REVISTA QUé
Revista Qué
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Milei activa el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad
Un decreto delega en el jefe de Gabinete la negociación de una transferencia pendiente desde 1994 y reabre el debate sobre el futuro del fuero del Trabajo.
El presidente Javier Milei avanzó en el proceso de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires al delegar formalmente en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de negociar y firmar el acuerdo con el Gobierno porteño. La decisión se oficializó a través del Decreto 95/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La norma habilita al jefe de Gabinete a suscribir el convenio de traspaso de competencias laborales desde la Nación hacia la Ciudad y a firmar adendas o modificaciones necesarias para su implementación. El decreto invoca el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la Ciudad y establece la transferencia progresiva de las competencias judiciales ordinarias.
La transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo es un proceso pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Pese a negociaciones durante distintos gobiernos, nunca se concretó un acuerdo definitivo para el fuero laboral, que actualmente concentra en CABA la mayor parte de los litigios laborales del país. El traspaso implicaría la disolución progresiva de la estructura nacional en la Ciudad y su incorporación al Poder Judicial porteño.
La medida se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de avanzar con cambios en el sistema laboral y en la organización judicial. El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso a fines de 2025 ya contemplaba la transferencia del fuero como parte de una reconfiguración institucional más amplia, aunque el Ejecutivo decidió avanzar por decreto en la negociación sin esperar la sanción de esa ley.
Desde la Ciudad interpretan el decreto como una señal política para concretar un proceso demorado durante décadas. En el ámbito oficial se sostiene que la transferencia permitiría una justicia más cercana y eficiente para trabajadores y empleadores porteños, además de cumplir con el mandato constitucional de autonomía.
En sectores sindicales y entre especialistas en derecho laboral, en cambio, surgieron advertencias sobre el impacto del traspaso en la jurisprudencia y en la protección de los derechos laborales. El próximo paso será la negociación formal entre Nación y Ciudad para definir plazos, recursos y condiciones de implementación de un cambio que podría reconfigurar de manera profunda el mapa judicial laboral en la capital del país.