Revista Qué

23 Nov 2017 | Sesión ordinaria

Veredas, responsabilidad de los frentistas

La legislatura porteña aprobó un paquete de leyes con fuertes críticas de la oposición. Se trata de un nuevo régimen y distintas multas por aperturas o roturas de calles y modificaciones al Régimen de Faltas de la Ciudad por anomalías en esos trabajos, cierres defectuosos de reparaciones, incumplimiento de perímetros, profundidades, plazos o normas establecida. La […]

La legislatura porteña aprobó un paquete de leyes con fuertes críticas de la oposición. Se trata de un nuevo régimen y distintas multas por aperturas o roturas de calles y modificaciones al Régimen de Faltas de la Ciudad por anomalías en esos trabajos, cierres defectuosos de reparaciones, incumplimiento de perímetros, profundidades, plazos o normas establecida.

La Legislatura porteña sancionó hoy dos leyes relacionadas: una que determina los requisitos y permisos para aperturas o roturas en la vía pública y otra que modifica el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires por anomalías en esos trabajos, cierres defectuosos de reparaciones, incumplimiento de perímetros, profundidades, plazos o normas establecidas.

La denominada “Ley de aperturas y roturas de la vía pública” determina que la persona o empresa que realice esas obras “tiene la obligación de cerrarla y tiene a su cargo el costo del cierre, sin perjuicio de quien efectivamente lo ejecute”. Y aclara que “se entiende por vía pública a toda vereda, callejón, pasaje, calle, avenida, senda, plaza, parque o espacio de cualquier naturaleza afectado al dominio público”.

También se dispuso la creación del Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, los requisitos para la inscripción y las obligaciones a cumplir. Al respecto se votó un despacho conjunto de las comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, de Justicia y de Obras y Servicios Públicos.

En cuanto a la ley aprobada sobre la parte punitiva, no se trata de un aumento ni reducción de las multas sino de una readecuación conforme a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que sucesivas modificaciones a las normas generaron distorsiones o inequidades.

La Comisión de Justicia dictaminó que correspondía “establecer modificaciones en los montos máximos y mínimos de las sanciones para cada uno de los supuestos contemplados en varios artículos del Capítulo I de la Sección 2° del Libro II del Anexo A de la Ley N° 451, con el fin de lograr un mayor índice de cumplimiento y, a la vez, alcanzar un equilibrio armónico entre la conducta tipificada y la sanción que se impone al infractor estableciendo multas de manera más proporcionada, justa y equitativa”.

El despacho que se trató y votó también argumentaba que “en la actualidad, la aplicación y el cobro de las sanciones indicadas es prácticamente inexistente; uno de los principales motivos de esta situación estriba en la falta de razonabilidad en los montos de las multas previstas”. Hubo casos en que la acumulación de multas y su actualización punitiva superaba la capacidad patrimonial de la empresa infractora, con lo cual los montos resultaban incobrables y se generaban causas judiciales de compleja resolución.

También se tuvo en cuenta actualizar la legislación en sus terminologías acorde con el nuevo Código Civil y Comercial: por ejemplo, “zanjas y pozos” es reemplazado por “aperturas y/o roturas”.

En la Ciudad de Buenos Aires se realizan 15.000 aperturas por mes, la mayoría por parte de cinco grandes empresas prestadoras de servicios públicos.

Ambas leyes fueron debatidas en conjunto, al igual que un tercer proyecto específicamente referido a las veredas, pero votadas por separado. Hablaron los presidentes de las Comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, Maximiliano Sahonero (PRO), y de Justicia, Daniel Presti (PRO), y los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT), Silvia Gottero (BP), Gustavo Vera (BC), Adrián Camps (PSA),Marcelo Depierro (MC), Gabriel Fuks (CNM) y Carlos Tomada (FpV).

El proyecto que regula las aperturas y roturas fue aprobado por 40 votos positivos, del PRO, sus aliados, el interbloque Evolución, PSA y FR; y 15 votos negativos del resto de las bancadas. La norma sobre multas fue sancionada con 33 votos afirmativos del PRO, sus aliados y FR; 7 abstenciones del interbloque Evolución y 15 votos en contra de los demás bloques.

Permisos y requisitos

Se dispuso que la autoridad de aplicación (Ministerio de Ambiente y Espacio Público) informará a las prestatarias de servicios públicos y de telecomunicaciones el cronograma de las obras en la vía pública para que esas empresas puedan realizar las aperturas o roturas. Cumplido dicho plazo y mientras se encuentre en vigencia la garantía de la obra, se les otorgarán únicamente permisos de emergencia o de contigencia (emergencia es una situación urgente o grave que afecta el servicio y contingencia es una situación de mediana gravedad).

