ATE rechazó esta tarde, la propuesta del gobierno nacional del 8% en la paritaria y convocó a una jornada de protesta para mañana, 26 de marzo, en todo el país. “Esta propuesta del Gobierno es inaceptable. Con esta decisión, el Gobierno empuja a la pobreza a decenas de miles de estatales”, dijo el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La protesta culminará a las 12hs con un acto de cierre frente a la sede de la Secretaría de Agricultura Familiar (Av. Paseo Colón 982, CABA). El sindicato también dará continuidad al Paro de dos días en el SENASA y se mantendrá en alerta por los despidos inminentes de la próxima semana.
El encuentro se realizó en la Secretaría de Trabajo, con dirección en Av. Callao 113 (CABA), y por parte de ATE contó con la participación de Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo; Gustavo Quinteros, Secretario de Organización; Luciano Fernández, Paritario Nacional; Mariana Amartino y Julia Scarensi, del Equipo Jurídico; y Nicolás Rial Ubago, del Equipo de Convenios Colectivos de Trabajo.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, manifestó que, "se trata de una oferta que configura el ajuste más grande que en los últimos años han sufrido los ingresos del sector público. Con esta decisión, el Gobierno empuja a la pobreza a decenas de miles de estatales. Ratificamos todas las medidas de fuerza que están en curso, seguimos demandando la reincorporación de todas las trabajadoras y todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de marzo”.
El dirigente agregó que, “la Paritaria además debería garantizar la estabilidad laboral para todas y todos y darle continuidad al proceso de regularización de los vínculos laborales con el pase a Planta Permanente de todas las trabajadoras y todos los trabajadores precarizados. No vamos a avalar con nuestra firma que se deterioren gravemente las condiciones de vida de las y los trabajadores.”
Por su parte, Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional manifestó: “Rechazamos la Paritaria no solamente porque consideramos que es insuficiente un 8 por ciento en el contexto inflacionario que vivimos –basta con mirar los índices de precios al consumidor y uno se da cuenta de que la canasta básica alimentaria ha subido de manera exponencial y que los sueldos de las y los trabajadores no-, sino también porque seguimos sintiendo un gran atentado contra el Estado en función de los despidos masivos que sabemos que van a recibir los trabajadores y las trabajadoras al 31 de marzo, y porque persisten las declaraciones orientadas a la privatización de espacios públicos y a la destrucción del Estado en general”.
Por parte del Gobierno estuvieron presentes Rosana Reggi, de Función Pública; Jorge Caruso, de Economía; Enrique Pinedo, de Jefatura Gabinete de Ministros; y Ariel Borghi, de la Secretaría de Trabajo.
El aumento para la Administración Pública Nacional fue aceptado por el otro gremio signatario del CCT 214/06, UPCN, y el mismo se liquidará por planilla complementaria con los haberes de marzo.
En el acta presentada durante la Paritaria, el sindicato exigió que se resuelvan las siguientes problemáticas en el Sector Público:
– Ningún trabajador por debajo de la línea de la pobreza.
– Aumentos salariales por encima de la inflación.
– Apertura de todos los Convenios Colectivos de Trabajo sectoriales, especialmente los más postergados.
– Cese de las políticas de ajuste.
– Incorporación de una suma fija al salario en concepto de Orientación que garantice el reconocimiento de la función y un salario digno en el CCT Sectorial SINEP.
– Garantizar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público, política destinada a darle cumplimiento al derecho a la estabilidad laboral consagrado en el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.
– Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023.
– Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
– Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.
– Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
– Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.
– Anulación del DNU 70/23. |
