Revista Qué

12 Dic 2015 | 4 millones de pesos

El negocio de la vigilancia privada

A pesar de que el presidente electo Mauricio Macri anticipó el traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana, las multimillonarias contrataciones de seguridad privada se mantienen. La oposición denunció el diseño de pliegos de licitación “a medida”

Cuando se conoció quiénes eran los ganadores de la multimillonaria licitación de cuatro zonas para brindar el servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica con destino a las dependencias y bienes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy pocos pudieron mostrarse asombrados ante los nombres de las empresas.

De acuerdo con la información oficial, las adjudicatarias por un monto total de alrededor de 4 mil mi-llones de pesos fueron las archiconocidas Comahue SA, Murata SA, Líderes Consultores en Seguridad SRL y Briefing Security SA. Nada nuevo ya que, desde 2011, son usuales beneficiarias de este tipo de contrataciones, llevadas a cabo por el gobierno porteño.

seguridad
“La Policía Metropolitana tiene por delante una enorme tarea, porque muy pronto se va a agrandar la familia para recibir a parte de la Policía Federal”, había anticipado el ahora presidente electo Mauricio Macri.

Esto abría la puerta a una serie de conclusiones lógicas, por ejemplo respecto de que comenzarían a reducirse las cuantiosas contrataciones en seguridad privada.

En ese sentido, cabe tener en cuenta que desde que la creación de una fuerza de seguridad propia se convirtió en un tópico del gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en el plano discursivo, el aumento de las contrataciones de empresas de seguridad privada estuvo atado a la negativa del Gobierno nacional en lo concerniente al traspaso de fuerzas.

El sentido común dictaba que el escollo quedaba inmediatamente resuelto tras la victoria de Macri en las elecciones presidenciales. No obstante, la resolución mencionada deja a las claras que el modus operandi se mantiene intacto.

 

¿Qué paso después?
Todo parece haber cambiado mucho en su favor desde que, en 2010, un grupo de firmas de este sector -entre las que se encontraban las antedichas- difundieron una solicitada, cuestionando a la administración porteña, porque “discrimina a sus actuales proveedores en materia de seguridad, impidiéndoles participar”.

En esa oportunidad, Vicente Pla, el abogado que las representaba, sostuvo que “casualmente son multinacionales las que quedarán en evidencia cuando se cumpla el acto licitatorio”. A lo que añadió que “son Prosegur y Security las únicas que superan los requisitos”. Por esto, hicieron una presentación ante la Legislatura y la Defensoría del Pueblo, alegando que la licitación para la contratación de cámaras electrónicas y vigilancia privada para 133 edificios de distintas reparticiones, había sido hecha a la medida de una de las principales compañías del rubro.

A partir de ese momento, comenzaron a ser moneda corriente en las licitaciones en materia de seguridad.

Millones

Ahora, por medio del Boletín Oficial, se conoció que las mencionadas empresas fueron beneficiadas nuevamente en una opulenta contratación. De acuerdo con la resolución del ministerio de Hacienda porteño, Líderes Consultores de Seguridad obtuvo la Zona 1 con una propuesta de algo más de seiscientos millones de pesos; Murata SA, la Zona 2 con una de más de mil cien millones de pesos; Comahue Seguridad Privada SA, la Zona 3 con una de mil ciento nueve millones de pesos y, finalmente, Briefing Security SA se quedó con la Zona 4 por mil ciento cincuenta y seis millones.

Bajo el argumento de la falta de agentes necesarios para cubrir determinadas actividades, el PRO acostumbró a tercerizar ciertas actividades vinculadas a la seguridad. Al punto que en el registro que aporta la propia página de la dirección General de Seguridad Privada, dirigida por Ignacio Antonio Cocca, tiene 468 empresas inscriptas.

Un dato no menor es que Cocca estaría relacionado con una de las cuatro -puntualmente con Murata- por medio de su relación con el ex jefe de Departamento de Operaciones Federales Roberto Raglewski, quien fue pasado a retiro en 2004. Raglewski, cuya esposa María Paula Stella forma parte del directorio de Murata, fue acusado, entre otras cosas, por su responsabilidad en casos de gatillo fácil.

Justamente, Murata y Briefing Security fueron señalados, en 2009, por un informe de la Sindicatura General porteña, en el que se precisaba que tanto el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) como las agencias de seguridad cuya función era la de vigilar sus dependencias incurrieron en “graves irregularidades”. En ese trabajo de auditoría se señala que Murata SA, Briefing Security y SPG facturaron por “objetivos que figuran como custodiados, cuando por la propia naturaleza de los mismos resulta inverosímil que lo hayan sido”.

Desde la oposición, los cuestionamientos vienen siendo en dos planos.

Por un lado, la izquierda, como es el caso del legislador del MST Alejandro Bodart denunció, en entrevista con Revista Qué, que las licitaciones se hacen a medida de las firmas que usualmente ganan. Por el otro, el Frente para la Victoria viene reclamando que se transparente la utilización de fondos en esta área, ya que crece exponencialmente año a año. Desde el macrismo, bajo la excusa de los tiempos movidos de cara a la conformación de gabinetes, declinaron sentar su postura.

PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA N° 61

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