Se anunció la idea de modificar la ley que limita la compra de tierras rurales por extranjeros. El oficialismo apunta a atraer inversiones, pero crecen las alertas por el impacto en recursos estratégicos

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El Gobierno nacional confirmó que trabaja en una reforma profunda del régimen de tierras rurales, una iniciativa que vuelve a poner en discusión quiénes pueden acceder al territorio argentino y bajo qué condiciones. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que el Ejecutivo busca avanzar sobre uno de los marcos regulatorios más sensibles del país.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger y apunta a modificar (o incluso desarmar) la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa normativa establece límites estrictos a la titularidad de tierras por parte de extranjeros.

Actualmente, la ley fija que no más del 15% de las tierras rurales del país puede estar en manos extranjeras, con restricciones también a nivel provincial y municipal. Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese total, y se establecen topes de superficie en zonas productivas clave.

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar en este sentido. La derogación de la ley ya había sido incluida en el DNU 70/2023, aunque su aplicación quedó frenada por una cautelar judicial que actualmente analiza la Corte Suprema.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas que incluye cambios en la Ley de Glaciares y la Ley de Manejo del Fuego. En conjunto, el Gobierno busca reorientar el esquema vigente hacia uno más flexible, con el foco puesto en facilitar inversiones.

Desde el oficialismo sostienen que estas limitaciones afectan la competitividad y desalientan inversiones, especialmente en sectores como el agro, la energía y la actividad forestal. En ese marco, la reforma buscaría flexibilizar las condiciones para facilitar el ingreso de capitales internacionales.

El debate se da en un contexto donde la extranjerización de la tierra ya es un fenómeno presente. Según datos del CONICET, alrededor del 5% del territorio nacional está en manos de propietarios extranjeros. En regiones como la Patagonia, el proceso adquiere una dimensión estratégica por la extensión de las superficies involucradas y el tipo de recursos en juego. Por otra parte, los incendios que tuvieron a principio de año dejaron un terreno más que deseado para distintos tipos de proyectos.

No se debe dejar de lado el factor agua: el sur argentino concentra importantes reservas hídricas (ríos, acuíferos y glaciares) que cobran valor en un escenario global atravesado por la escasez.

En paralelo, los avances tecnológicos en riego, biotecnología y manejo de suelos ampliaron el potencial productivo de zonas antes marginales, incrementando aún más el interés de inversores extranjeros. En ese contexto, la tierra se consolida como un activo de refugio frente a la volatilidad global.

Así, el debate sobre la tierra vuelve a escena en Argentina, en un cruce entre desarrollo económico, soberanía sobre los recursos y tensiones por el modelo productivo a futuro.

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