Revista Qué

7 Ene 2016 | Juntas de clasificacion

Controversias en cambios docentes

La Legislatura aprobó la eliminación de elección para representantes de las Juntas, que intervienen en los concursos y el puntaje para maestros y profesores. Ahora, los dos sindicatos con mayor cantidad de afiliados son los que colocarán a esos miembros. El debate por el rol histórico que tuvieron las Juntas.

En un plazo corto, los docentes porteños deberán cambiar de nuevo parte de su organización administrativa para el llamado a concursos y cobertura de cargos que ha quedado atravesado por disputas sindicales, actores políticos en el medio y la pérdida de la elección directa de los representantes en esos estamentos.

La eliminación por ley 5461 de la definición mediante urnas para elegir a los vocales ha sido la última espina que ha colocado el PRO en contra del Estatuto Docente, de acuerdo a algunos sectores políticos y sindicatos que salieron a oponerse con furia y denunciaron un pacto velado con las entidades gremiales mayoritarias.

docentes porteños 1

La polémica está abierta. Los representantes de maestros y maestras en las Juntas de Clasificación y Seguimiento de Concursos Docentes -que perdieron funciones sustanciales hace cuatro años- serán designados por los dos sindicatos con mayor cantidad de afiliados, y no ya por elecciones en las que podían intervenir incluso docentes no sindicalizados.

“Esta modificación implica que la burocracia sindical y ministerial vicie el proceso de concursos y cobertura de cargos con gremios que han tenido una política cercana al PRO. Se adoptan las condiciones de escuelas privadas a las públicas, en el sentido de que el empleador es el que decide quién trabaja y quién no”, planteó a Qué Gabriel Lubo, secretario adjunto de la Asociación Docente Ademys.

La Legislatura porteña aprobó la supresión de las elecciones de las Juntas de Clasificación en la cargada última sesión ordinaria del 3 de diciembre, cuando se aprobó también el Presupuesto 2016, varios empréstitos y la disposición de distintos inmuebles, además de la votación de cargos en la Auditoría.

La iniciativa, de autoría de la macrista Victoria Morales Gorleri, titular hasta el 10 de diciembre de la Comisión de Educación, no llegó a tratarse en ese ámbito luego de ser presentada apenas siete días antes del comienzo del último mes del año. Y los distintos gremios alegaron no haber sido consultados.

Asimismo, se aplicaron cambios en la composición. Hasta ahora las Juntas de las diferentes ramas educativas (Inicial, Primaria, Adultos, Especial, Media, Técnica, y Artística) tenían 5 miembros: 2 en representación del ministerio de Educación, y 3 por aquellos elegidos por los docentes. Ahora, se trata de 6 vocales: 3 por el gobierno y 3 por los sindicatos, de acuerdo a los cambios.

El proyecto se aprobó con 50 votos positivos en los que confluyeron el PRO, el Frente para la Victoria y la convergencia Energía Ciudadana Organizada (ECO). Hubo cuatro votos negativos de Pablo Bergel (Verde al Sur), Alejandro Bodart (MST), Patricio del Corro (PTS-FIT), y Gustavo Vera (Bien Común), además de las abstenciones de Pablo Ferreyra (Seamos Libres-FpV), Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), y Javier Gentilini (Frente Renovador).

En la ocasión, Ademys fue el único sindicato en salir a oponerse al tratamiento de la supresión de las elecciones, parte del proyecto. “Cercena el derecho democrático de la gran masa de trabajadores docentes de elegir a quienes los representen en las Juntas de Clasificación, restringiendo la representación a los designados solamente por un puñado de sindicatos”.

Ademys habló de “una complicidad gremial” y apuntó contra la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) -reconocido como el gremio con mayor cantidad de afiliados en la Ciudad- la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), y la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp) quienes no se pronunciaron al respecto.

Sin embargo, ante la consulta de este medio, desde UTE remarcaron que prefieren no entrar en la competencia intersindical, se despegaron de la aprobación de la ley y manifestaron que carece de sentido ese debate. “La discusión de fondo es la recuperación de las Juntas de Clasificación Docente tal como estaban antes de 2011”.

docentes

En 2011 la Legislatura sancionó la ley 4109 -conocida como “ley Abrevaya”, en alusión al entonces diputado porteño- que quitó las facultades que hasta entonces ostentaban las Juntas de Clasificación y de Seguimiento de Concursos Docentes y creó por encima de ellas la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP).

A raíz de esa modificación, las Juntas permanecen con la función de observación, proposición y fiscalización del proceso, en tanto que la COREAP -dependiente del ministerio de Educación- asumió la inscripción, clasificación, instrumentación de los concursos docentes para titulares, interinos y suplentes y la cobertura de cargos.

“Los trabajadores ya no formamos parte del cogobierno en este aspecto, más que como veedores. No vemos beneficio algu-no en estos cambios, nosotros queremos recuperar las Juntas de Clasificación con todas sus facultades antes de la ley Abre-vaya”, se limitó a contestar Rubén Berguier, secretario gremial de UTE a Qué.

Se trata, a decir verdad, de un reclamo que entonces unió a gran parte del arco sindical y a bandos hoy separados como UTE y Ademys y que, ahora, vuelve a emerger como reclamo esencial de un nuevo marco educativo que dé más amparo para los derechos docentes.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 65 DE QUÉ.

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