Revista Qué

14 Abr 2016 | Un agujero negro

Gastos (des)comunales

Los presidentes de las comunas facturaron millones de pesos en contratos de locación poco transparentes. Reparto discrecional del dinero, internas políticas y gastos abultados que no fueron puestos a consideración del resto de los miembros de las juntas comunales.

Científicamente, un agujero negro es una región finita del universo, compuesta por una gran concentración de gravedad en la que todo entra pero nada sale. Al parecer, en las comunas de la Ciudad hay un simbólico gran agujero negro si de ejecución de gastos se trata, porque, además de ser poco transparentes, son descomunales.

“Es un sistema feudal”. Así calificó el auditor de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, al funcionamiento actual de las comunas. “Todo pasa por el presidente y a los juntistas no les dan nada. Está armado para que no funcionen como establece la ley”, agregó. Las declaraciones del funcionario, cercano a Lilita Carrió, tienen que ver específicamente con los gastos millonarios ejecutados por los titulares de las 15 comunas por-teñas en materia de contratos de locación durante enero y noviembre de 2015.

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A partir de una investigación individual, Del Gaiso rastreó las facturaciones en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) del Gobierno de la Ciudad, al que sólo tienen acceso funcionarios oficialistas y, en su caso, como auditor, de manera restrictiva.

Con dicha información se puso de manifiesto que los presidentes comunales gastaron, en total, $ 43.391.229,57 en servicios profesionales, técnicos y operativos; es decir, en personal que no forma parte de la planta permanente de la comuna. Los gastos en este rubro son verdaderamente abultados. En promedio, cada zona de la Capital facturó dos millones y medio de pesos para contratar desde placeros, inspectores y operarios en general hasta abogados y choferes ¿Choferes? Sí, según las palabras del titular de la Comuna 11, Carlos Guzzini, en diálogo con este medio.

“No hay placeros, ingenieros agrónomos e inspectores suficientes para controlar la poda y los parques, pero manejan casi 400.000 pesos por mes en contratos de locación”, señaló, indignado, el auditor.

Como si fuera poco, este tipo de contratos no pasan por el resto de la Junta Comunal, como establece la ley 1.777. Al respecto, Facundo Carrillo, ex presidente de la Comuna 2 (Recoleta), argumentó: “Es parte de la administración general, que por ley la ejerce el presidente”. Sin embargo, en el segundo capítulo de la mencionada normativa, en donde se detallan las “Atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal”, expresamente se deja en claro “ejercer la superintendencia del personal de la Comuna. Nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente”.

Pero si a estas maniobras le faltaba algún condimento, lo tiene: es casi imposible determinar quiénes y para qué fueron contratadas estas personas, puesto que en el SIGAF sólo figura la partida presupuestaria a la que corresponden.

Contratos precarios

Todos los presidentes comunales consultados por Qué confirmaron haber gastado la suma de dinero detallada en el informe, sólo en servicios profesionales, técnicos y operativos (ver infografía). Algunos coincidieron en que debieron incurrir en ese gasto para hacer frente al personal “heredado de las UAC (Unidades de Atención Comunitaria)”, que funcionaban durante los primeros años, previo a la conformación de las juntas comunales, como las conocemos hoy. “La Comuna 2 tiene poca gente en planta de gabinete. La mayoría de los empleados son contratos de locación. Muchos heredados; por ejemplo, 18 guardianes de plaza”, confesó Carrillo, actual subsecretario de Demanda Ciudadana.

Recoleta fue el barrio que más gastó en este tipo de contratos. En total, entre enero y noviembre de 2015, el titular de la comuna facturó $ 4.286.455,99; seguido por la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco), con $ 3.577.935. Llamativamente, las mayores facturaciones se dieron en los meses mayo y agosto, es decir, en plena campaña electoral para jefe de Gobierno de la Ciudad.

Más allá de eso se registraron ciertas divergencias entre lo ejecutado y lo proyectado para el ejercicio 2015. Mientras que en algunas comunas la diferencia es menor que lo presupuestado, en otras es mayor. Por ejemplo: en la Comuna 13 se gastaron $ 442.945 más. Misma situación ocurrió en la 7, manejada por Guillermo Peña: $ 777.935.

En tanto, en la Comuna 4 gastaron $ 795.998 menos del “supuesto” dinero disponible para tal fin. “Si hubiese tenido toda esa plata, la gastaba”, admitió el titular, Jorge Apreda. “Muchas veces, lo que sucede es que hayan presupuestado ese monto pero no nos giraron la plata”, señaló, y agregó que “nosotros no tenemos jurisdicción para ejecutar el presupuesto”.

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Apreda no miente. En 2015, el que manejó todo el dinero fue el por entonces se-cretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, quien era el encargado de repartir el dinero.

Sin discreción
En estricto off the record, un funcionario comunal reveló a este medio que la distribución del di-nero a las comunas se realizó de “manera discrecional” y no en relación con la necesidad de cada barrio y cantidad de habitantes, como fija la ley. Según el censo 2010, la Comuna 2 tenía 157.932 habitantes; la Comuna 13 contaba con 231.331; y
en la 4 vivían 218.245 personas “¿Cuánta plata recibió cada una? La diferencia es notable. Recoleta recibió mucho más que la 4, a pesar de que tiene menos habitantes. Los que más recibieron fue porque ‘arreglaron’ con Macchiavelli”, apuntó.

En este sentido, no solamente los comuneros de la oposición son discriminados en las juntas; entre los mismos presidentes existiría idéntico modus operandi. Ya se sabe que la Procuración de la Ciudad se declaró incompetente para dictaminar sobre los actos administrativos presuntamente irregulares de los titulares de las comunas. Pasó con Maximiliano Corach, con Carlos Guzzini y Marcelo Iambrich; todos acusados ante el organismo descentralizado.

Para el auditor Facundo del Gaiso, la única vía para avanzar en este sentido es la judicial: “El juntista tiene que hacer la denuncia. Tengo dictamen de auditoría que los presidentes podrían estar en situación de denuncia penal. Si si-guen así van a terminar todos en la Justicia”.

Algunos ya se animaron y recurrieron a Tribunales. Aún esperan que los jueces se expidan. Otros prefieren mantenerse ajenos, por ahora, pero saben que quizá sea el camino más efectivo para que la situación cambie.

Lo cierto es que en 2015 se facturaron millones de pesos en contratos poco transparentes; hubo reparto discrecional del dinero y gastos abultados que no fueron puestos a consideración del resto de los miembros de las juntas comunales. Un verdadero agujero negro que, además de rozar la ilegalidad, no deja de empeorar.

 

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 79 DE QUÉ.

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