La Justicia obligó al Gobierno a dar información sobre UNICABA

Los propios legisladores del oficialismo critican la insitencia de Horacio Rodríguez Larreta para que la Legislatura avance con la creación de la primera Universidad Docente de la Ciudad.

Pero el jefe de gobierno porteño no bajó los brazos y aunque hasta sus propios legisladores lo critican por querer aprobar la iniciativa, que después de 8 meses de tratamiento en la comisión de Educación -que conduce Maximiliano Ferraro-, aún no ha conseguido que un funcionario o especialista en en el tema pueda fundamentar la iniciativa, dio la orden para que hoy se firme el despacho de comisión y baje al recinto la próxima semana. 

Más allá de la convicción oficialista de avanzar con la creación de una “ley de la formación docente del sistema educativo de la Ciudad y creación de la UniCABA”, todos los bloques de la oposición que componen el Parlamento afirmaron a Revista Qué que no están a favor de UNICABA, ni siquiera los aliados políticos de Evolución; y coincidieron en que se trata de una “muerte lenta” de los Institutos de Formación Docente.
 

Hasta el Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA), a pedido de los legisladores del Bloque Peronista, pusieron el ojo en el proyecto del ministerio de Educación porteño y comenzó un proceso de diagnóstico  (con fuertes críticias) sobre el estado de la formación docente en el distrito porteño.
 

También se suma un recurso de amparo iniciado por un grupo de rectoras y rectores del CESGE, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire. para que el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad -que conduce Soledad Acuña- informe si se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos. También reclamaron precisiones sobre la transferencia del personal a Unicaba, por caso si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad.
 

Para respiro de la comunidad educativa, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Gobierno porteño que, en un plazo de 10 días, cumpla con su deber de dar información a la comunidad educativa sobre la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik de Núñez y Carlos Balbín consideraron que, respecto de algunas de las preguntas efectuadas, las respuestas brindadas por el Ministerio de Educación eran una réplica parcial e insuficiente, ya que omitía detallar los antecedentes académicos y profesionales de quienes elaboraron el proyecto, la estimación presupuestaria, si está prevista la financiación a través de organismos internacionales de crédito, qué cantidad de establecimientos se transferirán, cuál es el cronograma y qué inmuebles se utilizarán.

Además, resaltaron que el Ministerio tampoco detalló qué pasará con el personal interino del nivel terciario. Y detallaron que si bien el GCBA sostuvo que el proyecto incluye a “todo” el personal y se propone “garantizar la estabilidad laboral”, dado que los interinos no gozan de este derecho, la respuesta no resulta clara en torno a si los abarca también a ellos.

Pero Patricia Simeone, miembro del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal de la Ciudad, rectora del Joaquín V. González y una de las caras más visibles en la postura de “no a la UniCABA”, contó a este medio que la nueva iniciativa “arrastra cosas del primer proyecto, como la creación de una universidad en un contexto de desfinanciamiento de las universidades”; y agregó que va a estar en convivencia con los 29 institutos. Es decir que “no cierran los profesorados por ley, pero pensamos que la gran diferencia entre el primero y el segundo (proyecto) es que el primero era una muerte súbita con la eliminación total de las instituciones, mientras que con el segundo va a ser una muerte gradual y lenta de los institutos”.

La reconocida educadora dijo que el Gobierno porteño “hace uso de la mayoría absoluta en la Ciudad; entonces empezaron con un recorte económico en la formación docente”; consideró que “la creación de una ‘universidad’ le llegaría a toda la ciudadanía como un eslogan marketinero para futuras elecciones”; y resaltó que al nuevo proyecto “le falta la coherencia y cohesión que un proyecto de ley requiere”.

Pero, a pedido de Larreta, el oficialismo insistirá en poner en debate la formación docente y su jerarquización. “Es una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar, porque se trata de políticas fundamentales para construir un sistema educativo basado en los principios de calidad y equidad”, dicen poco convencidos desde Vamos Juntos.

Un nuevo órgano evaluador
Una de las principales críticas que se hacen al proyecto enviado por el oficialismo es que crea un órgano evaluador que incluye la acreditación y registro -una especie de CONEAU-, pero la Ciudad ya tiene un Instituto de la Evaluación de la Calidad, que actualmente no funciona “por decisión del Gobierno”, según dijeron a Qué. Entonces, con la iniciativa oficialista crean un nuevo órgano evaluador que, a diferencia del que existe y no funciona, es punitivo, es decir que solamente lo integrará el Ejecutivo. Además puede presentar evaluadores externos, y a partir de ahí surge un sistema de acreditación de la evaluación de la calidad y de la información que irán obteniendo, lo que les permitirá poder decidir si alguno de los 29 institutos funciona o no de acuerdo a los estándares de calidad que obtengan. Estarán enmarcados en los parámetros que establece el Consejo Federal de Educación.

