El ajuste en el Presupuesto 2019, que busca llevar adelante el pre-sidente Mauricio Macri, tiene su obvio impacto en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, espera a que llegue el 16 de septiembre, fecha en la que la administración nacional envía al Congreso la ley de leyes, para terminar de hacer el punteo necesario y así mandar el propio a la Legislatura.
A diferencia de años anteriores, Larreta aún no tiene la precisión sobre la cantidad de recursos que recibirá por parte de la Casa Rosada. La única certeza es que tendrá recortes, por lo que algunos proyectos que pensó entrarán en la lista de espera.
Las conversaciones y negociaciones que lleva adelante el mi-nistro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, con el resto de los titulares de las carteras de Economía de las otras provincias tienen mucho que ver con el modo del ajuste. Los ministros son los que, por orden de Nación, deberán acordar cómo absorberán los $100.000 millones que les tocará recortar a las provincias. Cuando el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Nicolás Dujovne, y su par de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, llegaron a un acuerdo para la reducción del déficit con los gobernadores, esbozaron un esquema: de $300.000 millones proyectados para recortar, las provincias tendrán que hacerse cargo de un tercio.
Mura, en conjunto con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, propuso la semana pasada, en las reuniones de funcionarios, que ese monto sea distribuido de acuerdo a lo que reciben de coparticipación y no sobre lo que aportan, que es lo que proponen otros. Esto quiere decir que la Ciudad, de mínima, tendría que armar su Presupuesto restando poco más de $7.000 millones, correspondientes al 7% que recibe de transferencias de coparticipación.
A esa cifra hay que su-marle los $2.000 millones compartidos con la provincia de Buenos Aires por las transferencias de la tarifa social de Aysa, Edenor y Edesur. Sin embargo, no queda ahí el cálculo, dado que existe también la intención de mudar a la órbita de ambas jurisdicciones los subsidios al transporte, algo no confirmado hasta ahora, ya que “se envió el gasto que se debía por los otros servicios públicos”, explicaron cerca del alcalde porteño. De suceder eso se sumarían otros $11.500 millones, pero también compartidos.
Todas estas cuestiones hacen suponer a las autoridades porte-ñas que el Presupuesto que enviarán a la Legislatura tiene que estar pensado sobre la base de un recorte de recursos cercano a los $10.000 millones, pero que podría ser mucho mayor si se cambia el escenario.
La primera medida que manejan de forma preventiva en Uspallata es la baja del porcentaje destinado al gasto de capital, es decir, obra pública. En las cuentas actuales de la Ciudad, como sucedió en las de 2016 y 2017, hay un 30% del Presupuesto destinado a dicho rubro.
Ese porcentaje, a su vez, se financia con ingresos propios, puesto que casi no hay obras de la Nación en territorio porteño (el soterramiento del Sarmiento, cuya tuneladora recién ingresó la semana pasada en los límites de la Ciudad, es la única). En los planes oficiales se baraja reducir la inversión en obras a un 20% del Presupuesto 2019. “No se va a sentir, está la Ciudad llena de obras, incluso nos insultan los vecinos por eso. Por un tiempo, hasta que se calme todo, el tope va a ser del 20%”, explicaron fuentes gubernamentales.“Con esa opción quedamos en un margen alto y sostenible, pe-ro con la posibilidad de rever-lo si cambia alguna variable”, agregaron.
Esa medida, a su vez, trae aparejada una restricción para la búsqueda de financiamiento externo para grandes obras, como, por ejemplo, la línea F de la red de subterráneos, que Rodríguez Larreta quería comenzar a construir a la mitad de su segundo mandato; en caso de ser reelecto el año que viene, claro. “Se va a ir a buscar crédito solo si las tasas son favorables. Son obras que salen cerca de $3.000 millones, y a este monto te podés endeudar a un 5% como máximo, no a 8 o 9 %, como nos pedirían, de mínima, ahora”, agregaron en Uspallata.
Es por eso que recién cuando se termine de procesar el Presupuesto na-cional comenzarán las reuniones en la Ciudad por la viabilidad de los planes de obra para iniciar en 2019. “Obra en curso, no se corta, sino que se analizan cuáles se van a arrancar desde cero”, se encargaron de reafirmar desde el entorno del jefe de Gobierno.
La obra pública es, hasta ahora, la única preocupación por el gasto, ya que el resto del Presupuesto estará en los valores históricos. Pero recortar 10 puntos porcentuales en obras no resulta suficiente para poder hacerles frente a los $10.000 millones, de mínima, que tendrá que costear el erario porteño.
Otra parte del ahorro vendría mediante la reducción progresiva del monto que se destina a subsidiar la tarifa del subte. Hoy son cerca de $4.000 millones anuales, un 40% de lo que estiman que tendrán que recortar. En algunos despachos de la Ciudad avanza con fuerza la idea de una nueva licitación de la red subterránea, con una mayor reducción de los recursos del Es-tado en la prestación de dicho servicio pa-ra mantener el pasaje bajo.
Si se consigue materializar ese ahorro, hay quienes calculan que podría volver a subir al 30% la inversión de obra pública. Pero todavía resta saber cómo quedarán las negociaciones en Nación para ver así de qué manera van a ser distribuidos los $100.000 millones. Por lo pronto, la Ciudad ya se encuentra evaluando las cuentas con la certeza de un recorte, y a la espera de que las negociaciones con los gobernadores lleguen a buen puerto.
LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #201 DE REVISTA QUÉ
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