3 de septiembre de 2026
CONGRESO
El Senado avanzó con transferencia de competencias penales de Nación a CABA
El acuerdo avanzó en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto de la Cámara alta. También se rubricó un despacho sobre el giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad.
Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmó dictámenes favorables para avanzar con dos convenios que amplían las competencias de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno establece una nueva transferencia progresiva de facultades penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño, mientras que el segundo contempla el traspaso de la competencia criminal y correccional sobre delitos no federales cometidos por menores de edad.
El primero de los acuerdos corresponde al “Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. De aprobarse, la Ciudad pasará a investigar y juzgar nuevos delitos, entre ellos los vinculados con el honor —como calumnias e injurias—, la integridad sexual —abusos, corrupción, prostitución y explotación—, la libertad —servidumbre, privación ilegítima de la libertad y sustracción o instigación a fugarse— y la seguridad del tránsito, como el entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, entre otros.
La transferencia deberá estar acompañada por los recursos necesarios para que el Poder Judicial porteño pueda asumir las nuevas funciones.
El segundo convenio establece que la Justicia de la Ciudad tendrá competencia sobre todos los delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. Para los menores de 14 años se prevé una intervención de carácter tutelar.
Ambos acuerdos fueron suscriptos el 3 de julio por los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, respectivamente. Durante el plenario, los proyectos recibieron respaldo de distintos expositores, aunque también se plantearon reparos vinculados con la implementación del traspaso y la situación de los trabajadores judiciales.
Los dictámenes fueron tratados por las comisiones que presiden los senadores libertarios Gonzalo Guzmán Coraita, en Justicia y Asuntos Penales, y Agustín Monteverde, en Presupuesto y Hacienda.
Para entrar en vigencia, los convenios deberán ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso y por la Legislatura de la Ciudad. Una vez sancionados, se establece un plazo de 120 días para efectivizar la transferencia de competencias.
El acuerdo también contempla una cláusula de transición para las causas en trámite. Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigencia continuarán bajo la órbita de la Justicia Nacional, que conservará la jurisdicción hasta que la sentencia quede firme, incluida la etapa de ejecución penal.
Uno de los expositores durante la reunión fue Javier Buján, titular de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad. El magistrado reclamó acelerar la aprobación del convenio ante la próxima entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil.
“Es importante que, cuanto antes, y en vistas a que en septiembre entra en vigencia la Ley 27.801 que establece el Régimen Penal Juvenil, se apruebe el convenio de transferencia de competencias penales”, sostuvo Buján.
El magistrado destacó además el funcionamiento del sistema acusatorio porteño y aseguró que permite reducir significativamente los tiempos de resolución de las causas.
“La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede demostrar un sistema acusatorio que funciona y que bajó el tiempo de resolución de los casos a tres, cinco y seis meses. No sólo estamos en condiciones de asumir nuevas competencias penales: estamos en mejores condiciones de asumirlas. Máxime, porque el artículo 129 de la Constitución Nacional dispone que es una facultad propia”, afirmó.
Desde la Justicia Nacional, en cambio, surgieron cuestionamientos sobre las consecuencias que podría generar el proceso de transferencia. El presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto, advirtió sobre la “incertidumbre e inestabilidad” que el esquema podría provocar entre magistrados, funcionarios y empleados.
Pinto también reclamó una definición sobre el futuro de los juzgados nacionales de menores. “Es necesario que los juzgados nacionales de menores obtengan jurisdicción de índole federal o pasen a tener competencia criminal y correccional de forma tal que no queden en este limbo jurídico”, sostuvo.
Durante el plenario también expusieron Bárbara Moramarco Terrarossa, secretaria general de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien pidió garantizar el cumplimiento de los convenios en todo lo relacionado con infancias y juventudes.