Revista Qué

10 Jun 2015 | Dilemas de gestion

El almacén de Macri

La mayoría de los informes elaborados por la Auditoría General de la Ciudad revelaron la informalidad de la gestión en la administración diaria del gobierno. Falta de manuales, cuentas que no cierran, pagos por fuera de licitaciones y negativas para responder algunos informes, las críticas centrales.

Todos los días, alrededor de las tres de la tarde, el ex presidente Nestór Kirchner recibía las cifras de recaudación del día. El las anotaba en una libreta común y corriente. La anécdota, que en su momento fue motivo de carcajadas por su carácter informal, era una constante en reuniones de mandatarios.

Pero Kirchner no era el único que llevaba el registro de sus cuentas como un “almacenero de barrio”. Hace tiempo que la administración de Mauricio Macri recibe críticas por parte de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) sobre el manejo de fondos y temas relacionados con la gestión diaria.

macri almacenero

En un raconto que realizó Qué, sobre la base de los informes publicados desde enero, se determinó que en la mayoría de ellos hubo cinco observaciones que realizó el órgano auditor que se repitieron. Falta de manuales de procedimientos, pagos por fuera de licitaciones, tercerización de erogaciones, falta de registros y negativas para pedidos de informe.

La primera de ellas se repitió en casi todas las áreas y dependencias del Ejecutivo. La solicitud de ellos es una constante en los últimos diez años. El motivo principal es que, al no existir, lo que permiten es la discrecionalidad a la hora de la rendición de cuentas.

Varios de los ministerios y organismos descentralizados del gobierno presentaron tal inconveniente en los documentos que analizaron el rendimiento durante 2013, según los informes.

Pero la falta de manuales no sólo se aplica al factor económico de la administración diaria. La inexistencia de protocolos repercute, según las conclusiones de varios documentos de la AGCBA, en el funcionamiento de diversos programas. Un ejemplo es el del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). En la primera auditoría en 15 años, a la que tuvo acceso Qué y publicó antes de su divulgación, lo que encontró el cuerpo de auditores era la falta de creación de registros de personal médico para prestar el servicio de forma regular.

Otro de los ejemplos de esta rama que se reveló en el área de salud corresponde a la subsecretaría de Administración del Sistema de Salud.

“Existen algunas falencias en cuestiones de formalización de procedimientos propios y de cumplimiento de disposiciones de registro de copyright y de bases de datos”, fue una de las conclusiones del documento. “La irregularidad que se repite en la mayoría de las auditorías es la falta de protocolos. Esto tiene que ver con darle un mayor carácter formal”, explicó uno de los auditores generales, Facundo del Gaiso.

Gastos por fuera

Uno de los puntos sobresalientes en varias de las presentaciones son los gastos que se erogan por fuera de las licitaciones. Por ejemplo, en el programa “Espacios Verdes” que llevó a cabo el ministerio de Ambiente y Espacio Público durante 2013. Además del aumento presupuestal, como consecuencia de las obras del Metrobus, hubo otra “anomalía”: una serie de pagos por más de 10 millones de pesos a empresas que no se encontraban incluidas en la licitación original, y que tampoco lo estuvieron en las prórrogas. El presupuesto inicial del pliego fue de $ 306.112.125,2631, que luego se aumentó en un 41% lo que lo llevó hasta $ 433.941.993,06.

La explicación oficial fue que se debió a las obras del Metrobus 9 de Julio. No obstante ello, se trató de una práctica no contemplada en el sistema de contrataciones. Una situación similar se repitió en el informe sobre la dirección de Eventos Culturales. Al revisar los estados contables, los auditores hallaron un pago de $ 600.000 por fuera del acuerdo de licitación. Sin embargo esto no terminó allí. Ese monto tuvo un intermediario entre el gobierno y la empresa que debía cobrarlo, es decir, se tercerizó.

Según el documento de la AGCBA, dos fueron las cláusulas del convenio con la automotriz Fiat que violaron la ley. La primera fue la cesión de uso de una flota de vehículos de gama media o alta, a convenir entre las partes según las necesidades operativas del festival; y la segunda constó en “abonar, antes del 30 de mayo del año en curso, bienes y servicios inherentes al desarrollo de dichos festivales por la suma $ 600.000 mediante el sistema de tercerización de pagos de proveedores del GCABA a la empresa SIBERIA SA”, según consta en el expediente.

Esta situación llevó a los auditores a concluir que ese tipo de convenios “exponen diversos riesgos que van desde la falta de transparencia y legalidad en la adquisición de bienes y servicios, a la potencial imposibilidad de cumplir con las acciones programadas”.

