uno de ellos, por ejem-plo, según afirman en la asociación, es la facilidad con la que podría expulsar jueces el Consejo de la Magistratura.
En los pasillos del Consejo todavía dura el enojo por el silencio impuesto “por personas de más arriba” ante las críticas por los gastos. Una de las defensas que sostuvieron fue que el gasto se debe justamente a la creación de la es-tructura necesaria para el traspaso final, algo que ahora cuenta con una me-jor vista por parte del gremio de judiciales, pero no todavía de la Asociación de Magistrados.
Si bien, en el Consejo porteño, nega-ron la posibilidad de que se frene por un tiempo el traspaso, sí remarcaron que, ahora, las negociaciones tendrán otros actores involucrados que antes no estaban en la mesa. “Nos guste o no, ahora hay que volver a construir consensos de cero, y con algunos actores que no teníamos pensado convocar, básicamente”, afirmaron desde el organismo. Uno de los nuevos invitados a la mesa será el Colegio Público de Abogados de la Ciudad, que comanda Jorge Rizzo.
Mientras aguardan por la reactivación del traspaso, en la Ciudad ya firmaron todas las resoluciones necesarias para que, desde el 1° de marzo, fueran traspa-sadas las competencias sobre 32 delitos, correspondientes al tercer convenio de transferencia aprobado por la Legislatu-ra en noviembre, tal y como publicó este medio. Los tres restantes delitos por traspasar, narcomenudeo, tenencia de estupefacientes y lesiones, harán lo mis-mo, pero a partir de septiembre de este año.
Ese convenio tiene que ser ratificado por el plenario del Consejo de la Magistratura, algo que sucederá en el transcurso de este mes, en un encuentro convocado de forma especial.
“La cuestión del Consejo, aunque estaba previsto el ajuste del 20 %, hizo que el traspaso se frenara un poco hasta nuevo aviso. Hay que esperar a que bajen las aguas. Lo vamos a sacar sí o sí, no es que se canceló, sino que se va a dar un poco de aire”, afirmó una alta fuente oficial. En la Rosada son cautelosos por el papel que pueden llegan a tener, de querer tratar el traspaso de forma urgente; no solo los gremios, sino también la Asociación de Magistrados, que desde el principio se declaró en contra el proceso y consiguió, a fines de 2016, con el aval de varios senadores peronistas, que Garavano planchara la iniciativa.
Otro de los factores determinantes por los que se demoró el traspaso en 2017, además de ser un año electoral, fue el fallecimiento del expresidente del Consejo porteño, Enzo Pagani, quien junto con el ahora diputado nacional y ex subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enriquez, y el legislador y presidente de la comisión de Justicia, Daniel Presti, eran los encargados de negociar en nombre de la Ciudad en el Congreso.
“Las noticias sobre el Consejo que se publicaron en las últimas semanas no tienen ninguna incidencia respecto del proceso de transferencia. Este constituye, en primer lugar, un mandato constitucio-nal. En segundo término, dicho mandato ha sido asumido como política de Estado por todos los órganos de la Ciudad de Buenos Aires y por todas las expresiones políticas porteñas”, afirmó Enríquez.
La Corte Suprema de Justicia también volvió a expedirse sobre esta cues-tión en febrero, cuando en los considerandos, en una denuncia contra la distribuidora de energía Edesur, remarcó que “la Constitución Federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía; no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio”.
En la Ciudad y en la Nación consideran que el traspaso es para que el por-teño equipare sus derechos con respecto a otros ciudadanos de otras provincias. “Un senador de Mendoza elige al juez que va a impartir Justicia a los porteños. La población de la Ciudad tie-ne menos derechos con este sistema”, sostienen fuentes gubernamentales, que además remarcan que, por la inversión en tecnología, las causas en la Ciudad, también por el sistema acusatorio, tienen una duración promedio de dos años, contra los diez años de la Justicia nacional. No obstante, para que la Ciudad se quede con la estructura judicial completa, falta un rato, y habría que esperar más de la cuenta. Una señal es que Macri, por ahora, no volvió a expedirse sobre el traspaso. |
