5 de agosto de 2025
POLEMICA
Macri ordena multas por remover basura en contenedores porteños
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone sanciones inmediatas para quienes manipulen residuos en la vía pública, invocando el Código Contravencional y reavivando debates sobre criminalización de la pobreza.
El mandatario de la Ciudad de Buenos Aires dirigió a las fuerzas policiales locales la aplicación de penalidades a las personas que extraigan desechos en espacios públicos. Invocó el Código de Contravenciones actualmente en fuerza.
El titular del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, dispuso al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que impongan castigos a aquellos que manipulen basura de los recipientes en la vía pública. Esta disposición se hizo pública este lunes por medio de un mensaje en su perfil oficial de X (antes Twitter), en el cual manifestó: “Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”.
El dirigente aludió al artículo 94 del Código de Contravenciones de la Ciudad, el cual prevé penalidades económicas o labores de servicio comunitario para quienes contaminen propiedades públicas o privadas. De acuerdo con la regulación, la penalidad puede intensificarse si el acto se comete desde un automóvil o en zonas delicadas como centros médicos, instituciones educativas o sitios religiosos. En las situaciones más severas, las multas exceden las mil unidades fijas, y cada unidad equivale al valor de un litro de combustible premium en la Capital Federal.
Esta disposición revive una controversia que alcanzó su clímax en octubre de 2023, momento en que la actual segunda al mando del Gobierno y ex titular del Ministerio de Espacio Público, Clara Muzzio, introdujo una iniciativa legislativa que sugería duras penalidades para individuos que interfirieran con recipientes de residuos, extrajeran desechos fuera del horario autorizado o comprometieran la salubridad del entorno público. La iniciativa contemplaba castigos financieros que, para entidades como asociaciones de recolectores, podrían sobrepasar el millón de pesos, sumado a la confiscación de elementos.
La propuesta recibió fuertes críticas de parte de asociaciones cooperativas, grupos sociales y fracciones opositoras, que acusaron un esfuerzo por penalizar la indigencia, castigando a aquellos que procuran alimentos o artículos reutilizables. Además, se criticó un apartado que penalizaba las protestas en las calles si impactaban en la prolijidad o el empleo del espacio público. Al final, debido a la oposición de diversos actores, el documento fue descartado antes de su debate en la Legislatura de la Ciudad.
En este momento, con la reciente directiva de Macri, el enfoque punitivo regresa al primer plano. De acuerdo con el Ejecutivo de la Ciudad, el distrito dispone de más de 33.000 recipientes para basura, entre los que 7.000 son de modelo antivandalismo. Estos aparatos incluyen una cubierta con mecanismo de resorte que complica la extracción de desechos, reduce el escape de fluidos y obstaculiza el acceso de individuos o elementos de gran tamaño.
Durante la primera mitad del año, conforme a datos oficiales proporcionados por la propia administración capitalina, más de 25.000 recipientes sufrieron actos de vandalismo. Las autoridades locales afirman que esta acción tiene como objetivo potenciar la higiene en la urbe y el acatamiento al esquema de recolección, que indica que los residuos deben depositarse entre las 19 y las 21 horas, de domingo a viernes. Por su parte, los establecimientos de comida tienen el deber de clasificar los desechos y envolverlos de forma apropiada.
La declaración de Jorge Macri se produce solo unos meses tras el fracaso en la tentativa de aprobar por vía parlamentaria una regulación comparable. La elección política de proceder ahora mediante decreto fortalece la estrategia del Gobierno de la Ciudad ante aquellos que sobreviven, laboran o se sustentan en medio de los residuos.