Revista Qué

28 Sep 2016 | Proyecto Bien Común

Cierre de prostíbulos en CABA

El proyecto de ley fue presentado por el legislador de Bien Común, Gustavo Vera, con el objetivo de poner fin a las habilitaciones que encubren los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo  se tratará el jueves 29 de septiembre en la Legislatura, con el inminente respaldo de por lo menos 40 diputados. El […]

El proyecto de ley fue presentado por el legislador de Bien Común, Gustavo Vera, con el objetivo de poner fin a las habilitaciones que encubren los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo  se tratará el jueves 29 de septiembre en la Legislatura, con el inminente respaldo de por lo menos 40 diputados.

El proyecto de ley cuenta con el multitudinario apoyo de otros bloques, y plantea modificar el Código de Habilitaciones para derogar la figura de las alternadoras más conocidas como coperas y bailarinas que es la manera de encubrir como empleadas a las víctimas de trata y explotación sexual dentro de los locales nocturnos Clase A.

Ese tipo de local suelen llamarse wiskerías, cabarets, bar, boliches pero que en realidad son prostíbulos prohibidos en todo el país por la ley de Trata, ley de Profilaxis y los convenios internacionales contra la prostitución por cuenta ajena y trata y el Convenio Contra Toda Forma de Discriminación de la Mujer.

Gustavo Vera

Gustavo Vera

En ese marco el diputado Vera señaló que “en todo el mundo quedó demostrado que las habilitaciones de cabarets Clase A con régimen de alternadoras son el disfraz o la coartada perfecta que usan los proxenetas o tratantes”.

“Cuando hablamos de coperas hablamos de prostitución y no por cuenta propia, sino por cuenta ajena donde se benefician otros sectores”, indicó en declaraciones radiales.

El diputado y referente del partido Bien Común sostuvo en ese aspecto que “alrededor de la explotación sexual de estas mujeres hay redes de criminalidad con alto nivel de complicidad estatal”.

Además, detalló que el proyecto no fue aprobado cuando lo presentó por primera vez en 2014, por “una presión brutal que ejercía Juan José Gómez Centurión, que en ese entonces era titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)”.

“Los legisladores de ese entonces hubiesen firmado si no fuese por la presión brutal que ejercía Gómez Centurión, que decía que de esta manera se hacía una mejor inteligencia del lugar. Pero después se dieron a conocer que Newport se allanó por trata, Stavros que allanó el juez Sebastián Casanello y estaba habilitado por la AGC”, señaló el también presidente de la ONG Alameda.

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