El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Ley de Hojarasca”, que propone derogar decenas de normas consideradas obsoletas, innecesarias o contrarias a la Constitución. La iniciativa, que retoma un texto similar presentado en 2024 y que perdió estado parlamentario, busca avanzar en una revisión integral del sistema normativo argentino. 

Según el Gobierno, el país arrastra un exceso de regulaciones acumuladas durante décadas que generan burocracia, costos innecesarios y limitaciones a la libertad individual. En ese marco, el proyecto apunta a eliminar leyes que ya no tienen aplicación práctica o que fueron superadas por normativas más modernas. 

Entre las normas a derogar se incluyen aquellas reemplazadas por marcos legales posteriores, como regulaciones antiguas sobre vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos. También aparece la eliminación de figuras como el “Padrinazgo Presidencial”, que otorgaba educación gratuita a ciertos beneficiarios, en un contexto donde ese derecho ya es universal. 

Otro grupo abarca leyes que quedaron obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo. Allí figuran disposiciones sobre microfilmación de documentos, autorizaciones para la televisión en color o incentivos para la explotación de carbón, consideradas hoy anacrónicas frente a la digitalización y los cambios en la matriz energética. 

El proyecto también pone el foco en normas que afectan libertades individuales, muchas de ellas dictadas en gobiernos de facto. Entre los ejemplos se encuentran leyes que permitían controlar reuniones privadas, exigían un “carnet de mochilero” para viajar o penalizaban a quienes promovieran sanciones contra el Estado, medidas que el Ejecutivo considera incompatibles con derechos constitucionales. 

Finalmente, la iniciativa propone eliminar estructuras burocráticas y leyes vinculadas a organismos que ya no existen o que duplican funciones, además de retirar financiamiento estatal a entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. El objetivo, según el Gobierno, es simplificar el marco legal, reducir el gasto público y reforzar el principio de libertad individual.