27 de enero de 2026
POLEMICA EN PUERTA
El debate por la baja de la edad de imputabilidad sacude la agenda de seguridad en CABA
El Gobierno nacional incluyó formalmente el proyecto de Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso mediante el Decreto 53/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La iniciativa busca reemplazar la antigua Ley de Minoridad y reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años para adolescentes que cometan delitos graves, aunque el oficialismo mantiene abierta la negociación parlamentaria para posibles ajustes (como fijarla en 14 años, punto de consenso en debates previos). El anuncio, realizado tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada, acelera un tema que genera fuerte polarización en todo el país.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde la seguridad pública constituye uno de los principales ejes de gestión desde hace años, el proyecto impacta directamente en la agenda del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
La Ciudad mantiene una política de “mano dura” con énfasis en patrullaje preventivo, ampliación de cámaras de vigilancia y articulación con fuerzas federales, lo que hace que cualquier endurecimiento del régimen penal juvenil resuene con fuerza en el territorio porteño. Aunque la imputabilidad es competencia nacional, los hechos de inseguridad que involucran a menores —muchos ocurridos en barrios vulnerables o en el límite con el conurbano bonaerense— suelen traducirse en reclamos inmediatos hacia la administración local.Jorge Macri, alineado políticamente con el espacio de Patricia Bullrich y el oficialismo en temas de seguridad, se perfila como uno de los principales respaldos a la iniciativa en el ámbito de Juntos por el Cambio.
Fuentes cercanas al Gobierno porteño indican que el Jefe de Gobierno ve en esta reforma una herramienta complementaria para reforzar su gestión de “orden y prevención” en CABA, especialmente en un contexto donde la percepción de inseguridad sigue alta pese a las inversiones en tecnología y personal. Se espera que Macri exprese públicamente su apoyo durante el debate legislativo que arranca el 2 de febrero, posiblemente impulsando medidas locales paralelas, como mayor inversión en programas de prevención juvenil o fortalecimiento de la articulación con la Justicia federal.
El tema genera tensiones internas en el arco opositor porteño y en la propia coalición gobernante en la Ciudad. Mientras sectores progresistas y de izquierda en la Legislatura porteña ya anticipan críticas por considerar que la baja de imputabilidad “criminaliza la pobreza” sin atacar causas estructurales, el PRO y aliados libertarios en CABA lo defienden como respuesta necesaria ante casos resonantes de violencia juvenil. En este marco, Jorge Macri podría capitalizar el debate para consolidar su imagen de gestor firme en seguridad, de cara a los desafíos electorales de mediano plazo.
El tratamiento en el Congreso durante febrero pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para negociar apoyos, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya se percibe como un multiplicador de agenda: cualquier avance o estancamiento en la Ley Penal Juvenil influirá directamente en la percepción ciudadana sobre la efectividad de la gestión de Jorge Macri en materia de seguridad y convivencia urbana.