Revista Qué

12 Feb 2016 | Justicia y Legislatura

Cruzada contra la Policía Federal

La fiscalía imputó a 23 efectivos de la fuerza por permitir la instalación de vendedores callejeros. Por otro lado, el bloque del FPV pidió informes sobre un “registro de vecindad”. Ambos casos fueron en Caballito.

Dos casos que involucran a la Policía Federal pusieron en el ojo del huracán al barrio porteño de Caballito. Por un lado, la Justicia imputó a 23 efectivos por haber permitido que vendedores callejeros instalaran sus puestos en la vía pública. Por el otro, legisladores del bloque del FPV solicitaron un pedido de informes sobre un operativo policial en el que solicitaban los datos personales de los vecinos de la zona, sin razón aparente.

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Si bien el primer hecho tuvo lugar en 2012, la Justicia contravencional porteña dio a conocer la medida en las últimas horas.

“Esta es la primera vez que se involucra a agentes de la Policía Federal con estas organizaciones criminales, que son el objeto de persecución de esta fiscalía y no los manteros quienes muchos de ellos son esclavizados”, detallaron a Télam desde la fiscalía de Celsa Ramírez.

Los efectivos -seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos, un principal y un inspector- siguen en funciones, aunque fueron derivados a dependencias alejadas del barrio de Caballito. Ya fueron indagados y la causa será elevada a juicio oral.

En tanto, el caso que despertó la curiosidad e indignación de los diputados del bloque kirchnerista sucedió el pasado 4 de febrero, cuando personal de la fuerza policial se apersonó en José Benifacio al 1600 para relevar los datos de los vecinos.

En esta línea, solicitaron que se envíe listado de viviendas donde se realizó el operativo de recolección de datos y se indique cuál es el procedimiento que debe seguir la Policía Federal ante la negativa de un ciudadano a identificar los ocupantes de una vivienda.

“Esto, lejos de ser un hecho aislado, está enmarcado en un preocupante retroceso de las garantías constitucionales de los derechos personales en nombre de la eficacia en la prevención”, resaltaron en un comunicado.

Y añadieron: “El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) en la causa ‘Vera’ habilitó que la policía realice detenciones en la vía pública si más motivo que la averiguación de identidad. En el mismo se hace referencias al ‘registro de vecindad’ del art. 5,inc. 4 del decreto n 333/58. Es la confección de este registro el que entendemos que dio origen al operativo denunciado”.

“Este hecho renueva nuestras dudas sobre el traspaso de la Policía Federal sin discutir un marco legal de creación y actuación”, sentenciaron.

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