Revista Qué

29 Ago 2016 | cON Un Decreto-Ley de la dictadura

Denuncian que Macri vende tierras de forma ilegal

Se trata de 17 propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. El Presidente autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a enajenarlas sin aprobación del Congreso y “recurriendo a un Decreto-Ley de la dictadura”. La medida fue dispuesta a través del decreto 952/2016 publicado este lunes en el […]

Se trata de 17 propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. El Presidente autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a enajenarlas sin aprobación del Congreso y “recurriendo a un Decreto-Ley de la dictadura”.

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La medida fue dispuesta a través del decreto 952/2016 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y además de los edificios de la Capital se incluyen inmuebles y tierras en La Matanza, San Isidro, La Plata y General Pueyrredón.

En los considerandos del decreto se indica que la enajenación de los inmuebles “no sólo constituirá una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional”, sino que además “generará un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”.

La Constitución de la Nación establece que la disposición del uso y la enajenación de tierras de propiedad del Estado Nacional es competencia del Congreso (art. 75 inciso 5). “Por lo tanto, el Presidente ni la AABE podría vender tierras sin la autorización del Congreso. Esto no fue estipulado en el Decreto N° 952/2016 que avanzaría sin dar intervención al Congreso. Por lo tanto, estas ventas serían inconstitucionales”, advirtió el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Asimismo, señaló que el Decreto N° 952/16, firmado por Mauricio Macri, se sustenta en la Ley N° 22.423. “Esta ley es en realidad es un Decreto-Ley dictado en la época de la dictadura firmado por Videla y por José A. Martínez de Hoz el 6 de marzo de 1981”, a través de la que el Poder Ejecutivo se arrogó las competencias del Congreso en cuanto a la facultad de autorizar ventas de inmuebles del Estado Nacional.

“Esta norma también dispone que las ventas inmobiliarias deben realizarse mediante remate público, salvo en aquellos casos que se considere más conveniente el procedimiento de licitación pública. Además establece que podrán venderse directamente los inmuebles a los ocupantes de inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria o a la prestación de servicios públicos; y a cooperativas de vivienda, asociaciones y fundaciones”, señalaron en un comunicado.

La reforma de la Constitución Nacional realizada en el año 1994 reguló la facultad de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo por parte del Congreso y en su art. 76, dispone que se “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

“El Decreto-Ley N° 22.423 no contempla un plazo ni base para el ejercicio de las competencias delegadas. No respetando el art. 76 de la CN. Por lo tanto, el Decreto-Ley N° 22.423 ha sido derogado implícitamente por la reforma de la Constitución Nacional y su aplicación resulta inconstitucional. Toda venta amparada bajo esta norma constituye una violación de la CN”, expusieron desde el Observatorio.

En esta línea, apuntaron que “la venta de estos inmuebles nacionales va en la misma dirección de las políticas de privatización y negocio con la tierra pública impulsada por el PRO desde que asumió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Desde esa época se han privatizado más de 200 ha de tierras públicas. Horacio Rodríguez Larreta ha profundizado esta política anunciando más de una decena de desarrollos inmobiliarios que implican la privatización de tierras públicas”.

“A principios de año, el Pro impulsó la creación de la Agencia de Bienes S.E. para poder vender todos los inmuebles de la Ciudad sin aprobación legislativa previa. Las críticas y movilizaciones sociales impidieron que la Agencia de Bienes S.E. tenga esta facultad”.

Ahora, “Mauricio Macri a nivel nacional a través del Decreto N° 952/2016 está queriendo lograr lo que el PRO no pudo hacer en la Ciudad. Tener un organismo estatal con el principal objetivo de vender tierras públicas sin requerir la aprobación del Parlamento”.

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