Revista Qué

21 Ene 2016 | Policía Federal

El FpV reclama precisiones del traspaso

A pocos días de la votación, el Frente para la Victoria sembró dudas e interrogantes sobre distintos aspectos del Convenio de Traspaso entre la Nación y la Ciudad: la cooperación, alcances de funciones y objetivos entre las preguntas.

A pocos días de la aprobación del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, el bloque porteño del Frente para la Victoria expuso interrogantes sobre distintos aspectos en relación al traspaso de la fuerza y sostuvo que el convenio es “ambiguo” y lo calificó más que nada como “una carta de intención”.

“Delega la resolución de las eventualidades que puedan surgir en un acuerdo entre los ejecutivos”, consideró el bloque K, al tiempo que abogó por “un estricto control parlamentario y la participación de la sociedad a través de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de violencia institucional”.

En ese sentido, el nucleamiento que conduce Carlos Tomada adujo falta de información sobre los criterios con los que se definieron los recursos de la PFA a ser transferidos y, asimismo, sobre la existencia o no de un plan de seguridad al respecto a partir de la llegada de los nuevos agentes.

“Si el criterio elegido para la transferencia de recursos responde a un plan de despliegue policial en la CABA, es indispensable conocer los pormenores del mismo. En dicho plan deberían estar detallados: los recursos con los que cuenta la Policía Metropolitana en la actualidad, cuántos agentes se abocan a la investigación y cuántos a la prevención, cuáles los recursos estimados necesarios para cubrir el despliegue a lo largo de toda la Ciudad una vez culminado el traspaso y cuál será el despliegue de esos recursos (desde agentes hasta las mismas comisarías)” expuso el espacio.

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Los diputados kirchneristas, sostienen, además, que se necesitará de la generación de un conjunto de leyes “que hagan operativos los numerosos aspectos que involucra el Convenio” y también requirió “las orientaciones políticas que va a tener el funcionamiento de la Policía de la Ciudad”, en sintonía con lo expresado por bloques de izquierda en el recinto.

De acuerdo al articulado del Convenio, las actividades deportivas, montada e infantería permanecen parcialmente en Nación hasta 31/12/2016, y presta colaboración con Ciudad en operativos en eventos deportivos, piquetes y cortes de calle. Sin embargo, para el FpV no queda claro quién es el responsable en este último caso.

La cuestión de las armas es otro de los temas apuntados, dado que no se expresa una sola línea sobre armas en el documento. Si el armamento de la Federal se transfiere de manera lineal o se adecua a los protocolos de la Metropolitana, así como si el accionar de los nuevos efectivos se circunscriben a la Ley de Seguridad Pública de CABA, son otros interrogantes. La pregunta viene a colación de la polémica compra de armas Taser, con descarga eléctrica, que buscó hacer el GCBA.

Al mismo tiempo, la formación es otro de los detalles y sembró dudas sobre la política de profesionalización, capacitación permanente, dado que existe un Instituto Universitario de la PFA, y un Instituto Superior de Seguridad Pública de la CABA.

Otros interrogantes del FpV apuntan sobre los efectivos. En primer término, hay quienes creen, que en función de la cantidad de habitantes de la Ciudad y su nivel de problemáticas, puede ser “demasiada excesiva” la cantidad de policías de infantería a transferir, al ya contar la Metropolitana con un cuerpo respectivo.

Los kirchneristas también observaron la distinción entre etapa de transición y consolidación detallada en el convenio y esbozaron dudas. En esa línea, cuestionaron que no haya ninguna especificación al respecto de esta etapa y requirieron mayores datos respecto a la segunda etapa y sus alcances.

En esa línea, también marcaron interrogantes sobre la prórroga que pueda darse de la etapa de transición y los criterios que rodeen esa decisión, así como conocer  los funcionarios responsables de esa decisión y saber si existirá la necesidad o no de que haya una convalidación legislativa al respecto.

Y quizás uno de los aspectos más sensibles. El FpV exigió conocer el procedimiento para mantener la normativa laboral, el nivel escalafonario, remuneración, antigüedad, derechos previsionales y de cobertura social que tuvieran los agentes al momento de la transferencia.

Por otro lado, del convenio se concluye que la Nación continuará prestando en coordinación con la Ciudad el Operativo Cinturón Sur, que tiene como objeto el “servicio de seguridad ciudadana en la Capital Federal mediante la complementación operativa sinérgica de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales por zonas. Y, en ese sentido, los legisladores kirchneristas plantearon interrogantes sobre si la conducción de los oficiales de la PFA, están afectados al Cinturón Sur, la ejercerá o no la Nación, así como precisar la dependencia de esos oficiales con los transferidos.

No obstante, en sintonía con ciertos bloques de izquierda, los legisladores K exigieron precisiones sobre la política de seguridad y los objetivos. “La política de seguridad deberá distinguir claramente la actuación en la conjuración y prevención del delito, del manejo de la conflictividad social; dado que a la luz de las medidas económicas y políticas implementadas, se prevé un escenario de gran presencia de reclamos en las calles. El imperativo de esta política debe ser la no represión de la protesta social y la conducción política de las fuerzas de seguridad para evitar la autonomía en su accionar”, señalaron.

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