Las empresas deberán presentar sus planes de obra para la instalación, el mantenimiento o ampliación del tendido de redes del servicio que presten, en los plazos, formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

Para eso, se requerirá de permisos especiales y la ejecución de los trabajos aludidos deben realizarse a través de un sujeto inscripto en el Registro. La autoridad de aplicación podrá otorgar o rechazar el permiso o realizar las modificaciones que estime en cuanto a plazo, perímetro, volumetría y/o la ubicación de la obra. La ley sancionada hoy establece tres tipos de permisos básicos: programados, de emergencia o de contingencia y determina medidas de seguridad en las obras.

El solicitante de permiso de obra deberá constituir una garantía o seguro a favor del Gobierno de la Ciudad y la autoridad de aplicación podrá establecer que en determinadas áreas geográficas se contemplen condiciones y requisitos especiales.

“En el caso de que la obra objeto del permiso involucre el tendido de redes existentes en la vía pública, sean estas propiedad del solicitante o de terceros, constituye responsabilidad del solicitante la pertinente verificación de los planos correspondientes al suelo y al subsuelo, así como la de manifestar, con carácter de declaración jurada, las acciones que llevará a cabo para evitar la afectación de redes que se hallen en el subsuelo. El GCABA “no es responsable de los daños que el solicitante ocasionare sobre la infraestructura y redes existentes en el subsuelo que sean propiedad de terceros”.

La autoridad de aplicación establecerá un sistema para la evaluación de incumplimientos en que incurrieren los contratistas de los permisionarios.

Las nuevas multas

Lo que la nueva ley sancionada este jueves modificó son artículos del Capítulo I “Seguridad y Prevención de Siniestros”, de la Sección 2°, del Libro II, del Anexo A, del “Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por la Ley 451 (Texto consolidado Ley 5666)”.

Las multas se determinan en unidades fijas -UF- y cada UF equivale actualmente a 11,15 pesos. Los artículos modificados quedan redactados de la siguiente manera:

“Art. 2.1.13.- Aperturas y/o roturas. Toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectuare sin permiso es sancionada con multa de 10.000 a 20.000 UF y/o inhabilitación.

Toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectuare con permiso vencido o excediendo los términos del permiso otorgado, es sancionada con multa de 5.000 a 7.500 UF y/o inhabilitación.

Toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectuare omitiendo la normativa atinente a la seguridad de obra, las disposiciones relativas al tránsito y la seguridad vial y demás normativa de aplicación, es sancionado/a con multa de 3.000 a 30.000 UF y/o inhabilitación”.

“Art. 2.1.15.- Cierre defectuoso. Toda persona física o jurídica que, en el marco de una apertura y/o rotura en la vía pública, ejecutare defectuosamente las obras de cierre, en inobservancia a las reglas del arte previstas en la normativa vigente, es sancionada con multa de 3.000 a 30.000 UF y/o inhabilitación.”

“Art. 2.1.17.- Incumplimiento del perímetro y/o profundidad de la apertura autorizada. La persona física o jurídica que incumpliere el perímetro y/o profundidad de la apertura autorizada por la autoridad competente para la reconstrucción o reparación técnica que correspondiere, es sancionada con multa de mil 1.000 a 15.000 UF”.

“Art. 2.1.19. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso de obra. La persona física o jurídica que incumpliere las condiciones establecidas en el permiso de obra que le fuera otorgado es sancionada con multa de 1.000 a 15.000 UF.
Igual sanción se impondrá al arquitecto, maestro mayor de obra, ingeniero y/o responsable de la obra que la llevare adelante incumpliendo las condiciones establecidas en el permiso antes referido”.

“Art. 2.1.20. Declaración de emergencia en obras en el espacio público sin cumplir sus requisitos. La persona física o jurídica responsable de la ejecución de cualquier obra de apertura o rotura de espacios públicos que hubiere denunciado emergencia, sin que se cumpliese con los extremos que exige la normativa vigente respecto de la configuración de dicho supuesto, es sancionada con una multa de 75.000 UF”.

“Art. 2.1.21. Incumplimiento de plazos. La persona física o jurídica que incumpliere el plazo autorizado por la autoridad competente para la ejecución del cierre correspondiente, es sancionada con multa de 1.000 a 15.000 UF”.

