Revista Qué

27 Abr 2016 | Time Warp

Coletazos de una tragedia

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó en el centro de la polémica por la falta de controles de la AGC, cuyo accionar fue duramente criticado por el juez Casanello. Ahora enfrenta intentos de investigaciones en la Legislatura y en la Auditoría.

Aunque pasaron dos semanas de la muerte de cincos jóvenes durante una fiesta electrónica en Costa Salguero, el tsunami político aún sigue llevándose puesta toda estrategia del Gobierno de la Ciudad, como del nacional, para calmar las aguas.

Tanto el juez federal a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, como el fiscal, Federico Delgado, apuntan directamente al accionar de la Prefectura Naval, a la que acusan de liberar la zona. También contra la Agencia Gubernamental de Control, sobre la que consideran que obvió varios puntos a la hora de brindar la habilitación pertinente, y que no relevó de forma correcta la cantidad de espectadores, que duplicó, según el expediente, la capacidad permitida.

costa salguero

El organismo, cuyo director es Martín Alvarez Dorrego, afirmó que en la fiesta había 10.500 personas, cifra que horas después, ante los rumores de que la Justicia tenía probado el exceso de capacidad, subió hasta 11.200.
Para Casanello, el número “oficial” dista de ser el correcto. Según un entrecruzamiento de llamadas, mensajes y declaraciones de testigos oculares, el juez determinó que al momento del hecho había más de 20.000 personas.

Eso, sumado a la falta de dispenser con agua, el cierre de canillas, y el decreto en el que se amparó la sociedad que explota el predio, hicieron que la concesión de Costa Salguero volviera a estar en el foco de la polémica.

Casanello no sólo avanza sobre los inspectores que firmaron dichas actas, también quiere saber cómo fue posible que con tantas irregularidades de por medio se lograra abrir el lugar.

Para eso podría llegar a solicitarle a su par María Romilda Servini de Cubría parte de la causa que se encuentra en su juzgado por la situación irregular de varias de las concesiones de la Ciudad.

Ante ese escenario, la orden del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue evitar toda aparición pública del mencionado funcionario, “para que no pise el palito”.

A la par, bajó línea entre sus ministros y colaboradores. “Tiene que quedar como que se trató de un problema de la Prefectura”, afirmó.

Los primeros días de la investigación fueron a tono con su aspiración; sin embargo, ante las irregularidades expresadas en los párrafos anteriores, la Ciudad se vio obligada a cambiar de discurso. Ahora, directamente, no hablará nadie, salvo Larreta, que regresó de Estados Unidos el lunes, y si lo considera necesario.

El eco llegó hasta la Auditoría General de la Ciudad, que el miércoles votará si logra introducir en el plan de informes para este año uno sobre el estado de la concesión, que llegue hasta la fecha de la fiesta electrónica. Mientras tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reeditó una vieja disputa política con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En la Legislatura capitalina también hubo movimientos. Se intentó aprobar la formación de una Comisión Investigadora, pero la acción quedó trunca.

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En Uspallata también comenzaron a ver con malos ojos la reacción del ex jefe de Gobierno y ahora Presidente, Mauricio Macri, y de varios miembros de su gabinete. Macri habría optado por no meterse, como tampoco intentar ayudar a su delfín político.

En los pasillos de la Casa Rosada corrió una tranquilidad absoluta. Al ser reportado sobre esa situación, Larreta estalló en bronca. Considera que Macri busca proteger más a Bullrich, por lo que el enojo entre ambos continuaría en aumento.

La ministra, por su parte, rápida de reflejos, anunció el lunes las primeras estadísticas criminales desde 2008. En la sede del Gobierno porteño, como en Balcarce 50, la lectura fue que se trató de una forma de contrarrestar con un anuncio una investigación judicial que comprometería a la fuerza naval que depende de ella.

Pero Bullrich también debe confrontar con un frente interno como consecuencia del episodio. Dentro del ministerio le recriminaron que todavía sigue con la mente de una legisladora, con relación al escrito que presentó en el juzgado de Casanello y en el que acusó a uno de sus secretarios de solicitarle a la Prefectura que no intervenga en la fiesta para “no molestar a los chicos”.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 81 DE QUÉ.

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