Revista Qué

24 Sep 2014 | Golf de Lugano

Amparo y denuncia penal contra la Ciudad

Desde Bien común se presentarán acciones legales para exigir que se suspenda el permiso de concesión a la Asociación Golf Club José Jurado. Está emplazado sobre una urbanización Parque que infringe la normativa del Código de Planeamiento Urbano. Bien Común presentará una denuncia penal y una acción de amparo, para que la jueza Rosemary Chuquimia […]

Desde Bien común se presentarán acciones legales para exigir que se suspenda el permiso de concesión a la Asociación Golf Club José Jurado. Está emplazado sobre una urbanización Parque que infringe la normativa del Código de Planeamiento Urbano.
bien comun medio

Bien Común presentará una denuncia penal y una acción de amparo, para que la jueza Rosemary Chuquimia Alcon dicte una medida cautelar en carácter de urgente. Apuntan a que el Gobierno de la Ciudad suspenda los efectos del Convenio y del último permiso de uso que tiene el Golf firmado en Octubre de 2012 con vencimiento en Noviembre de 2015, y que se emplaza sobre el Parque de las Victorias.

Como lo adelantó QUÉ en un informe previo el Golf Club José Jurado ocupa un predio de 45 hectáreas en una Urbanización Parque que mantiene y explota mediante concesiones que se renuevan cada vez por mayor cantidad de años, en términos menos favorables para la ciudad y en donde funcionan emprendimientos comerciales explotados por terceros.

Los argumentos de la denuncia contra la Directora General del Área de Concesiones, Norma Imaz, se basan en que el permiso otorgado para el uso del Campo de Golf es ilegal y no garantiza el uso público del Parque de Las Victorias en su totalidad, de acuerdo a lo que dispone la Zonificación UP del Código de Planeamiento Urbano, que actualmente se está infringiendo, ya que el GCBA solo podrá autorizar obras que “sean de exclusiva utilidad pública, debiendo asimismo complementar y no alterar el carácter de los mismos”.

Según detalla la presentación del escrito, en el caso del Golf de Lugano, al otorgar un permiso de uso precario y oneroso ilegal, el “GCBA estaría infringiendo no solo normas ambientales, sino también constitucionales al no cumplir con su deber de proteger el ambiente” y al mismo tiempo estaría perjudicando “derechos colectivos que tienen por objeto bienes colectivos”,

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