Revista Qué

7 Nov 2015 | Eduardo Macchiavelli

Contra las cuerdas

El secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana no para de recibir denuncias penales. La última fue por negociaciones incompatibles con su función pública. La Justicia lo tiene en la mira, pero no avanza. Una de las causas le costó el puesto a uno de sus colaboradores.

Eduardo Macchiavelli pareciera está cerca del knock out. Desde que asumió al frente de la secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana en 2011 no para de recibir golpes en el ring de la Justicia. Denuncias por cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y abuso de poder, son algunos de los ganchos que lo dejan tambaleando. Es que, además de ser quien administra las 15 comunas de la Ciudad, fue el primer funcionario en asumir al frente de la cartera, especialmente creada tras las debutantes elecciones a integrantes de las Juntas Comunales. Su relación con los comuneros de la oposición no es la mejor, como se espera en el mundo de la política. Pero lo llamativo es que los presidentes comunales del PRO tampoco lo quieren. Dicen que está aferrado al poder y no tiene voluntad real de descentralizar.

La causa penal más reciente contra Eduardo Macchiavelli fue presentada por Julieta Costa Díaz, representante de la Junta Comunal N° 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales) por contratación irregular para la reparación de veredas en las diferentes zonas de la Capital, en las que benefició a dos empresas por más de 47 millones de pesos. Según consta en la presentación radicada en el Juzgado de Instrucción N° 11, el proceder del Secretario porteño sugiere “la posibilidad de un direccionamiento de las múltiples adjudicaciones a los mismos beneficiarios y una deliberada voluntad de eludir el procedimiento de la licitación, en tanto instancia de máxima publicidad y estrictos controles”.

Macchiavelli

 

Las compañías que se alzaron con los millonarios contratos son Ecomlat SA y Derby Enland SA. La primera se constituyó como Sociedad Anónima en 2006 con el objeto de representar a firmas extranjeras para la comercialización de máquinas y herramientas de la industria metalúrgica requeridos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero, en 2013, modificó su estatuto para dedicarse a la construcción, reforma y reparación de obras públicas y privadas. Durante este año, también se creó el Derby Enland SA para la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Su titular es a la vez propietario de Santabros, una empresa dedicada al diseño, marketing y desarrollo de aplicaciones y que entre sus clientes figura el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Costa Díaz ya había presentado una denuncia contra Macchiavelli en 2014 por abandono de la protección del patrimonio del Estado y por daños causados al erario de la Ciudad, al contratar a Cunumi SA para la construcción de bulevares sobre la avenida Cabildo, destinados a ser destruidos por el avance de las obras de construcción correspondientes a las cocheras de la estación Congreso de Tucumán de la línea D, licitada y adjudicada en 2012. La obra costó 1.637.843,69 pesos.

Negocios incompatibles

Más allá de las veredas y bulevares, la denuncia penal que más pesa sobre los hombros de Macchiavelli la tramita el juez de instrucción Gustavo Pierretti y que ya se costó el puesto de uno de sus más cercanos colaboradores. Se trata de Guillermo Luis Raffo, ex director General de Obras Comunales del gobierno de la Ciudad, quien junto con el secretario porteño son investigados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Los hechos bajo la lupa de la Justicia tuvieron lugar el 4 de febrero de 2013 cuando, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Qué, “la secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana a cargo del Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli, mediante Resolución nº 77/SECGCYAC/13 aprobó la licitación pública nº 2391/SIGAF/2012 para la contratación de la obra Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca y adjudicó dicha obra a la firma INDHAL SRL por la suma de $ 2.276.318,50”.
Dos días más tarde, Raffo suscribió con Federico Jorge Saiach, en representación de la compañía, el contrato de locación de obra y orden de ejecución nº 893-2012.

A raíz de ello, el denunciante presumió que Raffo posee estrecha vinculación con la firma adjudicataria, INDHAL SRL, puesto que asegura que el 26 de marzo “la Seccional Nº 41 del Registro de la Propiedad Automotor emitió a nombre del Sr. Guillermo Luis Raffo DNI 16.226.212 una cédula autorizante para circular con el vehículo Honda Fit dominio JOY846 propiedad de la firma INDHAL SRL”.

Por ello, para Reynoso el funcionario debe haberse interesado en un contrato “orientando a la voluntad negociadora de la Administración para producir un beneficio particular y que no se hubiere producido si las negociaciones contractuales entre las partes no se hubieran visto afectadas por la mentada injerencia”.

La denuncia del abogado generó un verdadero revuelo en la secretaría de Gestión Comunal, más que nada, porque dejó expuesto a Macchiavelli quien, como su superior, debería haber estado al tanto de la contratación. Es más, fue quien firmó la lici-tación. Como consecuencia, Raffo fue apartado de su cargo. Desde el gobierno porteño, en tanto, adujeron que el funcionario presentó su renuncia y por ello fue reemplazado por la arquitecta Edith Cristina Márquez.

Ante la consulta de Qué, ninguno de los juzgados dio mayores precisiones sobre los avances de las respectivas causas contra Macchiavelli. Según órdenes expresas de los magistrados a cargo, no están autorizados a brindar información a la prensa.

Por su parte, el funcionario porteño no dio explicaciones. Sin embargo, de avanzar las investigaciones en su contra, deberá comparecer ante la Justicia. Mientras tanto, esquiva los golpes contra las cuerdas.

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