Revista Qué

17 Oct 2017 | Se recalienta la campaña electoral

Carrió presentó una denuncia contra CFK

Sobre el cierre de las campañas de los distintos espacios, se recalienta el ambiente político con una nueva denuncia de Elisa Carrió contra Cristina Kirchner. En esta ocasión, junto a la diputada nacional Leonor Martinez Villada (Coalición Cívica ARI), ‘Lilita’ presentó esta mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, una denuncia penal para que […]

Sobre el cierre de las campañas de los distintos espacios, se recalienta el ambiente político con una nueva denuncia de Elisa Carrió contra Cristina Kirchner. En esta ocasión, junto a la diputada nacional Leonor Martinez Villada (Coalición Cívica ARI), ‘Lilita’ presentó esta mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, una denuncia penal para que se investigue la presunta falta de control por parte del Estado Nacional en la operación de tramas delictivas ocurrida entre 2011 y 2015 en el Puerto de Buenos Aires.

Las legisladoras nacionales solicitaron a la Justicia que se investigue el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad y uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder. También pidieron que la medida alcance a los directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, como el señor Daniel González, accionista mayoritario de APC S.A., entre otros.

La denuncia requiere que se investigue el cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido) que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores sin ningún aval legal que lo estipule. Este certificado consistía en una póliza de seguro por daños parciales y/o totales ante posibles lesiones al contenedor.

“Pedimos a la Justicia que cite a indagatoria a la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro del Interior y Transporte, Aníbal Florencio Randazzo, ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional. Sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC S.A.”, sostuvo Gregorio Hernández Maqueda, el abogado de las diputadas, a cargo de la investigación.

El cobro del TAP se comenzó a exigir coercitivamente en 2011, como parte de un convenio entre las firmas IVETRA S.A (Instituto Verificador del Transporte S.A.), APC S.A (Administrative Processing Center S.A.), Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires, y la Cámara de Importadores de la República Argentina, pero sin el aval expreso del Estado Nacional, que, a través del Ministerio del Interior y Transporte que encabezaba Florencio Randazzo, controlaba la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.), ente que tiene a su cargo el ejercicio del poder de policía sobre el ámbito portuario.

El TAP sólo era ofrecido por APC S.A. y las Terminales portuarias no admitían seguros contratados libremente por el importador/exportador, por lo que se avaló desde el Estado un monopolio de mercado, ya que, como se establece en la denuncia: “sin la contratación de este certificado, el personal de las Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires habría impedido de hecho el ingreso y egreso de carga tanto de exportación como de importación”.

“Si pensamos que, en promedio, el costo para los operadores portuarios aumentaba un 12% por cada pago del TAP y lo multiplicamos por los 600.000 contenedores que aproximadamente circulan cada año podemos tener una idea de las proporciones del daño causado a la economía argentina, en especial a los exportadores de productos agropecuarios”, señaló Hernández Maqueda. “El altísimo costo de vida de los argentinos no se puede separar del accionar de mafias privadas y sindicales enquistadas en dependencias públicas como la que imponía el TAP”, agregó.

Si se toma en cuenta que el monto de la póliza era de aproximadamente USD 85 (dólares estadounidenses) + IVA por contenedor, la estimación anual percibida en concepto del TAP fue de USD 51.000.000 + IVA en el periodo 2015/2016, lo que significó un incremento notable de los precios logísticos del comercio nacional, y afectó de manera directa la competitividad del comercio exterior argentino.

Aseguradoras privadas consultadas sobre un seguro de similares características, cotizaron el servicio entre USD 7 y USD 8, lo que deja en evidencia que el TAP (comercializado exclusivamente por la firma APC S.A.) arrojaba una ganancia de aproximadamente USD 46.800.000 anuales solo en el Puerto de Buenos Aires.

Por último, la denuncia solicita que se determine si los responsables de las firmas APC S.A. e IVETRA S.A. habrían incurrido en el delito de evasión agravada, conforme a lo establecido por la Ley Penal Tributaria, a raíz de las serias inconsistencias que presentan los estados contables que la IGJ remitió oportunamente al equipo de investigación de la Coalición Cívica ARI.

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