Revista Qué

14 Sep 2016 | INFORME COMUNAL

Gestionan como reyes

Un documento elaborado por la Auditoría General de la Ciudad analiza el accionar de los presidentes de varias comunas que son denunciados con frecuencia por hacer y deshacer a su antojo dentro de las Juntas. A 11 años de su sanción, la Ley 1.777 sigue lejos de cumplirse. Es el sistema feudal de la Ciudad […]

Un documento elaborado por la Auditoría General de la Ciudad analiza el accionar de los presidentes de varias comunas que son denunciados con frecuencia por hacer y deshacer a su antojo dentro de las Juntas. A 11 años de su sanción, la Ley 1.777 sigue lejos de cumplirse.

comunasreyes

Es el sistema feudal de la Ciudad de Buenos Aires. Con ese rótulo, el primero de septiembre pasado el auditor porteño Facundo Del Gaiso presentó un informe de gestión comunal, justo a 11 años de la sanción de la Ley 1.777 que establece cómo deben gestionarse las comunas de la ciudad de Buenos Aires.

En el documento al que tuvo acceso Qué, se describe un balance general del accionar de los jefes comunales en diversos distritos porteños. El mismo pone el foco en las comunas 6 (Caballito), 10 (Villa Luro, Vélez Sarsfield, Floresta, Montecarlo, Villa Real y Versalles), 11 (Devoto, Villa del Parque, Santa Rita y General Mitre), 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y 14 (Palermo).

El eje de la cuestión yace en una problemática que con frecuencia es puesta sobre el tapete y da lugar a internas constantes en el ámbito político porteño: la falta de diálogo y conexión entre los presidentes de las Juntas y los comuneros, que con notable asiduidad denuncian no ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones, y se quejan que las mismas se resuelven puertas adentro, en las oficinas de los presidentes.

En ese marco, la primera en caer es la Comuna 6, hoy presidida por Hipólito Forno. En 2014, durante el mandato de Marcelo Iambrich, todas las contrataciones fueron realizadas sin el aval de los juntistas y a través del Decreto 556/10 de compras o bienes y servicios. Al menos eso fue lo que denunciaron a la Auditoría varios comuneros. De comprobarse que efectivamente no se ha dado intervención a la Junta Comunal y no se ha justificado debidamente la utilización de los mecanismos excepcionales, o se ha direccionado hacia algún proveedor en particular, “nos encontramos frente a la posible omisión de delito, previsto en el artículo 284 del Código Penal que refiere al incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señala el escrito.

En lo que concierne a la Comuna 10, el conflicto pasa por la licitación vigente del arbolado público. La li-citación 27/15 de Mantenimiento Integral de arbolado arroja precios unitarios muy elevados. Cuatro miembros de la Junta Comunal señalaron que la empresa Casa Macchi S.A cobra 1.500 pesos por cada árbol plantado, cuando su valor de mercado no supera los 500.

Por su parte, la Comuna 11 tampoco escapa a las irregularidades que hallan su génesis en el inicio de la nueva gestión que se puso en marcha el 10 de diciembre de 2015. De movida, se registraron falencias de control interno de información, impedimento de acceso a las actas anteriores, antecedentes de licitaciones, papeles de trabajo y claves de acceso al sistema Sade y Sigaf. Asimismo, se encontraron sobreprecios en la Licitación 1440/SIGAF/14, que se ocupa del mantenimiento de los espacios verdes. Un informe de la comunera de la Coalición Cívica, Carolina Maccione,
concluyó en que hubo un sobreprecio del 400 % en la compra de hamacas para las plazas. En esa materia, el Gobierno de la Ciudad desembolsó $122.043,17 para el reemplazo de 23 juegos en diversos parques de los barrios Villa del Parque, Santa Rita, Devoto y General Mitre. Sin embargo, según consta en la documentación oficial, las hamacas costaron entre 4.800 y 6.500 pesos, bastante más que el monto que habría que pagar para conseguirlas por Internet, donde a precio de mercado cuestan entre $ 900 y $ 1.500.

