Revista Qué

4 Mar 2017 | negocios en la boca

El distrito del desalojo

El barrio de La Boca no le escapa a la crisis habitacional de la Ciudad. Muy lejos de eso, la premisa del PRO de potenciar el negocio inmobiliario en el área va en detrimento de los vecinos que, a menudo, y tras previas acciones judiciales, sufren el arrebato de sus viviendas. El Gobierno porteño tiene […]

El barrio de La Boca no le escapa a la crisis habitacional de la Ciudad. Muy lejos de eso, la premisa del PRO de potenciar el negocio inmobiliario en el área va en detrimento de los vecinos que, a menudo, y tras previas acciones judiciales, sufren el arrebato de sus viviendas.

El Gobierno porteño tiene varias vías para dar respuestas. Están los subsidios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, además de los créditos que otorga el Instituto de la Vivienda (IVC). Pero los mecanismos presentan falencias y los tiempos se alargan de-masiado.

La génesis del asunto se remonta a 2005, cuando se aprobó la Ley N° 2240, que declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental al polígono delimitado por las avenidas Regimiento de Patricios, Martín García, Paseo Colón, Brasil y Pedro de Mendoza. “Esa ley no pensaba en construir grandes complejos habitacionales, sino en ordenar al Gobierno relevamientos sobre los inmuebles en desuso, para que los comprara y construyera viviendas”, contó el abogado ambientalista del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.

La norma vio su primera unidad ejecutora alrededor de la Plaza Solís, pero el año 2007 llegó con un baldazo de agua fría: el macrismo abandonó la Ley y direccionó la nave en sentido contrario. En 2012, el cuerpo legislativo porteño alzó el pulgar para la apro-bación de la Ley N° 4353, del Distrito de las Artes, que multiplicó el número de desalojos. Para Baldiviezo, la norma no es otra cosa que un paraíso fiscal que promueve los negocios inmobilia-rios. “Con grandes exenciones en los impuestos, genera un ámbito propicio para que se instalen nuevas empresas y para atraer inversiones”, ex-plicó.

Ahora, los dueños de los in-muebles que compraron los terrenos tiempo atrás quieren recuperarlos. Es que los seduce el gran negocio inmobiliario que se avecina.

Según adelantaron fuentes calificadas a este medio, en el nuevo Código Urbanístico, que aterrizaría en escena parlamentaria a fines de marzo, no se permitirá la construcción de torres en la Ciudad, salvo en las áreas de desarrollo, como la que está delimitada desde avenida San Juan hacia el Sur. “Cuan-do muestran el proyecto de lo que se va a hacer en La Boca, dicen que hay que liberar el barrio de Catalina Sur”, comentaron.

En esa sintonía, desde la agrupación social La Boca Resiste y Propone, aseguraron que el único artículo de la Ley N° 4353 que no se cumple es el 29, que básicamente ordena al Poder Ejecutivo a atender “la situación de vulnerabilidad social en la zona” y a “facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes”.
“Tampoco cumplen con el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, que otorga garantías para que todos pue-dan acceder a una vivienda adecuada; ni con los 12 convenios internacionales a los que Argentina suscribe”, arremetió Natalia Quinto, referente de esa agrupación.

Desde hace tiempo, La Boca Resiste y Propone trabaja arduamente junto a los vecinos que resultarían desalojados. Quinto puntualiza en un aspecto esencial del asunto: hay muchos más desalojos que los 64 que figuran en el informe que su agrupación dio a conocer en conjunto con el Observa-torio. “Allí, aparecen solamente los casos que estamos atendiendo nosotros, pero el número es mayor”, indicó.

“Todos los funcionarios tienen en claro que deben responsabilizarse del tema”, dijo Quinto, que en cierta oportunidad cruzó personalmente a Diego Santilli en San Telmo para detallarle el problema. “Le entregué dirección por dirección, listados, hasta números de expedientes”, contó. Y la respuesta del Vicejefe de Gobierno fue insólita: “Me preguntó si la queja era en contra o a favor de los desalojos”, amplió la referente social.

Según detallaron en un informe, en el último año, hubo 1.106 ciudadanos expulsados, mientras que en marzo se concretará el desalojo de 63 familias del barrio. A ello, se su-man los 61 procesos judicia-les abiertos que, al finalizarse, arrojarían la preocupante suma de 300 familias sin una casa que habitar.

Hay un modus operandi para llevar adelante la maniobra que presenta dos momentos: el primero, el simple y llano desalojo vía acción judicial; el segundo, el aumento del costo de vida. El referente y exlegislador porteño del Frente de Izquierda, Patricio Del Corro, lo explica en forma elocuente: “Lo que se busca es un desarrollo de la zona sur, no para los vecinos, sino para las gran-des empresas y los pulpos inmobiliarios”, dijo en contacto con Qué, y agregó: “A los vecinos se los desaloja violentamente o mediante una expulsión económica que se hace aumentando los alquileres”.

Según los márgenes jurídicos, el ente encargado de articular soluciones con los sectores perjudicados es el IVC. La posta la tomó Gustavo Schneider, que se desempeñó como gerente de Créditos de dicho organismo hasta hace algunas semanas. Varias versiones indican que fue despedido, aunque desde el organismo que conduce Juan Ignacio Maquieyra lo niegan. Otro que atendía reclamos vecinales y ponía en marcha algunas soluciones era Pablo Roviralta, extitular del IVC, antecesor de Maquieyra. Dicen desde el Gobierno que renunció en agosto “por cuestiones personales”, aunque fuentes del área indicaron que se alejó por sus diferencias con Larreta, ya que “hacía la suya y no acataba órdenes”. Hoy, hay decenas de familias que aguardan por un guiño difícil del Gobierno, y que ya preparan las valijas para un desalojo inevitable.

LA NOTA COMPLETA, EN LA EDICIÓN #125 DE REVISTA QUÉ

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