Pichetto quiere que el traspaso sea sin recursos por lo que encendió todas las alarmas

La intención del peronismo en el Senado de pasar el control de Aysa (agua potable), Edenor y Edesur (Electricidad) a la órbita de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires trajo aperejada una faceta que no se conocía: no será con los recursos para pagar el último tramo de los subsidios.

Así lo pudo saber este medio de altas fuentes oficiales. La intención del líder de la bancada del peronismo en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, es avanzar con el traspaso del control de las tres empresas mencionadas sin los recursos necesarios para pagar el último tramo de los subsidos a las tarifas.

Si bien la cifra total de cuánto se le abona a dichas distribuidoras, o mejor dicho, cuánto tendría que pagarseles el año que viene, todavía no se calculó aún, lo cierto es que ni las arcas porteñas, ni mucho menos las bonaerenses, estarían en condiciones de afrontarlo. Según las estimaciones que realizó el ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, para el principio de 2019 cerca del 80% de la tarifa y estará paga por los usuarios y sólo el 20% será de subsidios.

Ese tema fue uno de los centrales durante el Gabinete Ampliado de Ciudad en donde el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, el peñista Alejandro Ameijenda, escuchó antetamente lo que otros funcionarios del Ejecutivo analizaban sobre el tema. "Hay muchas dudas sobre la parte operativa, por su difícil implementación", fue reflaxión final sobre el tema. 

Mientras tanto, en la provincia recién comenzaron a debatir internamente la factibilidad de dicha cuestión. Es que en el último tiempo el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, realizó una fuerte inversión en el organismo provincial encargado del control de las distribuidoras de energía. Pero la cuestión de fondos son los subsidios.

La idea de Pichetto es que de esa forma, con el traspaso del control y de los subdisios, la Nación no sea la única que deba ajustar y le pase un poco del sufrimiento a dos provincias. No obstante también él tendrá que ver cómo hace para sortear un pequeño escollo. La ley Cafiero impide que los traspasos de competencias y estructuras sean sin los recursos necesarios en la Ciudad.