7 de enero de 2026
ASÍ, NO
¡Afuera!: Jorge Macri vetó cuatro leyes aprobadas por la Legislatura porteña
El jefe de Gobierno intervino en normativas que impactan en políticas sociales, sanitarias y de gobernanza regional. Fueron formalizadas a través de sendos decretos del Poder Ejecutivo.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, vetó total o parcialmente cuatro leyes aprobadas recientemente por la Legislatura porteña, todas ellas vinculadas a áreas sensibles: niñez, adolescencia, salud mental y coordinación metropolitana. Las decisiones se formalizaron a través de decretos del Poder Ejecutivo y alteran el contenido de normas votadas entre fines de noviembre y principios de diciembre.
El primer veto recayó de manera total sobre la ley que promovía nuevos canales de comunicación directa entre el Estado porteño y chicas y chicos en situación de vulnerabilidad. El proyecto establecía la creación de “Puntos de Encuentro Seguros”, espacios cerrados equipados con dispositivos táctiles accesibles desde edades tempranas. A través de ellos, niñas, niños y adolescentes podrían comunicarse en forma directa con la Línea 102, a cargo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo también designado como autoridad de aplicación. La iniciativa buscaba reforzar la detección temprana de situaciones de riesgo, pero el Ejecutivo decidió impedir su entrada en vigencia.
El segundo veto fue parcial y alcanzó artículos centrales de la ley que ordenaba un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en todo el territorio porteño. El relevamiento previsto incluía información actualizada sobre padecimientos en población adulta, infancias y adolescencias, con especial atención en el escenario pospandemia. La norma también planteaba incorporar determinantes sociales, económicos, políticos y culturales en el análisis general del estado de salud mental en la Ciudad. Varios de esos aspectos quedaron excluidos con el decreto del Ejecutivo.
El tercer veto parcial impactó en una ley de amplio alcance que fijaba estándares de calidad del cuidado para hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, tanto públicos como privados. Jorge Macri vetó los artículos 8°, 9°, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 32 y 33 del proyecto de Ley 6.900, aprobado el 27 de noviembre de 2025. Los artículos eliminados incluían funciones clave de la autoridad de aplicación, cambios en los Códigos de Habilitaciones y Edificación, pautas de personal, condiciones de seguridad, acceso a sistemas de información como el LUNNA y disposiciones presupuestarias. Con el veto, el texto definitivo quedó sin varios de los compromisos regulatorios y operativos más exigentes para el Gobierno porteño.
La ley había sido diseñada como un marco integral basado en principios como el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la no discriminación y la participación. Incluía pautas exhaustivas sobre salud, educación, alimentación, identidad, vínculos familiares, formación de cuidadores, condiciones edilicias y mecanismos de supervisión. Tras el veto, parte de ese andamiaje quedó reducido.
A estas decisiones se sumó, días antes, el veto parcial a la Ley 6.859, que buscaba profundizar el enfoque metropolitano en las políticas públicas. El Ejecutivo mantuvo la mayor parte del articulado, pero anuló el artículo que creaba el Consejo Consultivo Metropolitano, un espacio honorario de participación ciudadana. La norma, sancionada el 27 de noviembre y girada al Ejecutivo el 11 de diciembre, proponía fortalecer la coordinación con la Provincia de Buenos Aires y los municipios de la Región Metropolitana (RMBA) en materia ambiental, de movilidad, planificación y gestión.
El decreto publicado el 30 de diciembre argumentó que la creación del Consejo implicaba una superposición con estructuras vigentes y que, aunque honorario, podría derivar en un gasto innecesario de recursos humanos y materiales. Sostuvo además que la Ciudad ya cuenta con áreas dedicadas a la participación ciudadana, gobierno abierto, planificación y coordinación interjurisdiccional, lo que —en su visión— hacía innecesaria una nueva instancia consultiva.
El Ejecutivo también advirtió que el nuevo órgano podría fragmentar los canales de participación y reducir la incidencia real de la ciudadanía, contrariando principios de eficiencia administrativa y uso racional de recursos.