Revista Qué

29 Mar 2016 | Agencia de Bienes del Estado

Advierten eventual impacto en el AMBA

organizaciones sociales y vecinales que se oponen a la iniciativa elaboraron un documento unificado en el que señalan las consecuencias y enfatizan en su ilegalidad. Este martes se realizará la audiencia pública.

De cara a la audiencia pública de este martes, entidades y organizaciones sociales opuestas a la Agencia de Bienes del Estado, organismo al que se le achaca vía libre para vender terrenos públicos, elaboraron un documento unificado con críticas a legisladores y al gobierno porteño, en el que advierten eventuales impactos en el Área Metropolitana, como inundaciones.

Como ya publicó Qué, bajo ese organismo se tramita de modo específico la relocalización del predio Tiro Federal para la promoción de un Parque de la Innovación, y la subasta de la mitad del predio “El Dorrego” para el Centro Metropolitano Audiovisual.

Sin embargo, desde la oposición y las entidades que estudiaron la cuestión se denuncia que con la aprobación definitiva de este proyecto se autoriza la disposición de todos los inmuebles de la Ciudad al norte de la Avenida San Juan”. Que la disposición de inmuebles no se discuta más por los 60 diputados es la mayor denuncia que realizan quienes se oponen.

Por ese mismo está en discusión la legalidad de la norma. La iniciativa se aprobó con 44 votos, de la totalidad de la bancada del PRO y casi todo el conjunto del interbloque del Frente para la Victoria, y el rechazo de todo el resto de la oposición.

“Es una delegación indebida del Poder Ejecutivo y de las Comunas, mediante una interpretación sesgada del mandato constitucional secuestrando el derecho vecinal a determinar la identidad de su hábitat y reteniendo funciones que debían haberse transferido a las Comunas tal como lo dispone la ley de Comunas”, afirman asambleístas.

legislatura fachada

La audiencia está prevista para este martes a las 16.

El documento lleva la firma de las organizaciones promotoras de la campaña Buenos Aires No Se Vende, Basta de Demoler, SOS Caballito, Manzana 66 Verde y Pública, PropAmba, Movimiento Comunero, Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el colectivo Agenda Urbana, y el Tiro Federal Argentino, que se opone a la acción pretendida por PRO.

La iniciativa tuvo aprobación inicial el 3 de diciembre pero, como manda la Constitución, debe realizarse una audiencia pública no vinculante y, luego llegar de nuevo al recinto para ser aprobada por dos tercios de los votos, 12 más de los que necesita el oficialismo.

“Ninguna ciudad del mundo reduce su patrimonio con un argumento tan simplista e incomprensible como la falta de necesidad. Es inaceptable que se pretenda enajenar el patrimonio de una ciudad sin tener un plan de desarrollo urbano que determine qué ciudad necesitamos. No se puede y no se debe tomar decisiones sin contemplar el futuro social, sanitario, cultural, y medioambiental de toda la población”, manifestaron los asambleístas.

Como anticipó este medio, uno de los argumentos más críticos es la falta de un listado de inmuebles en el texto aprobado, dado que en el proyecto original figuraba una nómina que al momento de la votación no formó del expediente consensuando.

Las organizaciones estiman que 2400 inmuebles que involucran a 12 de las 15 comunas quedarían bajo la órbita de la Agencia de Bienes del Estado, que tomaría así la potestad de disposición de inmuebles delimitada por las ya creadas Corporación Buenos Aires Sur y la Corporación Puerto Madero.

“El mapeo de los bienes a enajenar se potencia con las grandes fracciones indivisas de propiedad del Estado nacional en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y revela un cuantioso botín para el urbanismo protector”, advirtieron.

En esa línea, desde las organizaciones ponen en alza un argumento ya mencionado: la falta de espacios verdes. “La Organización Mundial de la Salud recomienda 14 m2 por habitante y, hoy por hoy, Buenos Aires cuenta con menos de 3,5 m2. En este contexto es decididamente perverso que se quieran vender tierras, espacios o edificios para uso privado”.

Asimismo, señalan que las consecuencias de la venta masiva del patrimonio privado de la Ciudad son “incalculables”, como el “aumento de las áreas afectadas por la inundación y el anegamiento; la grave contaminación del agua de los afluentes del estuario del Plata y de la franja costera del Río de la Plata; el perjuicio ambiental implicado por la inútil multiplicación de edificios en torre y tipologías de gran escala en desmedro de sectores de población más postergados”.

Además, añaden que puede haber “un desequilibrio en la provisión de servicios eléctricos, de agua y saneamiento y carencias en el tratamiento de líquidos cloacales; aumento de las deficiencias graves de la gestión de reciclado y disposición de los residuos urbanos; mayor pérdida de patrimonio arquitectónico y cultural y una amenaza permanente sobre lo que queda; crecimiento desorbitado e innecesario del parque automotor destinado al transporte individual y de carga que produce un tránsito traba-do, costoso y contaminante; incremento de la temperatura (efecto isla de calor).Y un largo etcétera.”.

Esos efectos, para los asambleístas, pueden tener, asímismo, un impacto en toda el Área Metropolitana. “La dotación de grandes extensiones de tierras de la Nación cercanas al borde costero, de playas ferroviarias y de grandes instalaciones militares dentro del ámbito de aplicación de este proyecto de ley, puede acelerar, por su ubicación privilegiada, las posibilidades de extender el tipo de operaciones que se deduce de dicho proyecto, a todo el AMBA”.

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