Revista Qué

25 Sep 2014 | Decreto polémico

Imputan a jefes de comunas

Los presidentes de doce Juntas Comunales de la ciudad de Buenos Aires fueron denunciados penalmente por el grave delito de aprobar la intervención de las Comunas a través del  nombramiento de gerentes designados por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante el Decreto 251/14, que anula el proceso de descentralización y deja sin efecto la […]

Los presidentes de doce Juntas Comunales de la ciudad de Buenos Aires fueron denunciados penalmente por el grave delito de aprobar la intervención de las Comunas a través del  nombramiento de gerentes designados por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante el Decreto 251/14, que anula el proceso de descentralización y deja sin efecto la voluntad de los vecinos en el ámbito comunal.

comunas

La denuncia fue realizada por Sergio Oscar Valenzuela, miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 1, quien consideró que “este accionar se convierte en un hecho ilícito y un delito grave por parte de los jefes comunales, ya que no pueden tomar ese tipo de decisiones porque es violatoria de la Constitución y, peor aún, carece del mandato expreso del resto de los comuneros que conforman cada Junta”.

La acusación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” es contra los presidentes de las Comunas, Brunet, María Cristina; Carillo, Facundo; Etchezuri, Christian Rubén; Apreda, Héctor Jorge; Bouza, Marcelo Claudio; Iambrich, Marcelo Alejandro; Peña, Guillermo Martín; Ferrari, Agustín Marcos; Guzzini, Carlos Alberto; Acevedo, Gustavo Javier; Corach, Maximiliano; y Crevena, Ignacio Carlos”; y se encuentra radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 7, a cargo del  Dr. Raúl Juan Emilio García.

Cabe destacar, que el Decreto 251, publicado el 25 de junio de este año en el Boletín Oficial, permitía a funcionarios designados por el Jefe de Gobierno, realizar las funciones que la Constitución de la Ciudad otorga a los juntistas elegidos por los vecinos, como control presupuestario, designación de personal y contratación directa, entre otros.

Por tal motivo, más de 30 comuneros presentaron en julio una acción de amparo, por considerar que este “golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las Comunas contradice la Constitución”.

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