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22 Sep 2017 | El GCBA les otorgará un subsidio

Desalojaron a 20 familias en San Cristobal

Tras una orden judicial se realizó el desalojo ordenado de un inmueble de dos plantas en el barrio de San Cristóbal. Luego de seis horas de negociación con una veintena de familias que lo ocupaban desde marzo, las mismas accedieron a abandonar la vivienda a cambio de un subsidio oficial,  según informaron fuentes judiciales. Hoy […]

Tras una orden judicial se realizó el desalojo ordenado de un inmueble de dos plantas en el barrio de San Cristóbal. Luego de seis horas de negociación con una veintena de familias que lo ocupaban desde marzo, las mismas accedieron a abandonar la vivienda a cambio de un subsidio oficial,  según informaron fuentes judiciales. Hoy a las 6 de la mañana, alrededor de treinta policías llegaron al lugar para cumplir con la orden de desalojo.

“Dialogamos con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat (Guadalupe Tagliaferri) y logramos que les otorguen ahora un subsidio de 12 mil pesos a las familias a cambio del desalojo pacífico, por sus propios medios”, declaró Sebastián Alanis, abogado de las 23 familias que ocupaban el predio ubicado en Santiago del Estero 1189.

Mientras adultos y niños dejaban la propiedad junto con sus pertenencias y muebles, personal del ministerio de Desarrollo Social procedió a realizar el censo para determinar la cantidad de familias que vivían en el lugar, donde el operativo involucró a efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad y del Consejo del Menor.

Para realizar el desalojo, el operativo de seguridad cortó la calle Santiago del Estero, entre la avenida San Juan y Humberto Primo, mientras vecinos del barrio se acercaban a preguntar si podían pasar o requerían información sobre lo que sucedía.

El conflicto se inició a raíz de la denuncia por usurpación que realizó en marzo último el dueño de la vivienda, que fue ocupada mientras se realizaban refacciones.

La fiscalía 34, a cargo de Jorge Ponce, realizó entonces una mediación con el dueño del inmueble, el Gobierno de la Ciudad y los seis ocupantes iniciales, que rechazaron los subsidios ofrecidos, según informó a Télam una fuente del Ministerio Público local.

En mayo, esa fiscalía solicitó al juzgado la restitución del lugar a su dueño y el 22 de agosto se inició un operativo de desalojo que fue abortado cuando las fuerzas de seguridad encontraron que en el inmueble vivían unas 60 familias, según la fuente.

“Los representantes de los ocupantes firmaron el 22 de agosto un compromiso por escrito en el juzgado indicando que se iban a ir por sus propios medios y se les dio un plazo de un mes que venció hoy”, agregó.

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