Daniel Alfredo Neira dejó el Enacom el 31 de julio con una liquidación neta de $109,7 millones y comenzó a trabajar en el INTA el 1° de agosto. La designación, formalizada después por el organismo, generó cuestionamientos dentro del Consejo Directivo.

Motosierra olvidadiza: cobró $100 millones al salir del Enacom y al día siguiente pasó al INTA

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El discurso oficial de reducción del gasto público volvió a quedar bajo la lupa por un caso que combina una indemnización millonaria con una inmediata reincorporación al Estado. Daniel Alfredo Neira dejó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el 31 de julio de 2026 y recibió una liquidación final neta de $109.781.999,73. Apenas un día después, comenzó a desempeñarse en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La secuencia generó cuestionamientos entre integrantes del Consejo Directivo del organismo agropecuario, que aseguran haber tomado conocimiento posteriormente de las condiciones en las que Neira había dejado el Enacom. Según la documentación publicada por LA NACION, la designación en el INTA fue impulsada por la Dirección General de Administración.

El monto neto finalmente percibido por Neira fue de $109.781.999,73.

Neira había desarrollado buena parte de su carrera dentro del Estado. Ingresó en enero de 2012 a la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones, antecedente institucional del Enacom. En 2017 fue designado subgerente del área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones y en 2025 llegó a ocupar el cargo de subdirector de Contabilidad y Finanzas, con categoría A.

Casi $110 millones por la salida

La desvinculación del Enacom se realizó bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La liquidación incluyó $73.067.618,10 correspondientes a la indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas.

El monto neto finalmente percibido por Neira fue de $109.781.999,73.

El punto que disparó la controversia no es únicamente el monto, sino la velocidad con la que se produjo su regreso al sector público. El 31 de julio terminó formalmente su vínculo con el Enacom y desde el 1° de agosto comenzó a regir su incorporación al INTA.

Más aún, según información difundida por Tiempo Argentino, los trámites para su nueva designación habían comenzado el 1° de julio, casi un mes antes de que se concretara su salida del organismo de comunicaciones.

Del Enacom al INTA, sin pausa

La incorporación fue formalizada posteriormente por el Consejo Directivo del INTA mediante la Resolución 296/2026, del 3 de septiembre.

La norma estableció la designación transitoria de Neira como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración. El cargo corresponde al nivel 11 y fue establecido por 180 días, con posibilidad de prórroga hasta la realización del procedimiento de selección correspondiente.

El propio texto de la resolución dejó asentado que Neira se había desvinculado del Enacom el 31 de julio y que su designación en el INTA tenía efectos desde el 1° de agosto.

El episodio generó malestar dentro del Consejo Directivo. Según LA NACION, algunos de sus integrantes señalaron que conocían la trayectoria de Neira en el Enacom, pero que no habían sido informados de que había sido desvinculado y recibido una indemnización cercana a los $110 millones. Ante la controversia, fuentes del organismo indicaron que se analizaba revisar la aprobación y consultar a los servicios jurídicos sobre cómo proceder.

El contraste con la política de ajuste

El caso adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produjo. El INTA viene atravesando un proceso de reducción de su estructura y de su dotación de personal.

El organismo tenía alrededor de 5750 empleados y puso en marcha dos programas de retiros voluntarios durante los últimos dos años. El primero, en noviembre de 2024, alcanzó a 394 trabajadores. El segundo, instrumentado en junio de 2026, comprendió alrededor de 850 agentes, aunque no todas las solicitudes llegaron a concretarse.

Además, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción del 12,4% en los gastos del INTA y 837 cargos menos respecto de los 7145 presupuestados para este año.

En ese escenario, la incorporación de un funcionario que acababa de abandonar otro organismo estatal después de cobrar una indemnización millonaria abrió un interrogante sobre los criterios utilizados para administrar los recursos humanos y económicos del Estado.

¿Hay una incompatibilidad?

La controversia también puso sobre la mesa el régimen de retiros voluntarios aprobado por el INTA mediante la Resolución 144/2026. Entre sus disposiciones se estableció que quienes accedieran a ese régimen no podrían reincorporarse ni prestar servicios bajo ninguna modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años desde su baja.

Sin embargo, ese régimen no necesariamente resulta aplicable a Neira, ya que su salida fue del Enacom mediante una desvinculación indemnizada y no mediante el programa de retiro voluntario del INTA.

Por eso, la existencia de una incompatibilidad o irregularidad no puede darse por acreditada únicamente a partir de la secuencia de fechas. El propio caso quedó sujeto a revisión y a las explicaciones jurídicas correspondientes.

Lo que sí aparece documentado es una llamativa sucesión de decisiones: el funcionario dejó el Enacom el 31 de julio, recibió una liquidación neta de casi $110 millones y comenzó a desempeñarse en el INTA desde el 1° de agosto, mientras los trámites para su incorporación ya habían comenzado semanas antes.

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