Revista Qué

23 Jun 2016 | Proyecto

Buscan modificar compras y contrataciones

La presidenta del bloque de legisladores de la Coalición Cívica ARI, Paula Oliveto Lago presentó un proyecto para que se modifique la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad, que establece las normas básicas que debe observar el sector público de la Ciudad en los procesos financieros y que ha despertado numerosas críticas […]

La presidenta del bloque de legisladores de la Coalición Cívica ARI, Paula Oliveto Lago presentó un proyecto para que se modifique la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad, que establece las normas básicas que debe observar el sector público de la Ciudad en los procesos financieros y que ha despertado numerosas críticas por su falta de transparencia.

En esta línea, Oliveto Lago aseguró que es necesario “establecer que el principio general de la contratación del Estado debe ser la licitación pública y que la utilización de otras formas debe ser excepcional y estar sometida a rigurosos limites”

oliveto lago“Esta iniciativa tiene como fin dar mayor transparencia y control a las compras del Estado, que no es otra cosa que cuidar en qué y cómo se gasta el dinero del pueblo”, dijo y continuó ” es necesario que en momentos como éste, cuando vemos destaparse los casos más impactantes de la corrupción del gobierno K, desde el PRO den claras señales que durante su gestión la administración va a ser clara, eficiente y con rendición de cuentas”.

“Para que las contrataciones y las compras sean transparentes y competitivas es fundamental la existencia de publicidad adecuada que asegure la máxima concurrencia de ofertas, la mejor comparación, el equilibrio contractual, precios razonables de mercado, control público, todo ello en garantía del interés público” expresó Oliveto en su proyecto, por otra parte “en el procedimiento de selección del contratista deben observarse indefectiblemente ciertos principios entre los que se encuentran el de la concurrencia e igualdad, de libre competencia, de publicidad y difusión, y de transparencia”.

Una modificación importante que establece el proyecto es sobre las contrataciones menores. En la actualidad cualquier dependencia del Gobierno de la Ciudad puede realizar contrataciones menores por una suma de $975.000.

“Es una cifra excesiva para utilizar un tipo de contratación en la que el sector público no tiene control alguno y en el que puede elegir al contratante por su libre voluntad, lo que implica un importante menoscabo a los principios de transparencia”.

“Es por eso que es necesario cambiar la letra de ese artículo para establecer que la contratación menor sólo puede usarse en aquellos casos en los que la compra no supere los $ 100.000 y que sólo pueda emplearse sólo dos veces por mes o doce veces anuales, y agregar como exigencia respecto de estos contratos que no puedan tener una duración mayor a un año, ni ser objeto de prórroga ni revisión de precios”, finalizó la legisladora.

Tal como señaló RevistaQue.com, las contrataciones menores y directas han sido utilizadas por el Gobierno de la Ciudad en numerosas ocasiones y a precios exorbitantes. Con la firma del último decreto, Horacio Rodríguez Larreta se aseguró de poner límites a todos sus funcionarios. Por ejemplo, en la adjudicación de las licitaciones privadas, los directores generales pueden rubricar contratos hasta dos millones de pesos, es decir, un 33 por ciento menos que en la gestión anterior.

En tanto, los subsecretarios pueden firmar las operaciones que alcancen los 15 millones de pesos, un 80 por ciento más que en 2014; mientras que el vicejefe Diego Santilli, los ministros y secretarios tienen potestad de hacerlo hasta $ 80 millones. Por supuesto, Larreta interviene en las licitaciones superiores a esa abultada cifra.

En las licitaciones públicas los incrementos fueron abrumadores. Oscilan entre 70 y 500 por ciento. Quienes fueron más beneficiados fueron los directores generales, que en 2014 no contaban con la función y hoy pueden hacerlo hasta por 5 millones de pesos. Las segundas líneas tienen un techo de 30 millones, y los ministros de, nada más y nada menos, que de 200 millones de pesos. El jefe de Gobierno, de ahí en más.

No obstante, el punto más polémico son las contrataciones directas, es decir, aquellas en donde el funcionario a cargo puede optar por cualquier empresa que presente su oferta, de manera discrecional. Este tipo de operaciones pueden llevarse adelante siempre y cuando no excedan los límites interpuestos y “los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución”.

Para estas situaciones, Larreta interpuso un límite de hasta un millón de pesos para los directores generales; hasta $ 7 millones para los subsecretarios y hasta $ 40 millones para las segundas líneas. En su caso, sin límites.

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