“Art. 2.1.22. Omisión de informar instalaciones existentes o falseamiento de datos. La persona física o jurídica que incumpliere la obligación de suministrar información o suministrare información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras subterráneas a ejecutar, identificando ubicación, traza, cotas, escala y tipo de cañería o dueto, es sancionada con multa 5000 a15.000 UF por cada requerimiento que se incumpla. El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de quinientas 500 unidades fijas por cada día de mora hasta el cumplimiento de la obligación impuesta”.

Durante el debat en el recinto, el legislador del FIT Marcelo Ramal señaló que se trata de una ley que no beneficiará a los vecinos ya que pagan impuestos para que la  problemática de las veredas se resuelva. En tanto, su compañera de bloque Laura Marrone dijo “es un paquete de leyes tirado a la cabeza de vecino. El proyecto debería volver a la comisión y que se trate como corresponde”.

El Ejecutivo pretende incrementar la eficiencia en la ejecución de las obras, su fiscalización, la actualización de la información relativa al subsuelo, y la prevención del alto índice de siniestralidad que deviene de los cierres defectuosos. Obligaciones del frentista, entre otras, dar aviso. Habrá multas de entre $ 2.230 y $ 61.325.

Además de haber sancionado una ley sobre aperturas y roturas en la vía pública (que suelen realizar las empresas de servicios públicos), la Legislatura aprobó hoy otra norma que tiene por finalidad regular la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas y/o aceras, que deben estar adaptadas a las necesidades de los peatones de la Ciudad de Buenos Aires.

Se entiende por vereda y/o acera “al área de la vía pública destinada a la circulación de peatones delimitada por la línea oficial o la línea oficial de esquina y el cordón o la franja divisoria que bordee la calzada, según el caso”.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA o el que en un futuro lo reemplace será la autoridad de aplicación.

Las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas deberán ser realizadas observando el estricto cumplimiento de lo establecido por la flamante ley y las especificaciones técnicas que por vía de la reglamentación se determinen y demás normativa aplicable.

Obligaciones del frentista y casos de eximición

“La obligación por la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de la vereda compete al propietario frentista, sin perjuicio de las eximiciones previstas”, establece el artículo 5°.

“En el caso del acceso vehicular, la obligación del propietario frentista se extiende a la de ejecutar y mantener el rebaje del cordón y una rampa en las condiciones que determine la normativa de aplicación”, apunta el artículo 6°.

Los propietarios frentistas quedarán eximidos de obligaciones “en el supuesto de deterioros ocasionados en la vereda y/o acera por obras de apertura y/o roturas en el espacio público realizadas por empresas prestadoras de servicios públicos u otros sujetos autorizados, por sí o por terceros, en cuyo caso es aplicable la Ley Nº 2.634 o la que en un futuro la reemplace. Si la vereda resultare destruida, parcial o totalmente, como consecuencia de obras ejecutadas por el GCABA, por sí o por terceros, o por raíces de árboles, la reparación o reconstrucción corre por cuenta y cargo de aquél”, especifica el artículo 7°.

En tanto, “la construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de cordones o franjas divisorias que bordeen la calzada, vados y rampas para personas con movilidad reducida es competencia exclusiva del GCABA y deberá ejecutarse en concordancia con las normas relativas a la accesibilidad física para todos”.

Para la realización de la obra de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de la vereda, el propietario frentista debe dar aviso a la Autoridad de Aplicación, con la antelación que ésta disponga en la reglamentación, manifestando, con carácter de declaración jurada: a) la superficie y la volumetría de la vereda que afectará a la obra; b) el tipo de solado a reponer; c) el plazo estimado de duración de la obra y su motivo; d) la ubicación de su perímetro o espacio público afectado; y, e) los demás aspectos que se establezcan por vía de la reglamentación”. La tramitación del aviso no implicará erogación alguna por parte del presentante.

El Ejecutivo “fiscaliza periódicamente el estado de conservación de las veredas y, en caso de corresponder, intima al titular, guardián del inmueble y/o a la administración del consorcio -cuando se tratase de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal-, a su construcción, reparación o reconstrucción en el plazo que se determine al efecto por vía de la reglamentación”.

Incumplimiento

“En caso de incumplimiento por parte del propietario frentista y vencido el plazo de intimación el GCABA podrá aplicar las sanciones previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y, acreditado el incumplimiento, podrá realizar la obra pertinente con cargo a quien corresponda”. La ejecución de la obra por parte del Gobierno no implica alteración del régimen de responsabilidad establecido en la ley.

