Revista Qué

26 Sep 2012 | Hasta ahora la concesión era de la empresa Coviares

La provincia toma el control de la autopista a La Plata

LA PLATA.- El Gobierno nacional transferirá a la órbita de la provincia de Buenos Aires la concesión de la autopista Ricardo Balbín, que une La Plata con Buenos Aires, según lo anunciado ayer por autoridades bonaerenses que, además, adelantaron la construcción de nuevos carriles entre Quilmes y Hudson.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, confirmó ayer los rumores sobre un inminente traspaso desde la Nación a la provincia, durante un acto de apertura de sobres para la licitación de la ruta provincial N° 6. Fuentes gubernamentales indicaron que la transferencia de la concesión podría concretarse en las próximas horas, a partir de la firma de un acta entre la provincia y el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López.

Según Scioli, las gestiones para el “traspaso de la Autopista Buenos Aires-La Plata” incluyen la construcción de una “bajada de la autopista al puerto”, que “va a permitir intensificar aun más las condiciones para un territorio más equilibrado en lo demográfico y en lo productivo”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Arlía, justificó la decisión en que “el recorrido mayor está en la provincia y ahora asumimos la responsabilidad de manejar la concesión de la autopista”. Además, reveló que “ahora se hará lo que hay que hacer para tener el tercer y cuarto carril en cada una de las manos en el tramo de Quilmes a Hudson”, aunque, paradójicamente, aprovechó para pedir públicamente ayuda nacional para las obras. Arlía negocia con la concesionaria Coviares SA un esquema de continuidad para intentar que la concesión no se caiga y que las obras se realicen lo antes posible, explicaron voceros del funcionario.

Mientras tanto, se espera el fallo judicial ante las deficiencias detectadas en la concesión, en una causa seguida por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en la que, además de reclamarse la necesidad de urgentes obras de mejoramiento, se pidió la intervención de Coviares.

El proceso judicial comenzó en abril pasado, cuando el concejal platense Gustavo Luzardo interpuso un amparo que terminó, en mayo, con una medida cautelar otorgada por Armella, que obligó a Coviares a retrotraer el aumento que había llevado el costo del peaje a 5 pesos en horas pico y fijar un plazo de 180 días para definir un plan de obras y ponerlo en marcha.

En su descargo judicial, Coviares presentó un plan de obras por ejecutar con una tarifa en el peaje fijado en 6,20 pesos por cada estación de cobro, y solicitó extender hasta 2019 el plazo de concesión de la autopista que vence en 2017. La firma estimó que comenzaría a construir el tercer carril de la autovía en noviembre próximo, mientras que la reclamada bajada en City Bell se haría a partir de junio de 2014. La propuesta fue rechazada de plano.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que Armella, que investiga el uso de los fondos recaudados por la concesionaria y las tareas de mantenimiento y obras que se debían realizar sobre la calzada, definirá el caso en los próximos días.

Coviares ostenta el récord de sanciones del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi), por el deficiente estado integral de la autovía, que viene siendo denunciado por varias asociaciones defensoras de usuarios que reprochan a la concesionaria reiterados incumplimientos contractuales. En 2007 las penalidades del Occovi contra Coviares ascendieron a $ 2,7 millones por tener la calzada y las banquinas deterioradas, barandas dañadas y desagües tapados. Los usuarios se quejan por la gran cantidad de baches, la deficitaria iluminación de la autovía, la presencia de animales sueltos y la necesidad de ampliar su capacidad con un tercer carril ante la creciente circulación vehicular en la autovía, que registra un movimiento diario de 205.000 coches.

La concesionaria acarrea una deuda de unos 400 millones de pesos y su principal acreedor es el Banco Provincia de Buenos Aires. Por ello, el gobierno provincial está sumamente interesado en resolver la situación, explicaron a LA NACION colaboradores de Scioli. Según trascendió, en caso de naufragar las negociaciones con Coviares, uno de los interesados en ingresar en el negocio es la Corporación América CA, del grupo Eurnekian.

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