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“Gran Hermano” porteño: alertan por cambios que habilitan más vigilancia y vulneran la intimidad
Mientras en la Legislatura porteña se debaten las modificaciones al Código Procesal Penal, distintas organizaciones, que van desde Amnistía Internacional Argentina hasta el CELS, alertan que la reforma habilitaría una mayor vigilancia del Estado y violaría la intimidad personal.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está debatiendo la reforma del Código Procesal Penal (CPP) de la Ciudad, es decir de la regulación del procedimiento que norma las investigaciones penales.
En un comunicado conjunto firmado por reconocidas organizaciones defensoras de lso Derechos Humanos y civiles, plantearon su preocupación ante el contenido de los puntos que reformarían la normativa. Sostienen que para tratar cuestiones sensibles rayanas a la intromisión en la intimidad personal de los ciudadanos.
“Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo” sostiene el escrito.
Y agrega que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, bajo el expediente 1790-J-2018, introduce “medidas especiales de investigación” que, de aprobarse, implicarían afectaciones muy negativas a la privacidad y la intimidad.
El comunicado continúa detallando cuáles serían los métodos: “Una de las técnicas propuestas busca autorizar el ingreso remoto a dispositivos como celulares y computadoras. El acceso remoto es una amenaza grave a la intimidad, ya que puede conducir a la vigilancia en tiempo real a través de la cámara, el micrófono o el GPS, de manera encubierta”.
Y agrega que “estas tecnologías permiten registrar: capturas de pantalla de lo que la persona está viendo, pulsaciones sobre el teclado y lo que escribe (nombres de usuario, contraseñas, historial de navegación) y acceder a todas las comunicaciones (mensajes, correos electrónicos, llamadas)”.
Asimismo relataron que “el acceso remoto también permite manipular los datos almacenados, adulterarlos o borrarlos. Todas estas actividades pueden realizarse y al mismo tiempo eliminar el rastro de esa intrusión. Este acceso del poder punitivo a la esfera de la intimidad personal se realizaría, además, sin límites adecuados para su aprobación y ejecución”.
Las 11 organizaciones que presentaron el reclamo por la modificación al CPP enumeraron los serios problemas que generaría la incorporación de las distintas medidas de investigación:
1. Este tipo de medidas deben ser excepcionales y solo utilizarse en la persecución de los delitos más graves. De aprobarse este proyecto de reforma se podrían aplicar a delitos menores e, inclusive, a la investigación de contravenciones.
2. La duración de la vigilancia quedaría sujeta a la libre interpretación de los jueces. Sin límites temporales máximos exigibles se habilita a la renovación indefinida de las medidas. Este tipo de intervenciones, que deberían ser de última ratio, deberían disponerse en plazos cortos, entre los 15 y 45 días.
3. No establece mecanismos de salvaguarda ni de destrucción de la información que se obtenga sobre las víctimas del delito ni otras personas. Tampoco se regula qué autoridad estará a cargo de la información recopilada ni qué se hará con los datos personales obtenidos. Esto alimenta la divulgación, las filtraciones y otros usos indebidos que ya han sucedido bajo la órbita del mecanismo nacional actual de interceptación de comunicaciones.
4. Al/la juez/a solo se le exige dejar todo asentado en un “acta reservada”, en lugar de realizar un “auto fundado”. Sólo con una resolución motivada se puede asegurar el control judicial efectivo posterior por parte del/la imputado/a. Al no exigirla, el proyecto impide el control judicial efectivo. Los criterios y requisitos que cada juez/a debe seguir y cumplir antes de otorgar a los/as fiscales una medida de vigilancia no están determinados. Esto implica una discrecionalidad en el procedimiento judicial.
5. El proyecto incorpora las figuras de agente encubierto/a, el agente revelador/a, el/la informante y la entrega vigilada, pero sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar, tal como se hizo con el Código Procesal Penal de la Nación. Estas técnicas tampoco se regulan en forma acabada y precisa.
6. La modificación del actual Art. 117 que prevé las intervenciones telefónicas no establece límite temporal para la intervención de las comunicaciones. Esto elimina todo criterio de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
Desde el conjunto de las organizaciones señalaron que “las intromisiones estatales en la privacidad de las personas deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas, en el marco de un proceso judicial que establezca claras y efectivas instancias de control. De lo contrario, se da lugar a injerencias abusivas y arbitrarias en el ámbito de la autonomía individual”.
Al mismo tiempo, recalcaron que “nada de todo esto fue debatido en profundidad en la Legislatura de la Ciudad. Las nuevas posibilidades tecnológicas de investigación requieren una desarrollada y exhaustiva experticia. Por este motivo las y los expertos deberían participar e informar sobre los alcances y consecuencias de este tipo de técnicas. Además, se debería capacitar a las y los jueces para que haya un efectivo control judicial”.
Por último sentenciaron que “en la medida en que está modificación del Código Procesal de la Ciudad vulnera las garantías procesales y el derecho a la vida privada, protegido por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos, las organizaciones firmantes rechazamos su aprobación y solicitamos que se inicie un proceso de debate serio en el ámbito correspondiente”.
Las organizaciones que solicitan que se inicie un proceso de “debate serio” en el ámbito de la Legislatura son las siguientes:
- Access Now
- Amnistía Internacional Argentina (AI)
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
- Asociación Pensamiento Penal Capítulo Buenos Aires (APP)
- Centro de Estudios Legales y Sociales CELS
- Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la información (CELE)
- Colectivo para la Diversidad (COPADI)
- Fundación Vía Libre
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
- Poder Ciudadano