Revista Qué

22 Oct 2012 | DERRUMBES EN LA CIUDAD

Nadie se hace cargo

Luego de la caída del techo del Club Albariño, en el barrio de Villa Lugano, los socios aseguran que ningún representante del gobierno porteño se acercó al lugar. Por otra parte, la Auditoría General de la Ciudad y la Liga de Consorcistas exigieron a los funcionarios que se realicen más controles para evitar que ocurran estos incidentes.

El derrumbe se produjo durante la tormenta del sábado.

En diálogo con la revista Qué, miembros del club explicaron que están tratando de que los ayuden, pero hasta el momento no se hizo presente ningún representante del gobierno. Asimismo advirtieron que tampoco tuvieron respuesta por parte de los legisladores, ni oficialistas ni de la oposición.

El techo se derrumbó en la madrugada de este sábado y, si registraron graves daños materiales, ninguna persona sufrió heridas.

Alejandro Bianchetti, vocero de la institución, precisó que el siniestro se produjo a las 5.40 “cuando estaba en el club junto a otros integrantes de la comisión directiva, preparándonos para un partido que iban a disputar las delegaciones infantiles esta mañana”.

“No ocurrió una desgracia porque sucedió temprano, porque los sábados viene muchísima gente al club al igual que los días de semana donde pasan alrededor de mil chicos y también funciona el centro cultural del barrio Copello”.

En ese mismo plano, la abogada de la Liga del Consorcista, Victoria Loisi se refirió a la responsabilidad del gobierno porteño cuando hay derrumbes: “Son constantes las denuncias de propietarios a los administradores por fallas en los inmuebles, pero ante la falta de inspectores y de intimaciones del gobierno, muchos consorcistas se dejan estar y, además, muchos ni saben que existe una ley específica”.

La abogada también indicó que la actual gestión, en virtud de la ley 257 sancionada en el año 2000, “espera sentado a que el administrador del edificio resuelva todo, en lugar de realizar controles en las fachadas o enviar intimaciones”.

Los llamados al 103 por peligro de derrumbes son diarios en una ciudad que posee numerosos edificios antiguos que necesitan mantenimiento periódico. El último de ellos ocurrió hace pocos días cuando parte de un mampostería cayó en la esquina de Corrientes y Talcahuano, sin ocasionar víctimas.

La ley 257 que rige en la ciudad desde el año 2000 establece la obligación para los propietarios de mantener en buen estado las fachadas de las que puedan producirse desprendimientos con eventual daño a las personas o bienes.
El cumplimiento de esta obligación se verifica con la presentación de un informe técnico y de un certificado de conservación emitido por un profesional habilitado para realizar las verificaciones el que se deberá presentar ante el Gobierno de la Ciudad.

El auditor General porteño, Eduardo Epzteyn, dijo a Télam que el gobierno de la ciudad “no envía las intimaciones para que se presenten los certificados, que fue lo que sucedió en el caso del joven fallecido en la zona de Tribunales cuando le cayó una marquesina en agosto pasado”.

Epzteyn denunció que “hay cinco años de inacción de la Agencia Gubernamental de Control, motivo por el cual se caen las mamposterías, existe una falta de control en la ley 257 y una alarmante ausencia de intimaciones”.
“No puede ser que los porteños, cada vez que llueve, tengamos miedo que se nos caiga parte de un balcón en la cabeza” sostuvo el auditor.

En defensa de los consorcistas, Loisi aseguró que “el 60 o 70 por ciento de los ingresos que cobran los administradores son para pagar sueldos al personal y las respectivas cargas sociales, existe poco margen para efectuar reparaciones”.

La letrada destacó que lo que hacen los consorcistas es “contratar a un profesional para verificar el estado del inmueble y presentar la certificación ante el gobierno de la ciudad, pero allí piden prórrogas para realizar las reparaciones”.

Para Atilio Alimena, defensor del pueblo adjunto de la ciudad, “no hay una cultura de la prevención del accidente, al margen de la falta de recursos, existe la decisión de ciertos propietarios de pagar las multas, que son leves e insignificantes en relación al costo que le demandaría arreglar el edificio”.

Explicó que desde que está en vigencia la ley 257, un relevamiento efectuado por la Defensoría detalló que su grado de cumplimiento apenas si llega al 7 por ciento.

“El Gobierno de la ciudad envía intimaciones pero tampoco se exige que el profesional que realiza las verificaciones, tenga la idoneidad suficiente para poder detectar las diversas patologías que puede tener un edificio”, y añadió: “tampoco hay una buena comunicación en cuanto a los alcances de la ley 257″.

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