Revista Qué

27 Abr 2016 | Fallo

Condenaron al inspector que habilitó Cromañón

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 condenó hoy a un inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años y cuatro meses de prisión por considerarlo culpable de los delitos de “falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho”. El fiscal Fabián Céliz había solicitado seis años de prisión. […]

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 condenó hoy a un inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años y cuatro meses de prisión por considerarlo culpable de los delitos de “falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho”. El fiscal Fabián Céliz había solicitado seis años de prisión. En 1997, Roberto Calderini aprobó la habilitación del local donde luego funcionaría el boliche “Cromañon”, a pesar de que tres meses antes había destacado varias irregularidades que no fueron corregidas en el inmueble. Los fundamentos se conocerán el próximo 4 de mayo.

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Además, los jueces Gustavo Valle, Gustavo Rofrano y Miguel Angel Caminos lo inhabilitaron por 10 años para ejercer cargos públicos mientras que el fiscal había solicitado que se lo inhabilitara de manera perpetua. La querella a cargo del abogado José Iglesias había solicitado una pena de nueve años de cárcel por los mismos delitos. Durante sus últimas palabras, Calderini había asegurado “no tener nada que ver con el hecho” y le había pedido a los jueces “racionalidad”.

Los hechos

Durante su exposición, Céliz había explicado que en el proceso de habilitación del local de Bartolomé Mitre 3060 se llevaron adelante tres expedientes dentro de la Dirección General de Registros y Certificaciones. En el primero se decretó la clausura del local. En el segundo, del 14 de abril de 1997, fue dónde intervino Calderini. Allí quedaron plasmadas varias de las irregularidades que presentaba el inmueble: la superficie era mucho mayor que la declarada, faltaban salidas de emergencias y había puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase c”.

A la par de ese expediente, donde no se otorgaba la habilitación, surgió otro. Tres meses después, el 28 de julio de 1997, y a pesar de que el local tenía aún todas las irregularidades señaladas, Calderini firmó un informe en el marco de ese tercer expediente donde hizo constar que “podía accederse al otorgamiento de la habilitación”.

Para Céliz, Calderini recibió dinero de los accionistas de la firma “Lagarto”, que tenían a su cargo la administración del local. “Nadie mueve un dedo en ese ámbito gratis, son las dos caras de las misma transacción”, afirmó respecto a la falsificación del documento público y el cohecho.

“Las deficiencias en los controles en 1997 se ven volcadas en el 2004, lo que se habilitó ese año tiene una relación de causalidad con las muertes por la Tragedia de Cromañon”, dijo Céliz. Si bien aclaró que por los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales no podía endilgarle una participación en el delito de incendio seguido de muerte, sí afirmó que “la falta de habilitación hubiera evitado ese siniestro”. “Pese a las irregularidades, detectadas por el peritaje, bomberos y municipales, increíblemente el local permaneció habilitado sin control hasta el 30 de diciembre de 2004”, concluyó.

Calderini hoy continúa con sus labores en el Gobierno porteño, como inspector dentro de la unidad encargada de ubicar a los talleres clandestinos.

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