Revista Qué

8 Mar 2017 | Un 72% en la Ciudad

Crecieron las denuncias por violencia de género

Los casos de violencia de género denunciados ante fiscalías porteñas crecieron casi 72% durante el primer bimestre del año, en relación con los registrados en enero y febrero de 2016. En el mismo período, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (Ofavit) brindó servicios a un 80% más de personas. Los datos […]

Los casos de violencia de género denunciados ante fiscalías porteñas crecieron casi 72% durante el primer bimestre del año, en relación con los registrados en enero y febrero de 2016. En el mismo período, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (Ofavit) brindó servicios a un 80% más de personas.

Los datos fueron proporcionados por voceros de la Fiscalía General de la Ciudad, que agregaron que el 88% de las víctimas atendidas entre enero y febrero fue de género femenino.

El número de casos en los que intervinieron los fiscales durante los dos primeros meses del año fue 3800, contra los 2214 denunciados en el primer bimestre de 2016. Estas denuncias por violencia doméstica quedan asentadas con calificación de hostigamientos y amenazas, los delitos que la justicia porteña tiene transferidos.

En tanto, el incremento de víctimas de violencia de género rondó el 80% entre los mismos períodos: 3356 contra 1887.

Este número viene aumentando sostenidamente año tras año: en 2010 sumaron 2802; en 2011, 4460; en 2012, 4813; en 2013, 6090; en 2014, 6796; en 2015, 7287, y en 2016, 16.856 víctimas.

Las víctimas son principalmente personas de mediana edad. Mientras que el 37% tiene entre 26 y 35 años y el 28% entre 35 y 45, un 23% cumplió 46 años o más. Los restantes son menores de 25.

El miércoles 8 de marzo se realizará por primera vez en la historia un paro internacional de mujeres, reflejando que la lucha por la igualdad de oportunidades para los géneros es un problema mundial. Los reclamos se concentran en la lucha contra la violencia de género, por la paridad laboral y por la decisión sobre el cuerpo de la mujer.

La violencia machista dejó un saldo de 43 mujeres muertas en los primeros 51 días del año, casi una por día, mientras que el Gobierno de Macri redujo a la Comisión Nacional de la Mujer 67 millones de pesos de su presupuesto.

Cabe recordar que a mediados de octubre Qué publicó un informe donde se pudo discriminar las diferentes situaciones de violencia de género que se viven en la actualidad en Ciudad de Buenos Aires y la falta de políticas por parte del Gobierno porteño.

¿Recursos disponibles?
Existe una falta de presupuesto en la materia que, además, convive con el deterioro de los centros de asistencia, la falta de vacantes y recursos para promover una política de atención y acompañamiento que responda ante la cantidad de casos existentes en la Ciudad, incluso aquellos que hoy no llegan a solicitar ayuda ante alguna institución pública.

El presupuesto destinado a la Dirección General de la Mujer recibió un porcentaje muy bajo entre los programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Además, aún no se ha reglamentado la Ley 5.466 que prevé garantizar un Centro Integral para la Mujer (CIM) por comuna. Esta norma fue sancionada el 3 de diciembre de 2015, modificando el artículo 15 de la Ley 1688, que indica textualmente: “Los centros integrales de atención funcionan bajo la órbita de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), garantizando al menos un CIM por comuna hasta cumplimentar el máximo de uno cada 50.000 mujeres por comuna”. Debe destacarse que trabajadoras del CIM denunciaron públicamente el vaciamiento de estos organismos.

Derecho al trabajo
La brecha social de género se expresa en la diferencia de salarios. Un varón que vive solo ganaba, en 2015, alrededor de 10.959 pesos; una mujer en la misma situación, en cambio, no supera los $ 8.382 en la actualidad. Y es ésta la brecha económica más amplia entre todos los tipos de hogar que componen la Ciudad de Buenos Aires.
También preocupa la ola de despidos en diferentes áreas del Estado. Según Patria Grande, hubo mujeres jefas de hogar a cargo de hijos e hijas con discapacidad, e incluso embarazadas, que fueron despedidas. Seis habrían perdido sus embarazos luego de haber sufrido violencia laboral en áreas del Estado desde diciembre de 2015.

Otro ataque hacia la mujer es la imposibilidad de acceder a una jubilación a través de la moratoria previsional, que fue dada de baja. La im-posibilidad de nuevas ju-bilaciones para las amas de casa perjudicará especialmente a las mayores, que sufrieron la precariedad laboral o se dedicaron al cuidado de sus familias: ya no tendrán seguridad social para la vejez.

Derecho a la vivienda
Como han declarado diferentes voces de la oposición a Qué, la Ciudad se inscribe en un modelo urbano excluyente de las mayo-rías y en beneficio del capital inmobiliario, por lo que gran parte de la población padece el déficit habitacional (alquiler formal e informal, inquilinatos, hoteles, pensiones, población en situación de calle, villas y asentamientos, viviendas ocupadas). Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la falta de vivienda aumenta el riesgo de las personas LGBT de ser sometidas a la violencia, incluyendo violencia sexual. La juventud de LGBTQ sin vivienda experimenta tasas más altas de ataques físicos y sexuales y una mayor incidencia de problemas de salud mental y conductas sexuales de riesgo en comparación con los jóvenes heterosexuales sin vi-vienda”.

Esta situación es compleja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la gran mayoría de las travestis y trans no acceden a hogares que cumplan las condiciones habitacionales de una “vivienda digna” y viven en hoteles o pensiones, donde pagan un sobreprecio por su identidad de género.

Estas particularidades son mucho más recurrentes en los barrios de Constitución, Palermo y Flores. La situación em-peora cuando las travestis y trans viven en villas o en asentamientos, donde la informalidad las deja más li-bradas a los abusos. Es decir, que existe la falta de inclusión de las travestis y trans en Programas de Vivienda del Gobierno.

Según la última Encuesta Anual de Hogares en la Ciudad, el 5,5% de la población reside en una vivienda precaria; es decir, en un inquilinato o un conventillo, un hotel o pensión, en una construcción no destinada a vivienda, un rancho o una casilla. Según la Defensoría del Pueblo, más de 400 mil personas se encuentran en déficit habitacional en Capital Federal y no existen políticas concretas por parte del Gobierno porteño para brindar el derecho a la vivienda a los miles de habitantes que han sufrido esa vejación durante los casi diez años de mandato que ha tenido el PRO en la Ciudad.

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