El contexto nacional no ayuda
Desde la oposición se mantienen escépticos de que el Gobierno pueda tener capacidad de escucharlos; y remarcan que la discusión del proyecto se daba cuando el Estado a nivel nacional conservaba ciertos organismos. “Por lo que ahora está todo mucho más claro para qué quieren educar y qué perfil de estudiantes o de futuros profesionales requiere el mercado en la lógica que ellos piensan como desarrollo de país”, anticipan.

Las cartas sobre la mesa
Según el presidente de la comisión de Educación, Maximiliano Ferraro, la propuesta está en manos de todos los bloques parlamentarios y de los distintos actores que participan del debate. “Continuaremos dialogando y reuniéndonos institucionalmente con los actores involucrados, y estamos abiertos a recibir y escuchar propuestas enriquecedoras”, dijo el ‘lilito’.

“La Ciudad no tiene ley de Educación”
Para el legislador Leandro Halperín, integrante de la comisión de Educa-ción, una deuda pendiente en territorio capitalino es una ley de Educación propia. “La Ciudad no tiene una ley de Educación, que es el acuerdo fundamental para darles un marco general a las políticas educativas en el distrito. Ese acuerdo es el primero que tenemos que lograr, y una vez que lo consigamos tenemos que ver cómo lo vamos a financiar, porque tampoco hay una ley de Financiamiento”, remarcó el radical. Y agregó que “en ese contexto hay que debatir la formación docente. Esta no es la manera correcta ni la forma. Además están yendo en el sentido contrario, porque las políticas educativas tienen que ser fruto de acuerdos profundos; pero no los hay. No tiene consensos de los actores de la comunidad educativa, ni de los especialistas que rechazaron la propuesta del Gobierno, ni de los partidos políticos que podemos ser alternancias, como es el caso nuestro”.

“Irán ahogando a los profesorados”
Luego de que el Ejecutivo porteño publicó un nuevo proyecto/borrador para la creación de la Universidad para Docentes, el legislador Roy Cortina se opuso a esta iniciativa y, también, a las modificaciones que plantea el Gobierno de Larreta, porque “la convivencia de los Institutos de Formación Docente con la universidad significa que irán ahogando de a poco a los profesorados, lo cual es peor”.Además señaló que “los cambios en el sistema no pueden excluir de la discusión a la comunidad educativa, ni hacer caer los institutos terciarios de formación docente. Con la excusa de promover la jerarquización de los educadores, la iniciativa oficial pone en jaque a los profesorados”. Cortina remarcó que “el proyecto es improvisado, carece de fundamentos pedagógicos, se presenta sobre la base de diagnósticos falaces y ni siquiera ofrece precisiones de la transición”.

“Liquidarán a los terciarios en cuotas”
El legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Patricio del Corro, realizó un balance acerca de la propuesta oficialista UniCABA. “El Gobierno hizo una primera presentación y lo que despertó fue una gran movilización de los terciarios y de toda la comunidad académica, por lo que decidió recalcular al no tener apoyo que procuraba tener”, afirmó. El representante de la izquierda agregó que con esta nueva iniciativa, “en vez de hacer un proyecto que liquida de un palazo a los 29 institutos terciarios, los liquidará en cuotas, bajo la figura del control y la auditoría. No es una novedad de cómo funciona el Gobierno, sino que es un modus operandi, porque van a ir desfinanciando las carreras en las que menos interés tengan ellos y van a ir desarrollando la UniCABA con presupuesto discrecional”.

“La ley se llama sálvese quien pueda”
Para la vicepresidenta de la comisión de Educación en la Legislatura porteña, Lorena Pokoik, el proyecto/borrador presentado por el oficialismo “se llama sálvese quien pueda”. Explicó que la nueva propuesta “no sólo no mejora las condiciones que la comunidad educativa venía reclamando”, sino que “lo empeora, porque lo que plantea es la modificación de todo el sistema formador y, en el marco de esa reforma, la creación de la universidad”. Para la legisladora K, la iniciativa se enmarca en un proceso de reforma de toda la educación nacional a pedido de organismos externos, y está “profundamente vinculada con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, porque está dentro de las recomendaciones que le pide al Estado nacional como contrapartida de la educación al servicio del mercado”.