8 de diciembre de 2025
PULSEADA
Kicillof, en manos de Milei: el aval nacional que define su endeudamiento y su 2026
En medio de fuertes cruces y reclamos mutuos, el presidente Javier Milei tiene ahora en sus manos la potestad de decidir si autoriza o no al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tomar la deuda que logró aprobar en la Legislatura local gracias al apoyo de diferentes sectores, pero con el rechazo rotundo de La Libertad Avanza.
El aval de la Casa Rosada es ahora la línea divisoria: aunque Axel Kicillof logró sortear resistencias internas y de la oposición para que la Legislatura aprobara el pedido por 3.695 millones de dólares, las advertencias públicas de funcionarios nacionales prolongaron el suspenso y encendieron otra disputa entre la Provincia y la Nación. La definición de Economía será, en los hechos, la que determine si ese paquete se transforma en recursos o en conflicto político.
Desde el entorno del gobernador niegan drama: calificaron como “puesta en escena” las dudas sembradas por Luis Caputo y Sebastián Pareja y sostienen que la Provincia cumplió los requisitos técnicos para la autorización. La estrategia comunicativa bonaerense busca restar tensión pública y transmitir que, a nivel técnico, no existen obstáculos insalvables para el aval nacional.
El argumento provincial se apoya en la hipótesis del rollover: funcionarios bonaerenses insisten en que se pedirá refinanciación de vencimientos y que la negativa del Gobierno central sería contraproducente —“sería un tiro en el pie”, dicen— porque pondría en riesgo la condición crediticia del país y de la propia provincia. “Es humo para la tribuna”, afirmó un integrante del gabinete, mientras preparan el pedido de aval por emisiones parciales.
No se trata sólo de cifras abstractas: parte del paquete aprobado tiene destino específico —por ejemplo, 400 millones para proyectos energéticos y aportes a Aubasa—, lo que complica aún más el escenario si el desembolso se retiene o se condensa en objeciones formales. La asignación por obras le da a la discusión una dimensión práctica que impacta en contratos y plazos que la Provincia ya contemplaba.
En lo procedimental, desde La Plata admiten que no hay una fecha cerrada para solicitar el aval y que las emisiones se harán “a medida que vayamos necesitando”, analizando ventanas de mercado. El trámite exigirá pasos técnicos por el Ministerio de Hacienda nacional, el Ministerio del Interior y finalmente el Banco Central; además la Nación puede ir autorizando emisiones por tramo, no necesariamente por todo el monto de una sola vez.
La reacción oficial nacional tuvo dos voces públicas: primero Caputo cuestionó el cumplimiento de la Provincia con la Ley de Responsabilidad Fiscal —señalando que gastos corrientes crecen por encima de la inflación— y luego Pareja habló de rechazo a acuerdos “a espaldas de la ciudadanía” que, según él, incrementan estructuras improductivas. Esas críticas han servido tanto para justificar un eventual veto parcial como para reproducir la discusión en clave de campaña.
La tensión trasciende lo técnico y ya se inscribe en la agenda electoral: en el oficialismo nacional ven una oportunidad para diferenciarse y proyectar la disputa hacia 2027, mientras que en La Plata responden con ironía y descalificaciones. Kicillof ha repetido que la ley busca refinanciar deudas de gestiones anteriores y se mostró desafiante: si la Nación no avala, la Provincia se verá obligada a afrontar vencimientos con recursos propios.
El costo de un eventual rechazo no sería sólo político: la Provincia advierte que, sin la posibilidad de refinanciar, deberá absorber pagos en dólares que complicarían el financiamiento de salud, educación y obras. Por eso la estrategia bonaerense apunta a gestionar desembolsos por tramo y a apelar a la presión técnica y política para forzar la autorización. En ese tablero, la definición de la Casa Rosada determinará si la pulseada queda en disputa retórica o deriva en una crisis financiera y política para el gobierno de Kicillof.