Revista Qué

7 Mar 2016 | Polémica

Alquileres: la oposición presiona por control

En medio de la denuncia de organizaciones de inquilinos por abusos en los contratos, la oposición presentó distintas iniciativas para generar un marco de reglas, mientras que hay otros bloques que trabajan en proyectos similares.

En medio de las denuncias de abusos de precios y condiciones de los alquileres, diferentes bloques parlamentarios de la Legislatura Porteña presentaron proyectos de ley que apuntan a generar un marco de reglas claras con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA), acusado de cobrar dos meses de comisiones de manera ilegal.

Por caso, el diputado Adrián Camps del Partido Socialista Auténtico y la titular del bloque de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, presentaron iniciativas de ley para hacer frente al reclamo, mientras que desde el Frente para la Victoria se deslizó que se trabaja en el mismo sentido en pos de los derechos de inquilinos, y que a la vez el bloque Confianza Pública alertó por el cobro ilegal de los dos meses de comisiones.

En concreto, Camps presentó un proyecto para modificar la Ley del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios -Nro. 2340- a fin de establecer el monto máximo que las inmobiliarias pueden cobrar como comisión en operaciones del alquiler. “Las personas que hoy ven vencer su contrato están en un verdadero drama. Actualmente, no existe ningún tipo de asistencia crediticia para financiar esta situación o facilitar el acceso a la vivienda. Desde la Legislatura debemos ofrecer soluciones”, advirtió el diputado socialista.

En la Ciudad de Buenos Aires, un tercio de la población alquila. Al aumento de las locaciones, del orden del 40 por ciento, hay que sumarle el abuso de muchas inmobiliarias quienes “cobran dos o más meses de comisión a todos aquellos que inician un nuevo contrato. Esta situación vuelve prohibitivo el acceso a la vivienda digna para muchos ciudadanos porteños, a quienes no les han actualizado el valor del sueldo o cobrarán un aumento por debajo de sus necesidades en dos o tres cuotas”, señaló.

La iniciativa de Camps propone modificar el Art. 11 Inc. 2 de la Ley 2340, para que el 4.15 por ciento del monto total del contrato -equivalente a un mes de alquiler- quede establecido como el máximo que un corredor puede cobrar como comisión. Tal como está redactada la norma no queda claro y cada inmobiliaria cobra lo que le parece. “Este proyecto terminaría con la discusión”, explicó el autor.

“Durante la apertura de sesiones legislativas, la única propuesta del Jefe de Gobierno porteño en materia de vivienda fue una posible política crediticia a través del Gobierno Nacional. Nada en concreto. Este debe ser un tema prioritario para la Ciudad”, apuntó el legislador del PSA.

alquileres

Por su parte, la presidente del bloque de legisladores de la Coalición Cívica ARI, Paula Oliveto Lago,  presentó  un proyecto de ley para crear el Programa de Control de Locaciones Urbanas  cuyo fin  es ejercer el control de legalidad de dichos contratos. “En la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente  900 mil personas son inquilinas,  por eso resulta imperioso atender esta problemática  ya que las condiciones impuestas por el mercado dejan a los inquilinos en una situación de desamparo que menoscaba el derecho a la vivienda digna establecido en la Constitución de la Ciudad” señaló la diputada.

Oliveto Lago expresó que es necesario “garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y es el Estado quién debe asegurar que se cumplan las leyes”. Y continuó: “no podemos permitir que sea el mercado el que establezca de manera exclusiva las condiciones en una situación caracterizada por la disparidad de fuerzas”

“El cobro de comisiones excesivas por parte de las inmobiliarias es una práctica vigente y constituye una situación abusiva que menoscaba los derechos de los inquilinos” señaló la legisladora. “Es por eso que este programa brindará asesoramiento legal gratuito, atenderá los reclamos de las partes intervinientes, establecerá una instancia de mediación voluntaria y verificará la legalidad de los contratos de locaciones urbanas”, finalizó la dirigente de la CC-ARI.

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