Uno de los argumentos que esgrimieron los auditores es la inexistencia de un marco de tercerización de contrataciones por parte del gobierno de la Ciudad.

En ese mismo trabajo, se advirtió que los datos administrativos y financieros de los regímenes de adquisición de bienes y servicios “surgen desvíos significativos entre el destino efectivo del gasto y su imputación presupuestaria”.

En el ministerio de Cultura también se encontró la mencionada irregularidad. Según los técnicos de la AGCBA, “no se encuentran justificadas las modificaciones presupuestarias”, en relación al ejercicio 2013. Las irregularidades encontradas por la tercerización del pago fueron denunciadas por el ente en la Procuración General de la Ciudad, a cargo de Julio Marcelo Conte Grand. Este organismo judicial es el encargado de recibir y darle curso a los informes que denuncien la existencia de anomalías en las cuentas del gobierno.

¿Qué hace la AGCBA?

La Auditoría se encuentra compuesta por siete auditores generales. Tres por el oficialismo y cuatro por la oposición. Todos son designados por la Legislatura porteña y guardan relación con la composición de las fuerzas durante el año de la elección ejecutiva. A diferencia de lo que sucede con la Auditoría General de la Nación, que en los últimos meses se vio envuelva en varias disputas internas por la aprobación de informes, el órgano de la Ciudad no sufre de esa falencia. “Esto pasa porque la oposición somos mayoría, si no la situación sería diferente”, explicó Del Gaiso.

Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Para evitar conclusiones más duras, el gobierno corrige algunas de las irregularidades durante el proceso de auditoría. Esto se debe a que mientras se encuentre abierto, se pueden realizar todas las modificaciones pertinentes.

Dinero sin control

La rendición de las cuentas de la Administración de Macri tampoco estuvieron exentas de críticas. El estudio sobre el estado del Flujo de Dinero en efectivo, un documento de unas 80 páginas de extensión al que tuvo acceso Qué, tiene una conclusión contundente.

“Sobre la base de los procedimientos de auditoría realizados, se concluye que esta auditoría no pudo determinar la integridad y confiabilidad de las cifras y registros que integran el flujo de dinero en efectivo”.

Otra particularidad es que toda deuda es depositada en una misma cuenta, la Cuenta Unica del Tesoro, por lo que no hay control efectivo sobre su uso. Letras públicas y préstamos de organismos internacionales confluyen en una misma caja sin discriminación alguna. Tampoco se tiene el detalle de cuántas cuentas que manejan efectivo posee la Ciudad. Según una elaboración propia del ente auditor, en el Banco Ciudad, la administración macrista registra a su nombre 1.599 cuentas corrientes y 7 cajas de ahorro en moneda extranjera -dólares-.

En la cartera de Hacienda no tienen registro alguno sobre ellas. A eso se le sumaron otras irregularidades. Hay diversas sumas de dinero de las que se desconoce el área a la que pertenecen. Por ejemplo, durante el ejercicio de 2012, la administración macrista tuvo, exactamente, $ 1.098.042.766 en concepto de ingresos en efectivo de los cuales no se tiene registro alguno, según denunció la auditoría, sobre su destino. Otro dato a destacar es que durante 2012 el gobierno sextuplicó la cantidad de dinero que se encuentra en cuentas corrientes con saldos deudores.

De $ 278.020.563 pasó a $ 1.358.049.759. Algunas de las cajas con descubiertos no saldados datan de 1998. Otra medida que respaldó esa acción fue la resolución N° 1274/MHGCG/12 por la que se dispuso el pago adelantado a contratistas y proveedores para lograr una quita de hasta el 30% en el precio final. La norma, que se publicó en el Boletín Oficial, dictamina en su artículo primero que dicha acción se aplicara a “las obras o servicios del monto adjudicado o pendiente de ejecución o prestación”.

Las ganancias, aunque muchos afirman que en realidad se perdió dinero, no se encuentran discriminadas como tales, sino que son presupuestadas como impuestos, debido a que se las califica como “Renta de la Propiedad”.

Ese dinero, sumado al que ingresó por préstamos y bonos se depositó en una sola cuenta, única y en dólares, lo que según los auditores, dificultó su rendición debido a que no se tienen especificaciones. La mayoría de los gastos por las obras de extensión o mantenimiento de la red de subterráneos tampoco se encuentran exentos. También hay fondos de los cuales se desconoce su procedencia como la dependencia a la que corresponden. Es el caso de la cuenta contable N° 1.1.1.01.0001, denominada “Fondo Fijo de Efectivo”, con un saldo de $ 92.849. La AGCBA no pudo corroborar a los responsables de la administración.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 35 DE REVISTA QUÉ.

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