Revista Qué

24 Feb 2016 | Revés para el GCBA

Anulan reglamentación de ley de adoquinado

Un fallo anuló la conformación del catálogo de calles adoquinadas protegidas que había resuelto Macri en un decreto. Le había otorgada esa función a una dependencia ejecutiva pero una ley se la asignaba a las Juntas Comunales.

A partir de un amparo de ex Juntistas comunales, la justicia porteña anuló la conformación de un catálogo de calles con adoquines para integrar el patrimonio porteño en la categoría Espacio Público, que había sido resuelto, por Mauricio Macri en 2014 mediante el decreto reglamentario de la ley 4806 por superposición de tareas.

En efecto, el titular del Juzgado N° 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Pablo Mántaras, consideró que el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades, tal como reclamaron los Juntistas en virtud, del rol que le asigna la propia norma sancionada por los diputados porteños a las Juntas Comunales para esa clasificación.

El decreto reglamentario de la Jefatura de Gobierno definió como calles adoquinadas aquellas cuya superficie pavimentada no supere el cuarenta por ciento, limitando el alcance de la norma sancionada por la Legislatura, y asignando esa función al Poder Ejecutivo.

En cambio, la ley 4806 sostiene que el Catálogo Definitivo” de las calles adoquinadas que integrarán el Patrimonio Cultural de la Ciudad, “las Juntas Comunales elaborarán un inventario provisorio de las calles construidas con adoquinado granítico dentro de su territorio”.

“Es posible advertir que el Poder Ejecutivo ha excedido las facultades reglamentarias reconocidas en el artículo 103 de la Constitución de la CABA”, expresa la sentencia. Sobre el recorte de funciones a las Juntas Comunales cuestionado por los amparistas.

En concreto, Macri definió en su decreto como autoridad de aplicación al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, otorgándole la función para elaborar “un listado preliminar de calles construidas con adoquinado, en función de las condiciones y lineamientos establecidos en el artículo 2° de la Ley N° 4.806, el que será remitido a las Juntas Comunales para su consideración.

Sin buscar menoscabar las facultades constitucionales de las Jefatura de Gobierno, Mantarás que aclaró que “el ejercicio de facultades reglamentarias de ejecución por parte del Poder Ejecutivo encuentra límites precisos en el ordenamiento constitucional local“, y en esa línea, citó que los decretos que reglamentan leyes “no pueden alterar su espíritu –artículo 102 CCABA–, mientras que otra restricción, también de especial relevancia, establece que la insuficiencia de la reglamentación no puede negar o cercenar derecho alguno“.

 

Análisis y guiño

A partir del análisis de la norma sancionada por la Legislatura en noviembre de 2013 y su reglamentción por decreto del Ejecutivo en julio de 2014, el juez sostuvo que “es claro que la ley mencionada considera como parte del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad –y en consecuencia, protege patrimonialmente– a toda calle adoquinada que se encuentre ubicada en los sitios detallados en su artículo 2°, que a aquellos fines deberá ser efectivamente incorporada al Catálogo Definitivo mencionado”.

adoquinado

“Entonces, si se contrastan estas previsiones legales expresas con lo establecido en el Decreto N° 282/14 –en cuanto dispone que sólo serán consideradas ‘calles con adoquinado granítico’ a aquellas cuya superficie adoquinada supere el 60% del total de la calzada–, es posible advertir que el Poder Ejecutivo ha excedido las facultades reglamentarias reconocidas en el artículo 103 CCABA”, consideró el magistrado.

“La incorporación inmotivada de esta condición, que restringe severamente la protección de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin un adecuado sustento en la norma reglamentada tiene por consecuencia la evidente desnaturalización del ‘espíritu’ que impregna a la Ley N° 4806, afectando derechos y garantías expresamente tutelados por la Constitución local y Nacional”, remarcó.

No obstante, el magistrado le hizo un pequeño guiño a la Jefatura de Gobierno y rechazó el planteo de que la reglamentación desnaturalizaba las funciones de las Juntas Comunales.

“Si bien los artículos 2° y 3° del Decreto N°282/14 establecen un procedimiento específico para la conformación del Catálogo Definitivo, en el cual la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la elaboración de un listado preliminar de las calles construidas con adoquinado, que debe a su vez ser remitida a las Juntas Comunales –y que tienen a partir de ese momento 20 días para formular observaciones–, los argumentos desarrollados por los amparistas no son adecuados para sostener que dicho cauce formal interfiere de manera ilegítima en el diseño constitucional o legal de las Comunas“, destaca el juez en los fundamentos de su sentencia.

“Entonces, en concordancia con el entramado normativo descripto, parece plausible afirmar que la circunstancia de que el Decreto 282/14 disponga que el inventario preliminar de las calles con adoquinado se encuentra en cabeza de la autoridad de aplicación no enerva las plenas facultades que a su respecto conservan las Juntas Comunales, cuya intervención ha sido respetada por la norma reglamentaria. En efecto, ni la fijación de un plazo para cumplir con los objetivos protectorios establecidos en la ley (que, según la forma en que fuese implementado, podría ser consecuente con la necesidad de proceder a la urgente protección de las calles adoquinadas), ni la remisión de un listado provisorio por parte de la autoridad de aplicación (que podría ser libremente modificado, enmendado o corregido por las Juntas Comunales para –por caso– ampliar el listado de las calles a proteger) se presentan como aspectos procedimentales ilegítimos o contrarios a las normas constitucionales y legales que atribuyen competencias a las unidades de descentralización comunal”, enfatiza.

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