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26 Sep 2012 | Polémica

La Corte le hace un guiño a Mariotto

La Suprema Corte de Justicia bonaerense desmintió la información periodística que señala que desde el Tribunal efectuaron algún tipo de manifestación sobre una serie de proyectos de ley presentados en el día de ayer en el Senado bonaerense.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense desmintió la información periodística que señala que desde el Tribunal efectuaron algún tipo de manifestación sobre una serie de proyectos de ley presentados en el día de ayer en el Senado bonaerense.La Suprema Corte de Justicia bonaerense desmintió hoy la información periodística que señala que el Tribunal o su Presidente efectuaron algún tipo de manifestación sobre una serie de proyectos de ley.

“La Suprema Corte de Justicia provincial desmiente la información periodística (del diario La Nación) que señala que el Tribunal o su Presidente hayan efectuado algún tipo de manifestación sobre una serie de proyectos de ley presentados en el día de ayer en el Senado bonaerense”, anunciaron desde el tribunal presidido por Eduardo De Lázzari.

Ayer, Mariotto anunció que impulsará desde el Senado un proyecto de ley de Ética Pública para que los funcionarios de los tres poderes estatales deban presentar anualmente una declaración jurada de bienes.

En ese sentido, el diario La Nación publicó en su edición de hoy que “en la Suprema Corte no estaban de acuerdo con los cambios que se busca instrumentar. `Suena muy raro´, dijeron cerca del presidente”. En concreto el matutino refiere a proyectos de modificación en la ley de enjuiciamiento de magistrados, Consejo de la Magistratura, la Procuración y la ley de ética pública.

Al respecto, en un comunicado remitido por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se informó que “ni el Tribunal ni su Presidente se han pronunciado por las iniciativas legislativas mencionadas”.

La iniciativa parlamentaria, que fue impulsada por el senador Ricardo Vázquez y ayer obtuvo el aval de Mariotto, busca adecuar al ámbito de la administración bonaerense lo que sucede en la esfera de Nación, donde desde 1999 todos los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año.

La iniciativa, que tiene estado parlamentario desde marzo de 2011 y se encuentra desde ese entonces en la Comisión de Trabajo y Legislación Social, establece que “todos los funcionarios o agentes de los tres poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo”.

La misma deberá ser actualizada una vez al año y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido, en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

Prevé una serie de ítems que apuntan a la transparencia, a través de la explicitación de una serie de incompatibilidades con la función pública como dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o prestar servicios a quien gestione, tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por este.

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