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1 Dic 2017 | Comisiones - Legislatura

Avanza la concesión de edificios del zoológico

Las Comisiones de Presupuesto y Espacio Público firmaron el dictámen que autoriza la concesión por un período de 30 años. También avanzaron otros asuntos que tienen pedido de tratamiento preferencial para el jueves 7. Trabajo de otras comisiones. En una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y Protección […]

Las Comisiones de Presupuesto y Espacio Público firmaron el dictámen que autoriza la concesión por un período de 30 años. También avanzaron otros asuntos que tienen pedido de tratamiento preferencial para el jueves 7. Trabajo de otras comisiones.

En una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y Protección y Uso del Espacio Público, se firmó el dictámen favorable del proyecto de ley que propicia autorizar la concesión del uso y explotación por un período de 30 años de los edificios y los nuevos espacios que se encuentran del predio Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”.

El proyecto sobre el terreno ubicado en la avenida Sarmiento N°2715 esquina con avenida Santa Fe, esquina República de la India, esquina avenida Gral. Las Heras e intersección con avenida Del Libertador, tiene por objeto dotar de las herramientas necesarias a la institución para continuar con la progresiva transformación dispuesta por la Ley N° 5.752. Permite financiar, a través de la participación privada, las inversiones y erogaciones necesarias para garantizar los estándares de bienestar animal, los programas de conservación y los proyectos educativos y de investigación.

El predio de una superficie de 167.522,96 m2 está integrado por diversos edificios, obras de arte y conjunto de árboles notables, cuyo conjunto edilicio paisajístico-ambiental, artístico y ornamental fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante Decreto N° 437/PEN/97. Constituye un paseo único en su tipo, que presenta a las distintas especies rodeadas de los estilos arquitectónicos de sus lugares de origen, con un marco engalanado por esculturas de Emilio Canovas, Emilio Sarguinet y Lola Mora.

Atento a ello, el proyecto de ley postula que el Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar la intervención de los organismos competentes en materia de preservación y restauración del patrimonio histórico y cultural en los procesos de elaboración de los pliegos de bases y condiciones a fin de salvaguardarlo. En este sentido, atento a las características propias del proceso, el costo que implica la restauración y mantenimiento de los edificios históricos, el estimativo de las inversiones que deberán realizar los concesionarios para la readecuación de instalaciones, resulta necesario conceder un período de hasta 30 años a fin de que posibilite la adecuada amortización de las mismas. La iniciativa fue elevada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Representantes de diferentes organizaciones se manifestaron en contra de la iniciativa durante el encuentro y argumentaron que el proyecto desatiende el factor animal y además tiene un impacto ambiental negativo, por lo cual se debería rever y presentar un nuevo plan de Ecoparque.

De conformidad con lo establecido el artículo 82, inciso 5 de la Constitución porteña, la Legislatura debe aprobar toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años.

La reunión que se efectuó en la Oficina 15 de la planta principal, fue presidida por el diputado Gabriel Sahonero (PRO) quien estuvo acompañado por sus pares Alejandro García -presidente de la Comisión de Prespuesto-, Agustín Forchieri, Emilio Raposo Varela, Natalia Persini, Paula Villalba, Lía Rueda, Christian Bauab, Cristina García (PRO), Claudio Heredia, Silvia Gottero (BP), Javier Andrade (FpV), Marcelo Depierro (MC), Adrián Camps (PSA), Paula Oliveto (CC) y Laura Marrone (FIT).

Transferencia de competencias penales de la justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad

La Comisión parlamentaria de Justicia se reunió para firmar el dictámen favorable a la transferencia progresiva de competencias penales establecidas en la Ley Nacional N° 26.702, para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 26.702, a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que determine, procederá a arbitrar los medios necesarios para realizar la estimación y liquidación mensual, con las correspondientes actualizaciones de los importes respectivos, en los términos previstos por el artículo 8º de la Ley N° 23.548, a efectos de que la transferencia de competencias penales establecida en el artículo 1° de la presente Ley sea realizada en base a lo determinado en el Convenio de Reasignación de Recursos Financieros, de acuerdo al artículo 75 inciso 2) de la Constitución Nacional”, expresa el artículo 2 del proyecto presentado por la diputada Paula Oliveto Lago (CC).

Además, se dispone que la norma entre en vigencia a los 60 días de la celebración del Convenio de Reasignación de Recursos Financieros, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta del Anexo de la Ley N° 597, a la Cláusula Tercera del Convenio aprobado por la Ley N° 2.257 y al artículo 6º de la Ley Nacional Nº 26.702.

Durante el encuentro efectuado en la sala Jauretche de la sede legislativa, además, se firmó el dictamen sobre un proyecto de ley presentado en similar sentido por la diputada María Rosa Muiños (BP). Presidió el titular de la Comisión, Daniel Presti (PRO) y estuvieron sus pares Juan Pablo Arenaza, Clodomiro Risau, Diego Marías, Emilio Raposo Varela (PRO), Paula Oliveto Lago (CC) y María Rosa Muiños (BP).

Aceptan renuncia de Presman y Fuks candidato a Defensor del Pueblo Adjunto

En reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, se aceptó la renuncia elevada por Claudio Presman, uno de los Defensores Adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se realizó la Audiencia Pública correspondiente donde expuso el candidato a ocupar la vacante, el actual legislador Gabriel Fuks (CNM), que finalizará su mandato el 10 de diciembre próximo.

Presman dejó su cargo en la institución para desempeñarse como Interventor en el INADI, según el Decreto 435/2017 publicado en el Boletín Oficial, que establece su designación por un período de 180 días.

Participaron la diputada Paula Villalba (PRO), presidente de la Junta de Ética, el diputado Clodomiro Risau (PRO), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y los diputados Daniel Presti, Diego Marías, Alejandro García, Agustín Forchieri, José Luis Acevedo, Cristina García, Carmen Polledo (PRO), Paula Oliveto Lago (CC), María Rosa Muiños (BP) y Javier Andrade (FpV).

Comisión de Asuntos Constitucionales

Firmó dos dictámenes favorables. Uno, vinculado a los sujetos obligados a brindar información pública. El proyecto amplía el ámbito de aplicación subjetiva de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública (subrogada por Ley N° 5.784). “Ampliar el ámbito de aplicación subjetiva de la Ley N° 104 a los concesionarios, permisionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuestas debidamente autorizados por la autoridad competente, resulta consistente con las posturas adoptadas por esta Legislatura, tanto en lo atinente a la regulación de los juegos de azar, destreza y apuestas, como en lo referente a ampliar activamente el acceso a la información pública en asuntos que resultan de entidad para la ciudadanía”, afirman los fundamentos de la iniciativa que lleva las firmas de los diputados Carmen Polledo y Francisco Quintana (PRO).

Por otra parte, avanzó la propuesta del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, que postula derogar el artículo 1 de la Ley N° 3371 y modificar el artículo 8° de la Ley 3 el que quedaría redactado de la siguiente manera: “El Defensor del Pueblo percibe igual remuneración que los diputados o diputadas de la Ciudad. Le corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo y a sus Adjuntos un adicional del 25 por ciento sobre su sueldo básico, por bloqueo del ejercicio de su profesión en el ámbito de la Ciudad”.

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