Además, el informe de la Auditoría nombra a la Comuna 13 y señala que “han sucedido faltas graves a la ley con las licitaciones de la reparación de veredas”. El asunto es que el presidente Gustavo Acevedo hizo llamados a licitaciones privadas de obras menores por cuenta propia y sin consultar a la Junta, algo que va en contra no sólo de la Ley de Comunas 1.777 sino también de la de Contrataciones de la Ciudad. El llamado de ambas licitaciones genera un desdoblamiento presupuestario y supera el límite que un organismo público puede destinar para obras de la misma especie en un período inferior a los tres meses.

Otro punto clave en el distrito que preside Carlos Guzzini es una denuncia efectuada por un juntista en relación con dos empresas que, presuntamente, compitieron falsamente en un llamado a li-citación privada. Ellas son Majo Cons-trucciones e Ingecom. Ambas guardan un vínculo estrecho al compartir integrantes de los directorios y pertenecer al mismo grupo familiar. El llamado en cuestión “fue armado de manera tal que sólo 24 horas después de su publica-ción se realizó la visita de obras, teniendo como resultado en nueve días la culminación de un proceso que generalmente lleva semanas o meses”, indicaron a este medio.

Otro tema que arrastra polémica desde hace rato es el proyecto a construir en el predio M-2, que por ley debe ser una plaza al estar tipificado como Urbanización Parque (UP) en el Código de Planeamiento urbano. El mismo fue licitado por el ministerio de Modernización de la Ciudad y no contó con el tratamiento correspondiente ni en la Junta ni en el Consejo Consultivo. En tanto, la iniciativa prevé la construcción de un estaciona-miento subterráneo de 250 cocheras, un sum y un complejo de locales comercia-les a cielo abierto.

En Palermo, como ha informado Qué en ediciones anteriores, el presidente de licencia desde que quedó a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Maximiliano Corach, fue denunciado ante la Procuración General de la Ciudad por comuneros que lo acusan de malversación de fondos públicos. Según el documento, Corach aprobó “compras, contrataciones, li-citaciones, nombramiento de personal, prestación de servicios y gastos de caja chica”, en los rubros de Arbolado por un total de $ 4.429.733; Compras y contrataciones por $ 101.694,40; “Veredas”
por $ 10.484.512; Espacios Verdes, por $ 6.129.155,96; Personal por $ 3.535.434; y Caja Chica Común y Especial por un monto de $746.000. Es decir que, en total, la ejecución presupuestaria alcanzó los 25.426.529,78 de pesos.

Gastos en locacion de servicios

El presupuesto inicial para las 15 comunas en 2015 ascendía a 41.500.000 pesos para ejecutar gastos en contratos de locación, pero el número subió un 22 % para ajustarse a las abultadas contrataciones realizadas, aumentando así a $ 50.659.359.

En total, el dinero invertido en personal que no forma parte de la planta permanente de las comunas fue de $ 50.221.316,66, lo que hace un promedio mensual por distrito de $ 279.007,31.

Dato llamativo: el gasto se incrementa en los meses en los que transcurrió la campaña electoral del año pasado. Por ejemplo, para las elecciones primarias a Jefe de Gobierno, en abril, hubo un aumento en el promedio mensual de las comunas del 25 % en la facturación de marzo con respecto al mes anterior. En tanto, para las primarias presidenciales
de agosto, hay un incremento del 16 %.

Sin embargo, cabe mencionar que este tipo de contratos siempre se efectúa a espaldas de las Juntas Comunales, por lo que se viola lo establecido por la Ley de Comunas 1.777 que, en uno de sus apartados, define como “atribuciones y obligaciones” de cada Junta el “ejercer la superintendencia del personal” y nombrarlo y/o removerlo de acuerdo con la legislación vigente.

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #101 DE REVISTA QUÉ

Compartir
?