Revista Qué

29 Oct 2012 | HOSPITAL BORDA

Un freno al traspaso

El sueño de Mauricio Macri de abrir el Centro Cívico en el predio del Borda quedó, por el momento, truncado. La jueza Patricia López Vergara ordenó parar los intentos de construcción hasta que resuelva un amparo que presentaron los delegados de los Talleres Protegidos del hospital.

Una cautelar suspende las obras en el Borda

Una cautelar suspende las obras en el Borda.

Esta iniciativa era la obra más importante que tenía pensado el Pro de cara a futuras campañas electorales. El mandatario la había presentado en septiembre pasado, y se trataba de la construcción de un edificio donde se ubicarían las oficinas del gobierno porteño. La intención, de alguna manera, era descomprimir la zona céntrica, donde se encuentran en la actualidad.

Según publica Página 12, además de la Jefatura de Gobierno, se mudarían allí la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General y los ministerios de Hacienda, Espacio Público, Educación y Desarrollo Urbano. En total, irían unos 4500 empleados. Según los cálculos macristas, la obra estaría avanzada en 2013 y se completaría antes de la campaña de 2015, donde podría ser uno de los caballitos de batalla.

El Ministerio de Desarrollo Urbano, que conduce Daniel Chain, organizó un concurso de proyectos con la Sociedad Central de Arquitectos y el 13 de febrero de este año ya estaba en marcha la licitación.
El 1º de agosto se adjudicó la obra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA. por la bicoca de 369 millones de pesos.

Los primeros problemas se dieron cuando quisieron comenzar la construcción, los trabajadores del Borda y organizaciones sociales lo impidieron, motivo por el cual se decidió enviar a la Policía Metropolitana a intentar desalojarlos.

Pero se encontraron con un problema más. El diario Página 12 publicó que tras un pedido de asistencia de parte del delegado de los Talleres Protegidos del Borda, Marcelo “Nono” Frondizi, y el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, el defensor adjunto de la Defensoría General de la Ciudad comenzó una investigación sobre la situación de la zona donde pensaban construir el Centro Cívico y se encontró más de una omisión:

La zona fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de abril de 1999. Comprende al “Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología y al parque aledaño”.
En ese sentido, la ley 12.665 señala que “los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte (…) sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos”.

El 4 de octubre la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos envió un comunicado al jefe de Gobierno en el que le plantea que “hasta tanto este organismos no se pronuncie, deberá abstenerse de iniciar tareas inconsultas”. La indicación no tuvo ninguna respuesta por parte de la gestión PRO.

La ley porteña 1227 señala que el Patrimonio Histórico de la Ciudad lo constituyen todos los bienes declarados Monumento Histórico. Por este motivo, la zona tiene proyección ambiental –que implica que no se pueden cambiar el “diseño paisajístico” ni retirar los árboles existentes– y los edificios el nivel de protección cautelar.

Bajo el lugar de construcción hay un “yacimiento arqueológico urbano”, que consiste en túneles, sótanos y pasadizos. Estos túneles –que no fueron relevados previamente– conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. En el pliego licitatorio que elaboró el macrismo, hay un inciso que deja en manos de las empresas contratistas la responsabilidad de preservar y entregar cualquier material arqueológico que se halle. “Esta cláusula constituye un acto propio de reconocimiento del valor histórico de la zona”, sostiene Gallardo.

Al proyecto le falta un estudio de impacto ambiental. El informe de la defensoría general señala que el monto multimillonario de la contratación “permite abrigar serias dudas sobre la eventual real efectividad de la protección ambiental”, ya que se iba a hacer en simultáneo con la licitación para que se construyan los 50 mil metros cuadrados del Centro Cívico. Lo lógico es que se haga antes.

A raíz de la investigación de Gallardo, el defensor general Mario Kestelboim pidió un amparo como patrocinante de Frondizi, de los Talleres del Borda, y López, de UTE-Ctera. Los sindicalistas solicitaron una medida cautelar que frene las obras del Centro Cívico, ya que Macri y sus ministros “carecían de competencia para dictar los actos que emitieron, publicaron y ejecutaron, sin la intervención previa de distintos organismos y áreas que tienen a su cargo aplicar las normas de protección”, entre ellas, la Comisión Nacional de Museos o el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por la existencia de un yacimiento arqueológico. Tampoco intervino el Consejo del Plan Urbano Ambiental, un órgano del gobierno porteño que incluye cuadros técnicos. Y falta el dictamen de la procuración, que es obligatorio en todas las licitaciones que superen el millón y medio de pesos.

Pidieron, además, la nulidad de la licitación que aprobó Macri con el decreto 121. “La licitación no ha tenido en cuenta aspectos esenciales para la protección del patrimonio histórico de la Ciudad”, indicaron. No se ha “fijado expresamente la forma en la que se realizaría la efectiva tutela de ese patrimonio ni en su finalidad está claramente expresada ni menos aún acreditado debidamente de qué manera la faraónica obra aquí aprobada sirve a los intereses colectivos cuya defensa persigue esta acción” de amparo.

La jueza López Vergara hizo un análisis minucioso de la documentación y de las leyes previstas para la protección patrimonial y ambiental. “De la normativa reseñada y la documental adjunta no surgiría que se hubieran cumplido los requisitos establecidos por la ley para la realización de obras en sitios declarados monumentos históricos, ni para la protección de las reliquias arqueológicas que pudieran encontrarse”, concluyó la magistrada al conceder la medida cautelar.

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