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20 Feb 2016 | Debate local

Aborto: TSJ dirime demandas al Protocolo

En segunda instancia, magistrados consideraron que fallar sobre los cuestionamientos a la resolución de 2012 supone una decisión “en abstracto” “por fuera de un caso individual y concreto” y que tiene que ver con una declaración de inconstitucionalidad que le corresponde al máximo tribunal.

La Justicia porteña le dio la razón al gobierno porteño y al Ministerio Público en una causa en la que se cuestionaba la legalidad del Protocolo de Aborto no Punible establecido en 2012 y estableció que todas las demandas de inconstitucionalidad deben ser tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En concreto, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad revocó, con el voto de los jueces Esteban Centanaro y Hugo Zuleta, la sentencia dictada en el año 2013 por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo en la cual hizo lugar a los recursos de amparo presentados por varias asociaciones civiles y por la ex legisladora María Rachid.

Entonces, el punto de cuestionamiento fue la resolución N° 1252/12 del Ministerio de Salud porteño, objetado por su carácter regresivo en comparación con los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gallardo declaró “la inconstitucionalidad de la Resolución 1252/2012, que implementó un protocolo para la atención de abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal, aplicable al sector de salud de la Ciudad” y del Decreto 504/2012 de Mauricio Macri, que dispuso vetar en su totalidad la ley 4318 sancionada por la Legislatura (…) “reglamentaria del derecho de las mujeres a acceder a la práctica de aborto no punible contemplado en el artículo 86 del Código Penal, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

tsj“La pretensión se encuentra dirigida -de modo exclusivo- a la pérdida de vigencia de una norma de carácter general. No se cuestiona acto u omisión sustentado en las disposiciones impugnadas sino éstas en sí mismas. No se ha identificado acto particular de ejecución de tales directivas. Así, surge prístino que se pretende un pronunciamiento en abstracto acerca de la adecuación constitucional de la resolución cuestionada”, afirmaron los camaristas en el fallo firmado el 29 de de diciembre, pero que se conoció en las últimas horas.

“Puesto que el objeto de la acción constituye la declaración de inconstitucionalidad en abstracto de una norma general, que no se trata de un proceso colectivo que tenga por objeto la tutela de un bien colectivo, que tampoco es posible considerar que es un proceso relativo a intereses individuales homogéneos por falta de determinación de los sujetos que componen la clase a los que la normativa afecta de modo actual, cierto y concreto, ni de tal modo es posible garantizar su inclusión o exclusión de los efectos de la sentencia, no se halla configurado un caso judicial en el sentido que tales procesos requieren ni es plausible conceder legitimación a los actores para tal supuesto”.

Según informa el sitio Ijudicial, ante la inexistencia de un caso judicial como el requerido para resolver vía amparo, los camaristas señalaron que el régimen jurídico de la Ciudad de Buenos Aires contiene una acción para dar curso a la declaración de inconstitucionalidad de normas locales: la acción declarativa de inconstitucionalidad prevista en el artículo 113 de la CCABA,

“La declaración de inconstitucionalidad genérica de una norma se encuentra reservada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y, por ende, el juez de grado se ha extralimitado al decidirla en el caso bajo estudio”, subrayaron. Y agregaron: “En la acción entablada por los actores no hay caso, no existe sujeto alguno con respecto a quien se pretenda una conducta u omisión por parte del GCBA. La cuestión propuesta se limita –lisa y llanamente- a un cotejo entre normas de distinta jerarquía. Este control en abstracto es de exclusivo resorte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por disposición constitucional”.

Los integrantes de la Sala III –que se abstuvieron de tratar el veto firmado por Macri por un límite legal al Poder Judicial– enfatizaron que “una decisión como la adoptada en la sentencia de grado en torno a la pérdida de vigencia de la norma con efectos erga omnes por fuera de un caso concreto, individual o colectivo, resulta inválida, y remarcan que “debió haber sido encauzada a través de la acción prevista en el artículo 113, inciso 2, de la CCABA, regulada en la ley 402, cuya decisión sólo se encuentra encomendada al Tribunal Superior de Justicia”.

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