Recibida la intimación del Ejecutivo, el guardián del inmueble y/o la administración del consorcio deberá notificar fehacientemente al propietario frentista en el término de 15 días hábiles administrativos y acreditar tal extremo ante la Autoridad de Aplicación, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el Código de Faltas porteño.

Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y ejecutada la obra por el GCABA, el Ministerio “realizará la liquidación correspondiente, incluyendo los gastos de obra y administrativos, y la remite para su cobro a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o a la que en un futuro la reemplace, conforme el procedimiento que se establezca por vía de la reglamentación. El certificado de deuda que se expida tiene carácter de título ejecutivo”.

Facilidades e incentivos

La norma por el artículo 14° faculta “al Poder Ejecutivo a establecer y/o coordinar, por sí o a través de terceros, planes de financiación a favor de los propietarios frentistas para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas”. Además, el Ejecutivo queda facultado a establecer mecanismos de facilidades y otro tipo de incentivos cuando se tratare de veredas correspondientes a inmuebles cuya titularidad corresponda a: Jubilados y pensionados en los términos de la Ley Nacional N° 24.241; Personas con discapacidad o que tengan cónyuge, hijo/s, padres a su cargo o los comprendidos en los términos de la Ley N° 1.004 (texto consolidado por Ley N° 5.666) con la condición mencionada; Instituciones de beneficencia y ayuda social; Centros de Jubilados y Pensionados inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, creado por Resolución N° 915/84 del Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados; Clubes de barrio en los términos de la Ley Nacional N° 27.098; Sujetos en situación de vulnerabilidad socio-económica debidamente acreditada.

Incluso, el ministerio “podrá contemplar a otros sujetos y determinar los criterios específicos para su implementación”, también “podrá establecer programas que promuevan el cumplimiento del objeto de la ley, generando conciencia sobre la importancia de convertir las veredas y/o aceras en espacios públicos de calidad, transitables y seguros” y “dictará cursos de capacitación para que la ejecución de las obras previstas se lleve a cabo en cumplimiento de la normativa de aplicación y las reglas del arte”.

Entre otras cosas, se abroga la Ordenanza N° 33.721 según su texto consolidado por la Ley N° 5.666. Y se sustituye el texto específico del Régimen de Faltas por el siguiente:

“2.1.14.- Mantenimiento de cercas y veredas-. El/la titular de un inmueble que no construyere, reparare o mantuviere en buen estado de conservación las cercas y veredas reglamentarias de los inmuebles es sancionado/a con multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas. Cuando se tratare de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica al consorcio de propietarios.”

Y se incorporan al Régimen de Faltas:

“2.1.14.1.-Incumplimiento del deber de notificar.- El guardián del inmueble y/o la administración del consorcio —cuando se tratase de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal—que no notificare fehacientemente al propietario frentista de la intimación de construcción, reparación o mantenimiento de la vereda que hubiere cursado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sancionado/a con multa de doscientas (200) a dos mil (2.000) unidades fijas.”

“2.1.15.1.- Construcción y/o reparación defectuosa.- El/la titular del inmueble que ejecutare defectuosamente las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas, por sí o a través de terceros, en inobservancia a las reglas del arte previstas en la normativa vigente, es sancionado con multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas. La presente sanción se hace extensiva a los contratistas.”

“2.1.26.- Aviso para la ejecución de obras en veredas.-El/la titular del inmueble que no tramitare el aviso correspondiente para realizar obras de construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de veredas o que ejecutare dichas obras, por sí o a través de terceros, excediendo los términos del aviso emitido, es sancionado/a con multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas”.

Las disposiciones de la flamante ley entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Cabe mencionar que las multas se determinan en unidades fijas -UF- y durante el segundo semestre del 2017 cada UF equivale a $ 11,15, de manera que la multa mínima establecida es de $ 2.230 y la máxima, de $ 61.325.

El proyecto de ley sobre veredas y aceras, al igual que el nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública sancionado hoy, a iniciativa del Jefe de Gobierno, tomó estado parlamentario el 31 de octubre pasado, tuvo dictamen favorable el 17 de noviembre en reunión conjunta de las Comisiones de Protección del espacio público que preside Maximiliano Sahonero (PRO), Justicia encabezada por Daniel Presti (PRO) y Obras y Servicios Públicos cuyo titular es Diego García de García Vilas (CP) con observaciones de los diputados Marcelo Ramal, Laura Marrone (FIT) y Adrián Camps (PSA).

