15 de septiembre de 2026
CAMBIOS
El Gobierno acelera la privatización de AySA: dos grupos quedaron en carrera por el 90% de la empresa
El vocero presidencial Adrián Ravier había anticipado el avance del proceso y este martes se conocieron las ofertas que superaron la primera instancia. El Estado busca desprenderse de la totalidad de las acciones que posee en la compañía.
El Gobierno nacional avanza a paso firme con uno de los principales objetivos de su programa de privatizaciones: la transferencia de AySA al sector privado. El proceso, anunciado por el Ejecutivo como parte de su política de reducción de la participación estatal en empresas públicas, entró este martes en una nueva etapa con la apertura de las ofertas técnicas.
La definición se conoció luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, incluyera a AySA entre los procesos de privatización que impulsa la administración de Javier Milei. La apertura de los sobres dejó a dos grupos empresarios en carrera para quedarse con las acciones que actualmente están en manos del Estado.
En concreto, las propuestas corresponden al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A., y al grupo Roggio ROAS S.A.U. y otros. Aunque había 17 participantes registrados inicialmente, solamente dos presentaron ofertas para continuar en la licitación.
El Estado pone en venta el 90%
El proceso contempla la transferencia de la totalidad de las acciones de AySA que actualmente pertenecen al Estado nacional, equivalentes al 90% del capital de la empresa. El 10% restante permanece en manos de los trabajadores.
De esta manera, la administración libertaria busca completar el proceso de privatización de una compañía estratégica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La iniciativa se encuadra en las facultades otorgadas por la Ley Bases y en el marco de la reforma del Estado impulsada por el Gobierno nacional.
Inversiones millonarias y metas para el nuevo operador
Uno de los puntos centrales del proceso será el compromiso de inversiones que deberá asumir quien resulte adjudicatario.
Según informó el Gobierno, el futuro operador deberá cumplir con un Plan de Acción 2027-2031, que contempla inversiones por unos $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. En términos nominales, el Ejecutivo destacó además que el esquema implicará inversiones superiores a los US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el nuevo operador tendrá la obligación de avanzar con obras destinadas a ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.
El plan establece metas concretas para 2031: una cobertura mínima de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, con objetivos que deberán incrementarse progresivamente hasta alcanzar, al finalizar el período inicial de la concesión, al menos el 90% y 75%, respectivamente.
Una privatización que genera resistencia
La decisión del Gobierno nacional volvió a encender la discusión política alrededor de AySA, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde la empresa presta servicios a millones de usuarios.
Desde sectores de la oposición bonaerense ya habían cuestionado la privatización y advertido sobre el impacto que podría tener el traspaso de la empresa a manos privadas sobre las tarifas, las inversiones y el acceso al agua y al saneamiento.
El avance de la licitación suma así un nuevo capítulo a una disputa que enfrenta dos modelos contrapuestos: mientras la Casa Rosada plantea que la participación privada permitirá reducir la carga sobre el Estado y mejorar la eficiencia de la empresa, sus críticos advierten que se trata de un servicio esencial y estratégico que debería permanecer bajo control público.