Revista Qué

5 Nov 2012 | RIACHUELO

Piden el juicio político para el juez

El Gobierno Nacional pidió el juicio político al magistrado que lleva la causa por la contaminación del Riachuelo. Aseguran que favoreció contratos millonarios.

El juez Luis Armella fue denunciado por el Gobierno Nacional por complicidad en las contrataciones que debió hacer la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).

El magistrado lleva adelante la sentencia de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo” desde el 2008, habiendo sido designado en ese momento por la Corte Suprema de Justicia.

Según la denuncia elevada por el Gobierno al Consejo de la Magistratura, el juicio político debería hacerse en base a las presuntas vinculaciones de Armella con las empresas que realizaron las obras en el Riachuelo.

En la denuncia se afirma que el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución, siguiendo las resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.

Las empresas mencionadas en el informe son: San Martin 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Vial Rogo Cosntructoria S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía constructora M&T S. A. y Kartonec S.A.

Pese a que algunas de las contrataciones debían hacerse mediante licitación pública, por exceder el presupuesto de dos millones de pesos, este paso era omitido por la excepción a partir de las razones de urgencia que esgrimía Armella. Así fue la contratación directa de la Compañía Constructora M & T S.A por un monto de 3 millones y medio de pesos.

Una mención especial merece la operatoria de clausura de la totalidad de las canteras que se mantenían operativas en la Cuenca Matanza-Riachuelo y que derivó en la paralización de la construcción de la Autopista Presidente Perón. En este caso, el propósito habría sido liberar de competencia a la firma Gildin S.A., que opera en el partido de Berazategui.

La denuncia del Gobierno Nacional menciona también la posible colaboración de funcionarios designados por el juez en la ACUMAR, quienes “elaboraron o participaron en la confección de los proyectos a través de los cuales se realizaron las contrataciones irregulares”. Entre estos funcionarios destaca Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, ex teniente de la Policía Bonaerense, exonerado por corrupción.

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