Fue tratado este jueves como preferencia a solicitud del oficialismo, con texto consensuado. Se aprobó con 32 votos positivos del PRO y sus aliados y 23 negativos: SUMA+, Partido Socialista, FIT, Sindical Peronista, FpV, Bien Común, PSA, BP, CNM, AyL y Mejor Ciudad.El Ejecutivo pretende incrementar la eficiencia en la ejecución de las obras, su fiscalización, la actualización de la información relativa al subsuelo, y la prevención del alto índice de siniestralidad que deviene de los cierres defectuosos. Obligaciones del frentista, entre otras, dar aviso. Habrá multas de entre $ 2.230 y $ 61.325.

Además de haber sancionado una ley sobre aperturas y roturas en la vía pública (que suelen realizar las empresas de servicios públicos), la Legislatura aprobó hoy otra norma que tiene por finalidad regular la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas y/o aceras, que deben estar adaptadas a las necesidades de los peatones de la Ciudad de Buenos Aires.

Se entiende por vereda y/o acera “al área de la vía pública destinada a la circulación de peatones delimitada por la línea oficial o la línea oficial de esquina y el cordón o la franja divisoria que bordee la calzada, según el caso“.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA o el que en un futuro lo reemplace será la autoridad de aplicación.

Las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas deberán ser realizadas observando el estricto cumplimiento de lo establecido por la flamante ley y las especificaciones técnicas que por vía de la reglamentación se determinen y demás normativa aplicable.

Obligaciones del frentista y casos de eximición

“La obligación por la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de la vereda compete al propietario frentista, sin perjuicio de las eximiciones previstas”, establece el artículo 5°.

“En el caso del acceso vehicular, la obligación del propietario frentista se extiende a la de ejecutar y mantener el rebaje del cordón y una rampa en las condiciones que determine la normativa de aplicación”, apunta el artículo 6°.

Los propietarios frentistas quedarán eximidos de obligaciones “en el supuesto de deterioros ocasionados en la vereda y/o acera por obras de apertura y/o roturas en el espacio público realizadas por empresas prestadoras de servicios públicos u otros sujetos autorizados, por sí o por terceros, en cuyo caso es aplicable la Ley Nº 2.634 o la que en un futuro la reemplace. Si la vereda resultare destruida, parcial o totalmente, como consecuencia de obras ejecutadas por el GCABA, por sí o por terceros, o por raíces de árboles, la reparación o reconstrucción corre por cuenta y cargo de aquél”, especifica el artículo 7°.

En tanto, “la construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de cordones o franjas divisorias que bordeen la calzada, vados y rampas para personas con movilidad reducida es competencia exclusiva del GCABA y deberá ejecutarse en concordancia con las normas relativas a la accesibilidad física para todos”.

Para la realización de la obra de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de la vereda, el propietario frentista debe dar aviso a la Autoridad de Aplicación, con la antelación que ésta disponga en la reglamentación, manifestando, con carácter de declaración jurada: a) la superficie y la volumetría de la vereda que afectará a la obra; b) el tipo de solado a reponer; c) el plazo estimado de duración de la obra y su motivo; d) la ubicación de su perímetro o espacio público afectado; y, e) los demás aspectos que se establezcan por vía de la reglamentación”. La tramitación del aviso no implicará erogación alguna por parte del presentante.

El Ejecutivo “fiscaliza periódicamente el estado de conservación de las veredas y, en caso de corresponder, intima al titular, guardián del inmueble y/o a la administración del consorcio -cuando se tratase de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal-, a su construcción, reparación o reconstrucción en el plazo que se determine al efecto por vía de la reglamentación”.

Incumplimiento

“En caso de incumplimiento por parte del propietario frentista y vencido el plazo de intimación el GCABA podrá aplicar las sanciones previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y, acreditado el incumplimiento, podrá realizar la obra pertinente con cargo a quien corresponda”. La ejecución de la obra por parte del Gobierno no implica alteración del régimen de responsabilidad establecido en la ley.

Recibida la intimación del Ejecutivo, el guardián del inmueble y/o la administración del consorcio deberá notificar fehacientemente al propietario frentista en el término de 15 días hábiles administrativos y acreditar tal extremo ante la Autoridad de Aplicación, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el Código de Faltas porteño.

Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y ejecutada la obra por el GCABA, el Ministerio “realizará la liquidación correspondiente, incluyendo los gastos de obra y administrativos, y la remite para su cobro a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o a la que en un futuro la reemplace, conforme el procedimiento que se establezca por vía de la reglamentación. El certificado de deuda que se expida tiene carácter de título ejecutivo”.

Facilidades e incentivos

La norma por el artículo 14° faculta “al Poder Ejecutivo a establecer y/o coordinar, por sí o a través de terceros, planes de financiación a favor de los propietarios frentistas para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas”. Además, el Ejecutivo queda facultado a establecer mecanismos de facilidades y otro tipo de incentivos cuando se tratare de veredas correspondientes a inmuebles cuya titularidad corresponda a: Jubilados y pensionados en los términos de la Ley Nacional N° 24.241; Personas con discapacidad o que tengan cónyuge, hijo/s, padres a su cargo o los comprendidos en los términos de la Ley N° 1.004 (texto consolidado por Ley N° 5.666) con la condición mencionada; Instituciones de beneficencia y ayuda social; Centros de Jubilados y Pensionados inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, creado por Resolución N° 915/84 del Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados; Clubes de barrio en los términos de la Ley Nacional N° 27.098; Sujetos en situación de vulnerabilidad socio-económica debidamente acreditada.

Incluso, el ministerio “podrá contemplar a otros sujetos y determinar los criterios específicos para su implementación”, también “podrá establecer programas que promuevan el cumplimiento del objeto de la ley, generando conciencia sobre la importancia de convertir las veredas y/o aceras en espacios públicos de calidad, transitables y seguros” y “dictará cursos de capacitación para que la ejecución de las obras previstas se lleve a cabo en cumplimiento de la normativa de aplicación y las reglas del arte”.

Entre otras cosas, se abroga la Ordenanza N° 33.721 según su texto consolidado por la Ley N° 5.666. Y se sustituye el texto específico del Régimen de Faltas por el siguiente:

“2.1.14.- Mantenimiento de cercas y veredas-. El/la titular de un inmueble que no construyere, reparare o mantuviere en buen estado de conservación las cercas y veredas reglamentarias de los inmuebles es sancionado/a con multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas. Cuando se tratare de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica al consorcio de propietarios.”

Y se incorporan al Régimen de Faltas:

“2.1.14.1.-Incumplimiento del deber de notificar.- El guardián del inmueble y/o la administración del consorcio —cuando se tratase de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal—que no notificare fehacientemente al propietario frentista de la intimación de construcción, reparación o mantenimiento de la vereda que hubiere cursado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sancionado/a con multa de doscientas (200) a dos mil (2.000) unidades fijas.”

“2.1.15.1.- Construcción y/o reparación defectuosa.- El/la titular del inmueble que ejecutare defectuosamente las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas, por sí o a través de terceros, en inobservancia a las reglas del arte previstas en la normativa vigente, es sancionado con multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas. La presente sanción se hace extensiva a los contratistas.”

“2.1.26.- Aviso para la ejecución de obras en veredas.-El/la titular del inmueble que no tramitare el aviso correspondiente para realizar obras de construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de veredas o que ejecutare dichas obras, por sí o a través de terceros, excediendo los términos del aviso emitido, es sancionado/a con multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas”.

Las disposiciones de la flamante ley entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Cabe mencionar que las multas se determinan en unidades fijas -UF- y durante el segundo semestre del 2017 cada UF equivale a $ 11,15, de manera que la multa mínima establecida es de $ 2.230 y la máxima, de $ 61.325.

El proyecto de ley sobre veredas y aceras, al igual que el nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública sancionado hoy, a iniciativa del Jefe de Gobierno, tomó estado parlamentario el 31 de octubre pasado, tuvo dictamen favorable el 17 de noviembre en reunión conjunta de las Comisiones de Protección del espacio público que preside Maximiliano Sahonero (PRO), Justicia encabezada por Daniel Presti (PRO) y Obras y Servicios Públicos cuyo titular es Diego García de García Vilas (CP) con observaciones de los diputados Marcelo Ramal, Laura Marrone (FIT) y Adrián Camps (PSA).

Fue tratado este jueves como preferencia a solicitud del oficialismo, con texto consensuado. Se aprobó con 32 votos positivos del PRO y sus aliados y 23 negativos: SUMA+, Partido Socialista, FIT, Sindical Peronista, FpV, Bien Común, PSA, BP, CNM, AyL y Mejor Ciudad.

 

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